De izquierda a derecha: Leandro Seoane, Juan Biset, Flavia Royón y Santiago Bulat, con la conducción de Florencia Barragán.
Por EconoJournal
Flavia Royón, ex secretaria de Minería y Energía de la Nación; Leandro Seoane, secretario de la Cámara Argentina de Construcción Modular e Industrializada (CACMI); Juan Biset, socio de Nicholson y Cano Abogados; y Santiago Bulat, economista y jefe de IDEA y socio de consulta Invecq Consulting, debatieron en el cuarto episodio de Aguas Arriba sobre el desarrollo de proveedores para la industria minera.
El disparador fue la importación de módulos habitacionales de la empresa PowerChina para el campamento minero de Vicuña, el proyecto de cobre más importante del país, con una inversión prevista de 18 mil millones de dólares. Aunque desde las mineras Lundin Mining y BHP afirmaron que se trataría de sólo el 25% del campamento final -por lo que habría nuevas licitaciones a futuro-, la decisión disparó las alarmas en la industria y preocupó a un sector que afirma no haber sido llamado a concursar, pese a asegurar que cuentan con capacidad instalada y precios competitivos.
Leandro Seoane, quien además de integrar CACMI es director de la empresa de construcción modular 4housing, explica que, al solo haber participado una empresa nacional en la licitación, no es posible ponderar la competitividad real de toda la oferta argentina respecto de la China, lo que abre interrogantes sobre cuáles son los criterios que finalmente pesan al momento de elegir proveedores internacionales por sobre los locales.
Juan Biset considera que a las grandes operadoras muchas veces “les gana la aversión al riesgo y la necesidad de apurarse”. Según el consultor, en proyectos mineros con este volumen de CAPEX, cada minuto cuenta y cada demora tiene un costo, por lo que “gana el ‘compremos a un proveedor que conozco porque bajo el riesgo y me aseguro de que estoy en plazos’”, explica.
Sin embargo, Seoane lo evalúa como una decisión apresurada e incluso riesgosa, teniendo en cuenta la complejidad técnica del terreno. Desde su rol en la CACMI se encuentra trabajando en un informe de capacidad instalada de alrededor de 60 empresas nacionales de construcción modular con el objetivo de demostrar la capacidad existente, suficiente para cubrir los requerimientos de escala de estos proyectos, con trayectoria demostrada en obra. “Yo estoy convencido de que, si nosotros terminamos de acreditar nuestra capacidad a las mineras y a todas las empresas que están por desarrollar proyectos con el RIGI, esto va a cambiar”, afirma.
El desafío de desarrollar proveedores locales
Más allá del caso Vicuña en particular, la preocupación radica en el precedente, ya que el proyecto cuprífero es uno de los primeros en acceder al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en minería y podría marcar una forma de trabajo a futuro en el incipiente mercado minero argentino.
Flavia Royón considera el acontecimiento como un llamado de atención para el sector en general, y recuerda que el RIGI ofrece beneficios fiscales a las empresas con la expectativa de que vuelva en forma de desarrollo de proveedores, mano de obra y generación de empleo.
Para la ex funcionaria no se trata de no importar, sino de hacerlo solo en los casos en los cuales la Argentina no produzca o no cuente con el know-how necesario. “Esto va mucho más allá de si la decisión fue acertada o no, sino de cuál es la foto que queremos, porque no estamos hablando de 100 proyectos, sino de oportunidades que se cuentan con los dedos de la mano”, sintetiza.
Biset coindice y profundiza: “Es una discusión sobre cómo va a ser percibida la minería que arranca”. Para el consultor, ese debate no es sólo una cuestión entre particulares ni una responsabilidad del área de compras del cliente, sino que el Estado debería operar como articulador para acercar la propuesta de los proveedores a las operadoras, mapeando a aquellas que cuenten con las capacidades necesarias para responder a las demandas en tiempo y forma. La decisión final será de la operadora pero, afirma Biset, como mínimo las empresas locales deberían participar del proceso.
Según los entrevistados, la solución de una articulación entre los actores sería superadora al compre local, el cual les quita competitividad a los proyectos, ya que obliga a las empresas a comprar productos que efectivamente podrían ser importados. “Los compres locales no lo son al 100%, hay un porcentaje que sí se habilita por diferentes cuestiones. Todo tiene que ser en el marco de una racionalidad y también de una visión compartida, construida en el sector público privado”, afirma Royón.
Los condicionantes para la competitividad
Por otro lado, Santiago Bulat advirtió que el debate no puede desligarse de las condiciones de competitividad que enfrenta hoy la industria argentina.
El economista sostuvo que muchas empresas operan con costos financieros superiores a los de sus competidores internacionales, una elevada carga tributaria y mayores dificultades para acceder al crédito, factores que terminan condicionando su capacidad para competir con proveedores del exterior.
En ese sentido, consideró que la discusión no debería centrarse exclusivamente en restringir las importaciones, sino en generar mecanismos que permitan fortalecer la oferta local. Como ejemplo mencionó la experiencia australiana, donde antes de contratar proveedores extranjeros las compañías realizan una búsqueda de alternativas nacionales y solo recurren al exterior cuando no existe una opción competitiva disponible.
Seoane asegura que el sector no tiene inconvenientes en asociarse con firmas extranjeras e, incluso, afirma haberlo hecho en varias oportunidades para afrontar desafíos técnicos que excedían las capacidades disponibles en el país.
El empresario coincide en que la participación del sector público como mediador podría ser una solución, y como representante de parte del sector industrial declara: “nosotros tenemos capacidad, tenemos conocimiento técnico y estamos tratando de armar una mesa de trabajo con las corporaciones. No pueden desconocer que existen empresas en Argentina. Quizá lo que falta en esta instancia es un espacio para exponer, generar confianza con las corporaciones y tratar de que aquí en adelante, de mínima, podamos participar”.
