El gremio exige la urgente apertura de la mesa de negociación paritaria para discutir una recomposición salarial, tras cumplirse seis meses de congelamiento de los sueldos frente a una inflación que pulveriza el poder adquisitivo. Asimismo, reclaman el otorgamiento de las recategorizaciones, un derecho postergado desde que asumió la actual gestión provincial.
La protesta visibilizó además el profundo malestar por las condiciones laborales y las recientes trabas burocráticas implementadas por Leguizamón. Desde APEL denuncian que estas medidas —sumadas a circulares intimidatorias— configuran un escenario de hostigamiento y persecución sistemática contra los empleados, con el agravante de que la patronal, mantiene una postura de desconocimiento hacia la legitimidad de la conducción gremial electa.
Durante la manifestación en la calle, el secretario general, David Catrihuala acompañado por la secretaria adjunta, Layla Gironi y la comisión directiva, tomó la palabra frente a los afiliados y apuntó directamente contra la Presidencia de la Cámara. «Es lamentable la postura de enemistad que ha tomado el vicegobernador Leguizamón contra los trabajadores legislativos. No solo se ausentan a las convocatorias paritarias, sino que eligen la burocracia, el apriete y el hostigamiento antes que dar soluciones a las familias que sostienen este Poder Legislativo».
El reclamo contó con un importante acompañamiento de afiliados con el despliegue de banderas, bombos y olla popular, donde compartieron lentejas calientes para hacer frente a las bajas temperaturas, ratificando su permanencia en estado de alerta y movilización.
La manifestación legislativa no estuvo aislada. En un claro mensaje de fortaleza y solidaridad sectorial, se hicieron presentes en el lugar además de legisladores del oficialismo y la oposición, representantes de diversas entidades sindicales nucleadas en el Frente Sindical Santa Cruz. Entre ellos, acompañaron la jornada dirigentes y militantes de la Asociación Judiciales de Santa Cruz, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación del Personal de Organismos de Control (A.P.O.C.), presencia que consolida un frente común contra la falta de respuestas en materia salarial y laboral, rechazadas por el conjunto de los trabajadores organizados de la provincia