Con 34 votos afirmativos y el respaldo de todos los bloques políticos, la Cámara de Diputados de San Juan rechazó la ley impulsada por La Rioja que cuestiona los límites interprovinciales. La declaración reafirma la defensa de la soberanía territorial sanjuanina y la validez de los acuerdos históricos vigentes desde 1968.
En el marco de la Quinta Sesión Ordinaria, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves una declaración de repudio contra el accionar del Gobierno de La Rioja, tras la sanción de una ley en la vecina provincia que cuestiona los límites interprovinciales históricos. La jornada legislativa estuvo marcada por una tensa negociación previa que demoró el inicio del debate hasta alcanzar los consensos necesarios para tratar el tema sobre tablas.
Consenso y demora en el recinto
Aunque la sesión estaba programada para las 9:30, el inicio se postergó hasta cerca de las 11:00. Esta demora respondió a las intensas negociaciones entre los distintos bloques parlamentarios para unificar posturas y asegurar la incorporación del proyecto al orden del día. Finalmente, la iniciativa fue presentada sobre tablas, lo que permitió su tratamiento directo en el recinto sin pasar por comisiones.
El respaldo del bloque del Partido Justicialista (PJ) resultó determinante para mostrar un frente institucional unido. La votación reflejó esta cohesión política con un resultado de 34 votos positivos, ningún voto negativo y ninguna abstención.
El origen del conflicto
La reacción sanjuanina surge como respuesta a una ley impulsada por el gobernador riojano Ricardo Quintela, aprobada hace apenas seis días, mediante la cual La Rioja reafirma derechos sobre territorios bajo jurisdicción de San Juan, incluyendo sectores estratégicos vinculados al Parque Provincial Ischigualasto.
El diputado Juan de la Cruz Córdoba, presidente del bloque Producción y Trabajo, calificó la medida riojana como «preocupante» y señaló que genera incertidumbre sobre temas que estaban «zanjados y consolidados hace ya casi 60 años». Según explicó el legislador, los límites actuales se definieron en un convenio de 1968, ratificado por la Ley Nacional 18.004 y consolidado en el digesto jurídico nacional.
Una postura institucional firme
Desde el Ejecutivo provincial, el gobernador Marcelo Orrego ya había adelantado su rechazo, sentenciando: «No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro». Los legisladores coincidieron en la necesidad de dejar sentada una postura institucional frente a lo que consideran un avance sobre recursos naturales y turísticos que pertenecen pacíficamente a San Juan.
Con esta declaración, la Legislatura no solo ratifica la defensa de la integridad territorial sanjuanina, sino que también respalda la validez de las normativas nacionales que desde hace décadas otorgan jurisdicción a San Juan sobre zonas emblemáticas como el Valle de la Luna y el Cerro El Potro