Hubo una frase de Alfredo Cornejo, pronunciada casi al pasar durante la inauguración del nuevo Espacio Costanera de Mendoza una semana atrás, que acaso merezca una atención mayor a la que recibió en el momento. El gobernador cuestionó públicamente las demoras de una obra que demandó varios años y apuntó directamente a Mauricio Badaloni, referente de la empresa responsable de la concesión y remodelación.

El episodio pudo haber quedado reducido a una anécdota vinculada con la ejecución de una obra en manos de un privado al que se le concedió el negocio de la terminal con condiciones, entre ellas su remozamiento tras más de 40 años sin intervenciones. Los trabajos de modernización debían cumplirse en un par de años, pero se extendieron por casi diez. Pasaron cosas, diría alguien. Sin embargo, detrás de aquella observación se insinuó algo más profundo: una creciente incomodidad del Gobierno provincial con una parte del empresariado mendocino del que esperaban una respuesta en inversiones proporcional al esfuerzo que el Estado ha hecho.

En la Casa de Gobierno se apresuran a aclarar que no se trata de una crítica dirigida al conjunto del sector privado. Pero admiten, incluso en conversaciones reservadas, una cierta decepción con la respuesta empresarial frente a las transformaciones que la provincia viene impulsando desde hace más de una década. Desde 2015 hasta aquí, argumentan, Mendoza avanzó en un proceso sostenido de reformas administrativas, reducción de impuestos, equilibrio fiscal, modernización del Estado y promoción de inversiones. Reconocen, desde luego, que el esfuerzo pudo haber sido más profundo, pero sostienen que esperaban una reacción más decidida del sector privado, particularmente de sus actores más relevantes.

La discusión no es nueva. Lo que resulta algo novedoso, o raro tal vez, que haya comenzado a exteriorizarse. Son expresiones del hastío, algo de impotencia y mucha molestia porque la economía debió haberse movido con más rapidez y resultados que lo que lo ha hecho, en verdad.

En rigor, lo que aparece cada vez con mayor claridad es la existencia de dos velocidades empresarias en Mendoza. Dos realidades que conviven, se cruzan y, a veces, hasta se observan con cierta desconfianza mutua.

Por un lado, se encuentra el empresariado de mayor escala, el más visible, el que posee capacidad de interlocución política y presencia pública, pero que históricamente ha desarrollado buena parte de su actividad alrededor de la obra pública, las concesiones estatales y las grandes licitaciones. Es un universo relativamente pequeño, integrado por unas pocas decenas de empresas que concentran buena parte de los grandes contratos provinciales.

El caso más evidente es el de las obras financiadas con los recursos del resarcimiento por la Promoción Industrial. De los poco más de mil millones de dólares disponibles para infraestructura, cerca del 60 por ciento de los montos adjudicados se concentra en dos empresas constructoras: Ceosa (40 por ciento) y Cartellone (20 por ciento). El restante 40 por ciento del total se distribuye entre unas veinticinco firmas y uniones transitorias de empresas que participan de proyectos viales, de agua y saneamiento, energéticos y turísticos.

En el Gobierno no cuestionan esa concentración. Por el contrario, destacan que la competencia entre las empresas ha permitido reducir en torno al 15 por ciento el costo promedio respecto de los presupuestos originales. Tampoco objetan que las grandes compañías absorban parte de la actividad de las pequeñas, bajo la lógica de un mercado competitivo. Señalan, además, que esas empresas terminan subcontratando a numerosos actores menores, derramando parte de la actividad.

La observación oficial pasa por otro lado. Un interrogante en voz alta es cuántas de esas grandes empresas estarían dispuestas a emprender inversiones significativas bajo riesgo estrictamente privado, sin la cobertura ni el acompañamiento del Estado.

Del otro lado aparece una Mendoza empresaria mucho menos visible, aunque probablemente más representativa del entramado productivo provincial. Son miles de pequeñas y medianas empresas que no cuentan con cámaras poderosas ni con capacidad de presión política relevante, pero que continúan sosteniendo buena parte del empleo privado, de la producción y de la actividad económica local.

Los datos oficiales muestran que durante 2024 alrededor de nueve mil empresas mendocinas accedieron a financiamiento del Banco Nación por más de 40 mil millones de pesos para sostener inversiones, capital de trabajo y expansión productiva. Se trata, en gran medida, de firmas que operan en un contexto de consumo deprimido, caída de actividad e incertidumbre económica, pero que, aun así, continúan apostando por permanecer y crecer.

Es también este universo el que explica otra particularidad de Mendoza respecto de otras economías regionales. Más de setecientas empresas participan actualmente del proceso exportador provincial, una cifra que, pese al retroceso acumulado durante la última década, continúa reflejando una diversidad económica poco frecuente en la Argentina.

La comparación regional resulta interesante. San Juan, impulsada fundamentalmente por la minería, y Neuquén, traccionada por el petróleo y el gas, exhiben estructuras exportadoras mucho más concentradas. Mendoza, en cambio, continúa apoyándose en un entramado más amplio, más diverso y también más disperso.

Quizás allí radique parte de la explicación de la aparente contradicción que molesta como una piedra en el zapato a la porción del poder político que está gobernando, precisamente. Mientras el empresariado más visible aguarda la llegada de grandes oportunidades de inversión asociadas a la obra pública, la minería o los proyectos de gran escala, miles de pequeñas empresas continúan haciendo aquello que han hecho históricamente: tomar crédito, producir, exportar, contratar y sobrevivir.

¿Cuánto tiempo más puede permitirse la provincia esperar a que el gran empresariado privado termine de responder a las condiciones que el propio Estado asegura haber construido durante la última década? ¿Cuál es el compromiso que los grandes empresarios considerados así, en esa proporción para Mendoza, tienen para con la provincia? ¿Lo tienen acaso?

Hay otro pensamiento, más inquietante y es si Mendoza no ha estado observando durante demasiado tiempo al empresariado equivocado cuando intenta medir la verdadera vitalidad de su economía