A casi 23 días de haberse ejecutado los embargos por deudas correspondientes a tasas municipales, el damnificado decidió avanzar judicialmente contra la Municipalidad al considerar «rapiditos para cobrar» «lerdos para devolver» y sin respuestas a los reclamos administrativos presentados para el levantamiento de las medidas.
Según manifestaron luego de solicitar la el levantamiento de los embargos sin obtener una solución, resolvieron intimar y promover una demanda por daños y perjuicios económicos contra el municipio. «quien debe terminar con esto es el juez de paz de Concordia» aseguraron Quien interviene en la causa y permitio la «embestida» ya que en distintas oportunidades se le fue a golpear las puertas de si oficina.
Ademas siguen sin comprenden por qué, pese a haber cancelado las obligaciones reclamadas, las medidas cautelares continúan vigentes, cuestionan el procedimiento llevado adelante y plantean interrogantes sobre la intervención de las distintas áreas responsables del proceso y la lentitud de la burocracia.
En ese contexto, también remarcan que el bloque de concejales de Juntos por el Cambio había solicitado explicaciones al Departamento Ejecutivo sobre la situación que entienden desmedida, desproporcionada e improcedente. Sin embargo, afirman que el intendente no brindó hasta ahora respuesta alguna,ni a los ediles ni a los damnificados realizados desde la oposición.
Vale recordar a los lectores que la deuda por tasas municipales fue abonada el día 10, incluyendo honorarios profesionales que, según sostienen, cuadruplicaban el monto original de la deuda y que dos días después ejecutaron un embargo al cotitular, intimación previa nunca fue notificada de manera personal al titular del inmueble ni a su conviviente.
El caso llego a las mismas autoridades provinciales, entre ellos el gobernador, el Ministro de Gobierno y Trabajo, funcionarios de esa cartera y al mismisimo secretario de Justicia de la provincia, con el objetivo de que se analice lo sucedido y se adopten las medidas que correspondan.
¿Habrá más tela para cortar?
Lejos de darse por concluido, el conflicto suma nuevos interrogantes. Los damnificados sostienen que, pese a haber presentado la documentación correspondiente para el levantamiento de los embargos, el trámite continúa sin resolución, situación que –afirman– les sigue ocasionando perjuicios económicos.
Según relataron, en las últimas horas volvieron a solicitar al Juez que se agilice el libramiento del oficio para dejar sin efecto las medidas cautelares. De acuerdo con su versión, la demora resulta «innecesaria» y continúa afectando tanto al titular de la deuda como a las demás personas alcanzadas por los embargos.
Pero ademas plantean una serie de interrogantes que, hasta el momento, aseguran no haber logrado responder: ¿por qué se mantuvieron las medidas de embargo sobre cuentas bancarias y cuentas sueldo incluso después de haberse cancelado la deuda? ¿Cuál fue la actuación de las autoridades municipales y de los profesionales intervinientes en el expediente? ¿Por qué, según sostienen, no hubo explicaciones públicas por parte del Ejecutivo municipal?
Nuevos planteos y cuestionamientos
En paralelo a la demanda contra la Municipalidad de La Criolla, uno de los damnificados, docente del sistema educativo provincial, elevó una presentación ante el Consejo General de Educación (CGE) para solicitar explicaciones sobre el procedimiento mediante el cual se concretó el embargo de su cuenta sueldo.
Según explicó, el objetivo de la consulta fue determinar por qué la medida se ejecutó sin que, a su entender, mediara una notificación previa a su empleador, teniendo en cuenta que el domicilio laboral y particular constan en los registros oficiales. El reclamante aseguró que aguarda una respuesta formal del organismo, la cual considera relevante para esclarecer el circuito administrativo seguido en el expediente.
El contribuyente señaló que también realizó averiguaciones ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), donde constató la existencia de una deuda por impuestos provinciales correspondiente al inmueble, originada —según indicó— entre los años 2017 y 2023, es decir, con anterioridad a la adquisición del terreno y planteó:Esa deuda nunca derivó en un embargo sobre un cuenta sueldo o bienes del antiguo dueño? (No le consta) circunstancia que lo llevó a preguntarse por qué el procedimiento aplicado en el caso de las tasas municipales fue diferente y porque si se aplicó con celeridad la medida a un docente y un cuidador domiciliario.
Estas diferencias en los mecanismos de ejecución forman parte de los argumentos que los demandantes incorporarán a la acción judicial iniciada contra la Municipalidad de es, al considerar que sufrieron perjuicios económicos derivados del embargo.
Cuentan por otro lado con más vecinos que han recibido el mismo tratamiento y que se están organizando para presentar ante la justicia a lo que ellos entienden «medidas administrativas y judiciales dudosas en su proceder» Desde el conocimiento del ejecutivo, el ejercicio de sus letrados y las aprobaciones de los jueces «