El Ministerio de Trabajo convocó a representantes de AOMA y de la empresa Newmont para exigir explicaciones por las irregularidades detectadas en el yacimiento Cerro Negro. La reunión apuntó a revisar las condiciones de seguridad laboral, el avance de las medidas correctivas y el cumplimiento de la Ley 90/10.
El encuentro se realizó luego de las inspecciones efectuadas entre el 21 y el 28 de mayo por equipos del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Energía y Minería. Esos controles detectaron irregularidades en materia de seguridad e higiene laboral, que derivaron en infracciones y en la apertura de sumarios administrativos.
La convocatoria tuvo como objetivo que la empresa informe qué medidas adoptó para corregir las falencias observadas en los lugares de trabajo. Desde la cartera laboral se busca determinar el grado de avance de las acciones correctivas y verificar si las condiciones laborales cumplen con los estándares exigidos por la normativa vigente.
La situación expone un punto central: la minera continúa bajo observación del Estado provincial por incumplimientos vinculados a la seguridad de los trabajadores. Las irregularidades detectadas no sólo involucran aspectos administrativos, sino también condiciones operativas y de higiene que impactan directamente en quienes cumplen funciones dentro del yacimiento.
Durante la reunión, el Gobierno remarcó la necesidad de que Newmont avance de manera urgente en la recomposición de los sectores observados. El planteo oficial fue que la empresa debe garantizar espacios de trabajo seguros, corregir los riesgos detectados y responder por las condiciones en las que se desarrolla la actividad minera.
El Ministerio de Trabajo también puso sobre la mesa el cumplimiento de la Ley 90/10, que establece la prioridad de la mano de obra santacruceña en las actividades productivas de la provincia. En ese marco, el Ejecutivo exigió a la operadora minera mayor compromiso con la contratación de trabajadores locales.
El Gobierno provincial sostiene que los recursos de Santa Cruz deben generar empleo para los santacruceños y que las empresas que operan en el territorio tienen la obligación de adecuarse a la normativa laboral vigente. Por ese motivo, la discusión con Newmont no se limita a la seguridad e higiene, sino que también alcanza a la composición de su planta laboral.
La cartera laboral continuará con los controles, inspecciones y seguimientos correspondientes para verificar el cumplimiento de las medidas exigidas. La empresa deberá presentar las respuestas y adecuaciones necesarias frente a las irregularidades detectadas.
Desde el Gobierno indicaron que el objetivo no es limitarse a la sanción administrativa, sino garantizar que la actividad minera se desarrolle con trabajadores seguros, condiciones laborales adecuadas y mayor participación de mano de obra local.
La reunión dejó en claro que Newmont deberá dar explicaciones y avanzar en correcciones concretas. Mientras tanto, la minera sigue bajo la lupa del Estado provincial por irregularidades laborales y por el cumplimiento pendiente de la Ley 90/10