El Senado de Santa Fe vuelve a la carga con el proyecto para prohibir la actividad de los cuidacoches

La discusión sobre el futuro de los cuidacoches en Santa Fe volverá a escena este jueves en la Legislatura provincial. El Senado tratará el proyecto que modifica el Código de Convivencia y todo indica que insistirá con el texto que aprobó en marzo, rechazando las modificaciones incorporadas posteriormente por la Cámara de Diputados.

La iniciativa, impulsada por el senador Ciro Seisas y acompañada por el Gobierno provincial, proponía prohibir la actividad de los cuidacoches en los lugares donde no esté autorizada. Sin embargo, Diputados reformuló el proyecto y limitó las sanciones a los casos en los que exista intimidación, amenazas o exigencia de dinero, siempre que la actividad se desarrolle en sitios donde una ordenanza municipal la prohíba.

En diálogo con Rosario3, Seisas adelantó que la intención del Senado es ratificar la media sanción original, al considerar que los cambios introducidos modifican el espíritu de la ley.

«Quedó redactado de una manera en que tenés que demostrar que hay intimidación o amenaza», cuestionó el legislador, quien entiende que el nuevo texto dificulta la aplicación de la norma.

Dos proyectos con enfoques diferentes

La principal diferencia entre ambas versiones radica en el alcance de la prohibición.

El proyecto aprobado inicialmente por el Senado sanciona el solo hecho de ofrecer o exigir dinero por cuidar, estacionar, lavar o limpiar vehículos en la vía pública, cuando esa actividad no esté autorizada por la normativa local.

Las sanciones previstas incluyen trabajos comunitarios, prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la infracción y arresto en casos de reincidencia, con penas más severas cuando existan amenazas, violencia, organización de grupos o cuando la actividad se desarrolle en zonas sensibles como escuelas, bancos, hospitales, eventos masivos o áreas de estacionamiento medido.

En cambio, la versión aprobada por Diputados elimina la prohibición general y centra las sanciones exclusivamente en conductas intimidatorias o coercitivas, dejando además en manos de cada municipio la decisión de autorizar, regular o prohibir la actividad mediante ordenanzas.

El rol de los municipios y el abordaje social

El texto que llegó desde Diputados también otorga un mayor protagonismo a los gobiernos locales.

La acción contravencional quedaría a cargo de los municipios, que además podrán solicitar intervención policial para cesar la actividad cuando corresponda.

Otro de los cambios incorporados fue un capítulo de inclusión social, que obliga al Poder Ejecutivo provincial a implementar programas de capacitación laboral, formación en oficios y asistencia para personas que actualmente desarrollan esta actividad, incluyendo políticas vinculadas a salud mental y consumos problemáticos. También invita a los municipios a avanzar con iniciativas similares.

Además, la Cámara baja agregó la creación de dos nuevos cargos de jueces de primera instancia, uno en Rosario y otro en la ciudad de Santa Fe, una incorporación que generó cuestionamientos de sectores de la oposición por considerar que excede el objeto de la ley.

«La ley sola no resolverá el problema»

Más allá de defender la versión original del proyecto, Seisas advirtió que la eventual sanción de la norma no implicará una solución inmediata al conflicto.

«Hay que ser cautos: si la ley se aprueba, de ninguna manera viene a resolver 30 años de problemas con una norma de siete artículos», afirmó.

El senador sostuvo que, una vez aprobada la ley, será necesario coordinar acciones entre la Provincia y los municipios para implementar controles y avanzar en procesos de inclusión donde sea posible.

Finalmente, resumió el objetivo de la iniciativa con ejemplos cotidianos: «Solamente cuando lleguemos al día en que vayas a un recital y no te cobren, vayas a la cancha y no te aprieten o pares en un semáforo y no intimiden a hombres y mujeres, vamos a poder decir que empezamos a arreglar el tema»