La Cámara Minera salió a defender la “seguridad jurídica”
El pronunciamiento surge tras el proyecto legislativo que busca elevar las regalías mineras del 3% al 5% para nuevos emprendimientos en la provincia.
La Cámara Minera de San Juan (CMSJ) emitió un duro comunicado de prensa en el que manifestó su inquietud ante propuestas que puedan alterar el marco legal vigente. Bajo el título de «La Cámara Minera de San Juan defiende la seguridad jurídica como pilar del desarrollo», la institución remarcó que la estabilidad es un factor esencial para atraer y mantener las inversiones de gran escala que requiere el sector. Según la entidad, San Juan ha logrado consolidar una reputación de previsibilidad y respeto institucional a lo largo de décadas, permitiendo que la minería se convierta en uno de los motores económicos de la provincia.

El documento enfatiza que “la actividad minera requiere reglas claras y seguridad jurídica. Las inversiones que hoy se encuentran en distintas etapas de desarrollo demandan confianza en las instituciones y en la vigencia de los marcos legales que sustentan las decisiones de inversión”. Por este motivo, la Cámara hizo un llamado a la racionalidad y al diálogo institucional, advirtiendo que la oportunidad histórica de transformar a la provincia en un gran complejo exportador no debe verse empañada por disputas de orden político. En este sentido, señalaron que la generación de empleo de calidad y los beneficios económicos para el país dependen directamente de la vigencia de los marcos legales actuales.
Si bien el comunicado no menciona nombres propios, el reclamo se produce inmediatamente después de que ingresara a la Legislatura provincial un proyecto de ley impulsado por el diputado Franco Aranda. Dicha iniciativa propone habilitar un aumento de las regalías mineras, estableciendo un esquema progresivo que permitiría elevar la alícuota del actual 3% hasta un máximo del 5% en períodos de alta rentabilidad para las empresas. Este cambio se apoya en la reforma introducida por el Gobierno nacional a través del reciente Paquete Fiscal (Ley 27.743), que habilitó a las provincias a cobrar un porcentaje mayor solo en proyectos que no hayan iniciado la etapa de explotación.
Para la CMSJ, este tipo de discusiones representan un riesgo para la seguridad jurídica que San Juan ha construido como política de Estado. La cámara sostiene que la provincia se encuentra ante una posibilidad única de desarrollo que requiere evitar demoras innecesarias. Es por ello que cerraron dicho comunicado expresando que “la actividad minera que impulsa nuestra Cámara puede convertirse, dentro de poco, en un gran complejo exportador, generador de empleo y beneficios económicos para toda Argentina. Es una oportunidad histórica que no debe demorarse y empañarse por discusiones de orden político»