Ángeles Naveyra, moderadora por la Fundación Barbechando; Carlos Uranga (SRA), Andrea Sarnari (FAA), Lucas Magnano (Coninagro) y Carlos Castagnani (CRA) – Marcelo Manera – LA NACION
En Acsoja 2026 reclamó menos presión fiscal, más infraestructura y rechazó la norma europea de deforestación.
ROSARIO.- La Mesa de Enlace volvió a poner en el centro la presión impositiva sobre el agro y reclamó avanzar hacia la eliminación de las retenciones, en una señal de malestar que atraviesa a toda la cadena sojera. En el seminario Acsoja 2026, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los dirigentes de las cuatro entidades rurales coincidieron en que recuperar rentabilidad es clave para producir más, invertir en tecnología y sostener la competitividad. También cuestionaron las tasas provinciales y municipales, pidieron obras de infraestructura y rechazaron la regulación ambiental de la Unión Europea por considerarla una barrera comercial.
“Las retenciones siguen siendo el peor de los impuestos. Es un impuesto distorsivo, es regresivo y es de uso discrecional por el Estado nacional”, sostuvo Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA). Dijo que ese tributo limita la reinversión porque “al final del día la rentabilidad es mínima o nula y, sin embargo, las retenciones las seguimos pagando”. Además, remarcó que “el desafío no es solo crecer en volumen de producción; el desafío es hacerlo con más productores y que los productores podamos seguir estando en el campo trabajando”.
Carlos Uranga, directivo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), coincidió en que la estabilidad macroeconómica abre una oportunidad para el agro, aunque advirtió que ahora el desafío pasa por recuperar superficie sembrada con soja, aumentar la inversión, incorporar más tecnología y mejorar la productividad mediante una mayor reposición de nutrientes y el cuidado de los suelos. “Este tema de los derechos de exportación nos quita competitividad y nos transforma en los subsidiarios, si quieren, de países como Brasil”, afirmó.
Los dirigentes también coincidieron en que la presión fiscal no se agota en las retenciones. Señalaron que existen otros impuestos nacionales, provinciales y municipales que también afectan la rentabilidad y frenan la inversión.
Uranga enumeró el impuesto al cheque, Ingresos Brutos, el inmobiliario rural y las tasas municipales. Para mostrar esa realidad, Sarnari contó su caso: “Yo pago más de tasa vial que de impuesto inmobiliario. Y no tengo camino. No hicieron un camino en 30 años”.
Lucas Magnano, presidente de Coninagro, sostuvo que los problemas de competitividad van más allá de las retenciones y aseguró que la infraestructura y la logística siguen siendo una deuda pendiente. “La Argentina es un país demasiado extenso. Hay lugares alejados del puerto que producen mucho volumen y sinceramente es un despropósito transportarlo por sobre las rutas”, señaló. También pidió avanzar con un sistema ferroviario que permita bajar costos y sostuvo que el productor debería volver a recibir “el precio lleno de todos los granos y de todos los productos que produce”, porque eso se traduciría en más fertilización, incorporación de tecnología e inversiones.
Para Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la baja de impuestos debe ir acompañada por mejoras en infraestructura y menos burocracia. “Los trámites burocráticos a veces son impuestos encubiertos, porque demorarse en realizar una gestión también tiene un costo innecesario”, sostuvo.
Consideró que el mal estado de los caminos rurales no solo aumenta los costos de producción, sino que también complica la vida cotidiana de quienes viven en el interior. Como síntesis del ánimo que perciben en el sector, Castagnani aseguró que los productores están listos para responder con más producción si se generan las condiciones adecuadas. “Estamos en la gatera; necesitamos que le pongan la bandera de largada”, expresó.
Los dirigentes también remarcaron la necesidad de avanzar con una nueva ley de biocombustibles, al considerar que permitiría agregar valor a la producción agropecuaria, generar nuevas inversiones y ampliar la demanda de granos. Uranga sostuvo que “la bioeconomía y los biocombustibles son una enorme oportunidad para la Argentina” y consideró que el país “tiene que dejar de exportar solamente granos para transformar cada vez más esa producción en origen”. Según señaló, avanzar en ese camino permitiría generar más empleo, inversiones y desarrollo en el interior.
Otro de los temas en los que hubo coincidencias fue el reglamento europeo sobre deforestación (EUDR). Los cuatro dirigentes consideraron que se trata de una barrera comercial y advirtieron que la Argentina deberá seguir negociando para evitar que afecte las exportaciones.
“Consideramos que es una medida paraarancelaria”, afirmó Sarnari. Recordó que las entidades trabajaron junto con la Cancillería para conseguir la prórroga de la norma y sostuvo que ese trabajo debe continuar. “Podemos optar por quedarnos afuera del mercado o podemos optar por buscar los canales para ingresar al mismo”, dijo.
Uranga también cuestionó la normativa y aseguró que las entidades siguen trabajando para lograr una nueva postergación. “Nos oponemos a la 1115, que nos parece que es un despropósito”, afirmó. Agregó que, si finalmente entra en vigencia, “el costo de cumplir con esa normativa no lo puede pagar el productor”.
Castagnani sostuvo que la Unión Europea busca imponer requisitos que muchas veces no reflejan la realidad productiva argentina. Magnano coincidió en que esas exigencias terminarán funcionando como una condición adicional para acceder a ese mercado, aunque remarcó: “No podemos permitir que nos impongan condiciones que después no les exigen a otros países competidores. La Argentina está en condiciones de demostrar cómo produce y la sustentabilidad de sus sistemas productivos”