Como informó InfoPlatense en noviembre, el cuerpo deliberativo autorizó la contratación de la empresa platense Danaide S.A. para un sistema integral de monitoreo basado en tecnología IP. La licitación contemplaba 400 nuevos puntos de captura con cámaras 4K y lectoras de patentes, conectados por fibra óptica.
El contrato, por 10.728 millones de pesos, implicaba un pago mensual de 298 millones. Sin embargo, pasaron los meses y, según el pedido presentado, no hay rastros de instalación, configuración ni puesta en funcionamiento del sistema.
Qué pide la oposición
El espacio político que impulsó la iniciativa quiere saber si la licitación está efectivamente adjudicada y si el Municipio firmó el contrato correspondiente. Además, reclama precisiones sobre si la empresa inició alguna tarea vinculada con la instalación.
Otro punto central tiene que ver con los fondos. El bloque opositor solicita conocer si el Ejecutivo realizó pagos o anticipos a la adjudicataria y cuál es el plazo estimado para que el servicio empiece a funcionar.
Asimismo, el pedido apunta a que el Municipio aclare si prevé mantener, modificar o directamente dejar sin efecto la contratación. «La falta de concreción de una contratación ya adjudicada genera incertidumbre respecto de su estado administrativo», sostiene el texto presentado en el Concejo.
Una demora que se suma al reclamo por inseguridad
Como ya advirtió InfoPlatense en una cobertura sobre la ola delictiva en distintos barrios de la ciudad, el plan de seguridad municipal viene mostrando límites frente al reclamo vecinal. En ese contexto, la falta de avance en un sistema de monitoreo ya aprobado y financiado alimenta las dudas sobre la ejecución real de las políticas de seguridad anunciadas.
Por otro lado, las 1.200 cámaras nuevas se iban a sumar a las 920 que ya funcionan en la ciudad. Por lo tanto, mientras la instalación no se concrete, el sistema de videovigilancia platense seguirá operando con la misma capacidad que tenía antes del anuncio.
El Ejecutivo todavía no respondió de manera pública al pedido de informes. En consecuencia, resta saber si la demora responde a trámites administrativos pendientes o a un problema con la empresa adjudicataria