El tribunal suspendió los efectos de las ordenanzas 2685/26 y 2687/26 hasta que se dicte sentencia definitiva.
El conflicto se originó cuando el Ejecutivo elevó al Deliberativo un proyecto para aprobar un aumento del 2,5% en el sueldo básico, en cumplimiento del acta paritaria firmada el 10 de marzo de 2026. El Concejo modificó ese proyecto excluyendo del incremento a la categoría 4 ingresante y a los funcionarios no alcanzados por la ley 14.656, y limitó además la facultad del Ejecutivo de otorgar bonificaciones. El intendente vetó la norma, pero el Concejo la reaprobó por insistencia mediante la Ordenanza 2687/26.
Este 12 de junio, la Suprema Corte admitió la denuncia, suspendió los efectos de ambas ordenanzas hasta la resolución definitiva del conflicto y corrió traslado al presidente del Concejo Deliberante por cinco días para que comparezca y conteste.
La resolución de la Corte representa un giro significativo en la disputa política local, ya que traslada el conflicto institucional al ámbito judicial y deja abierta una discusión de fondo sobre los límites de las atribuciones del Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo en materia presupuestaria, salarial y administrativa