Los vecinos de Villa La Angostura asistimos desde hace años a una sucesión inagotable de anuncios, presentaciones, conferencias de prensa y promesas.
Sin embargo, cuando se observan los hechos concretos, la realidad parece muy distinta.
El caso del Puente Correntoso es quizás uno de los ejemplos más visibles. Tras el desarme de la estructura histórica, se prometieron soluciones, obras y plazos que nunca llegaron a materializarse en la magnitud anunciada.
Han transcurrido más de tres años de gestión y los vecinos seguimos viendo más declaraciones que avances concretos. El patrimonio turístico, cultural y paisajístico de nuestra localidad merece algo más que renders, promesas y fotografías.
La misma preocupación surge respecto de la administración municipal. Mientras desde algunos sectores se intenta instalar la idea de una estructura estatal austera y eficiente, los propios presupuestos aprobados reflejan otra realidad. La planta municipal se habría incrementado en más de cincuenta (50) agentes, superando el diez por ciento de crecimiento (10%), sin considerar contrataciones bajo modalidades de monotributo u otras figuras. Los números son públicos y deberían ser explicados con transparencia.
La ciudadanía merece información veraz y no discursos que contradigan los documentos oficiales.
Otro tema que genera creciente malestar es la implementación de los radares de control de velocidad. La pregunta es simple: ¿están destinados a mejorar la seguridad vial o a recaudar? Si el objetivo es la prevención, corresponde que existan estadísticas públicas, estudios técnicos, informes de siniestralidad y rendiciones periódicas que permitan evaluar los resultados.
Si se recaudan millones de pesos mediante multas, la comunidad tiene derecho a conocer cuánto se recauda, cómo se distribuyen esos fondos y en qué se invierten. La transparencia no debería ser una opción, sino una obligación.
También resulta imprescindible debatir seriamente sobre los grandes desarrollos urbanísticos y proyectos inmobiliarios que avanzan en nuestra localidad. Casos como Lumaia y otras urbanizaciones plantean interrogantes legítimos sobre el efectivo cumplimiento de la normativa urbanística, la cesión de espacios verdes y reservas fiscales, y la protección del interés público.
Los espacios verdes y las reservas fiscales no pertenecen a ningún gobierno de turno: pertenecen a todos los vecinos.
Cuando se modifican, reducen o comprometen estos bienes públicos, corresponde preguntarse qué recibe la comunidad a cambio y cuál es la contraprestación concreta que justifica tales decisiones.
Finalmente, merece especial atención lo ocurrido con el predio del CEF, un espacio verde que durante años fue puesto en valor gracias al esfuerzo conjunto de instituciones, deportistas, vecinos y aportes privados.
Allí se logró desarrollar probablemente una de las mejores canchas de fútbol y rugby de Villa La Angostura.
Este tema sigue en el ámbito judicial, ya que lo que se rechazó fue el planteo de la medida cautelar de no innovar, pero de manera alguna se ha resuelto la cuestión de fondo.
Sin embargo, luego de años de anuncios sobre la importancia de preservar los espacios públicos recreativos, se intenta avanzar con la construcción de aproximadamente 5.000 metros cuadrados de infraestructura estatal provincial sobre un área concebida como pulmón verde de la localidad, que es absolutamente irreemplazable.
La contradicción resulta evidente: mientras se habla de sustentabilidad y protección ambiental, se promueven proyectos que afectan precisamente los espacios que deberían preservarse.
No se trata de estar a favor o en contra de una gestión política determinada. Se trata de algo mucho más simple y mucho más importante: exigir coherencia, transparencia y respeto por las normas.
O todo es negociado, oscuro y falto de transparencia.-
Los vecinos tenemos derecho a preguntar:
- ¿Qué ocurrió con las obras prometidas?
- ¿Por qué no podemos acceder a lo establecido en el POT (Plan de Desarrollo Territorial)?
- ¿Que ocurrirá con las ATT suspendidas sin sustento y criterio alguno? Hay un análisis previo y/o actual que sustente la decisión del Poder Ejecutivo Municipal?
- ¿Por qué crece el gasto político y la estructura estatal? cuando los servicios que brinda no se condicen con respuestas a temas concretos como por ej. Cambiar las bombitas del alumbrado público.
- ¿Cuánto recaudan los radares y dónde se destina ese dinero?
- ¿Se están respetando las normas urbanísticas vigentes?
- ¿Por qué se comprometen espacios verdes y reservas fiscales?
- ¿Por qué se utilizan espacios verdes para acopio de materiales, rollizos, contenedores, instalaciones de comercialización de productos, etc cuando son espacios intangibles?
- ¿Quién controla que el patrimonio público sea preservado para las futuras generaciones? En este caso, ¿Cuál sería el rol de la auditora? que parece mirar para otro lado cuando los números no cierran.
- ¿Cuál es el índice de cobrabilidad de las tasas municipales?
- ¿Cuántos inmuebles pagan tasas y cuantos no pero utilizan los servicios y podría establecerse un valor? (ejemplo loteos sociales de la MVLA y de IPVU)
- ¿Cómo es posible que el Poder Ejecutivo pretenda poner plazos al tempo de trabajo del Concejo Deliberante? Falta gestión política, dar información, rendir cuentas, planificación, etc Seria violar – nuevamente la Carta Orgánica Municipal, bajo la excusa de “mayor eficiencia”.
Una comunidad democrática se fortalece cuando sus ciudadanos preguntan, participan y exigen respuestas. El silencio, la indiferencia y la falta de control sólo favorecen que las decisiones trascendentes se tomen lejos de la mirada de quienes verdaderamente son los dueños de la ciudad: sus vecinos.
Villa La Angostura merece menos anuncios y más hechos. Menos relatos y más transparencia. Menos propaganda y más gestión.
Porque el futuro de nuestra localidad no pertenece a los funcionarios de turno, sino a todos los angosturenses.
Saludamos atentamente.
Vecinos Autoconvocados –Defensa Espacio Verde Cef 7