La reciente flexibilización del Régimen de Inversiones Mineras impulsada por el Gobierno nacional introdujo un cambio que podría tener un impacto importante en el desarrollo de los grandes proyectos: la ampliación del límite de integración regional de 200 a 500 kilómetros. Según explicó la abogada especializada en minería Jimena Daneri, la modificación no perjudica a San Juan y, por el contrario, facilita la ejecución de emprendimientos complejos sin que pierdan los beneficios fiscales previstos por la ley.
La especialista recordó en Todos Vivos (de lunes a viernes a partir de las 12:00) que la Ley de Inversiones Mineras, vigente desde la década de 1990, fue creada para fomentar una actividad que requiere enormes desembolsos de capital, principalmente provenientes del exterior. Entre otros incentivos, la normativa garantiza estabilidad tributaria por 30 años, contempla mecanismos de devolución del IVA y beneficios vinculados a las inversiones realizadas en las etapas de prospección y exploración.
Sin embargo, con el paso del tiempo el sistema se volvió cada vez más burocrático. Por ello, el Gobierno nacional decidió reemplazar la reglamentación vigente desde los años noventa mediante el decreto 482/2026, una norma que apunta a simplificar trámites y adaptarse a la lógica de desregulación impulsada por la actual gestión.
Uno de los cambios más relevantes es el referido a la integración regional. Daneri explicó que anteriormente los beneficios contemplados por la ley se mantenían solamente dentro de un radio de aproximadamente 200 kilómetros entre el lugar de extracción y la planta de procesamiento. Cuando esa distancia era mayor, las empresas debían solicitar autorizaciones especiales para no perder las ventajas del régimen.
Con la nueva reglamentación, ese límite se amplió hasta los 500 kilómetros. Esto significa que los proyectos podrán distribuir sus instalaciones en un área mucho más extensa sin resignar los beneficios fiscales. “Te facilita el transporte y todo el proceso productivo entre la mina y la planta de tratamiento”, sostuvo la especialista.
En medio del debate que generó la medida en San Juan y las especulaciones sobre proyectos como Vicuña y la cercanía con La Rioja, Daneri consideró que no deben mezclarse los conceptos. Explicó que una cosa es la localización de un proyecto y otra muy distinta son los beneficios que otorga la Ley de Inversiones Mineras.
En ese sentido, señaló que un emprendimiento puede abarcar una sola provincia, extenderse entre dos jurisdicciones o incluso desarrollarse entre dos países, como sucedía con Pascua Lama entre Argentina y Chile. Lo que cambia son los permisos y las autorizaciones necesarias, pero no la posibilidad de concretarlo.
Por eso, consideró que la ampliación a 500 kilómetros es una medida positiva. Incluso planteó un ejemplo teórico con Vicuña y señaló que, si parte de las instalaciones se ubicaran en La Rioja, igualmente podrían conservarse las ventajas previstas por la legislación minera gracias al nuevo alcance geográfico.
La abogada también aclaró que esta modificación no altera la definición de proveedor local, ya que esa cuestión está regulada por otros marcos normativos, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las leyes específicas que cada provincia dicte sobre la materia.
Por último, advirtió que el nuevo decreto todavía requerirá reglamentaciones complementarias para aclarar algunos aspectos, aunque sostuvo que, en líneas generales, la reforma representa una simplificación importante respecto del esquema anterior y una herramienta para hacer más competitiva la actividad minera argentina. (Canal 13, Sam Juan)