«El RIGI ha cambiado la percepción por realidad en materia minera. Las inversiones están llegando», dijo el empresario. Ponderó los beneficios económicos del régimen, tales como la «reducción de la alícuota de Ganancias, la exención de los derechos de exportación y la aceleración del recupero de IVA». Argentina pueda acceder a inversiones futuras por USD 55.000 millones.
Las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Industria, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados de la Nación concretaron una segunda reunión informativa para evaluar el proyecto de ley que establece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado Súper RIGI. El encuentro conjunto estuvo presidido por el diputado Bertie Benegas Lynch, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, junto a la conducción del legislador santacruceño José Luis Garrido al frente de la comisión de Industria.
El debate parlamentario recibió el análisis del empresariado minero. Expusieron cómo las herramientas regulatorias vigentes revirtieron la retracción de capitales extranjeros y abrieron un escenario para reactivar yacimientos de escala global que permanecían paralizados.
Cambio de percepción internacional
El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, defendió el impacto del RIGI y expuso de qué manera modificó la posición del país en el mercado de capitales. Detalló que “este régimen de inversiones hizo que Argentina esté, por lo menos en materia minera, nuevamente en el foco de la decisión de inversiones”.
Trazó una línea histórica desde la sanción de la Ley de Inversiones Mineras en 1993 y advirtió que el principal pasivo con el exterior surgió en 2007, cuando decisiones administrativas incrementaron la carga impositiva y vulneraron las estabilidades fiscales de diversos proyectos sin resolver los reclamos posteriores.
Frente a ese antecedente, identificó el factor determinante que reconfiguró la confianza técnica de las corporaciones: “El primer gran punto que establece el RIGI es la posibilidad que tienen los inversores de litigar en el exterior, cuestión a la que no pudieron acceder todos aquellos que fueron perjudicados por el incumplimiento de la Ley de Inversiones Mineras“.
Añadió además que esta ventana jurídica “generó una expectativa impresionante” en foros globales como PDAC, feria realizada en Toronto, reabriendo la oportunidad para desarrollos de cobre descubiertos hace seis décadas que nunca habían logrado avanzar.
Llegada de corporaciones globales
La flexibilización de las condiciones impositivas y cambiarias en las que avanzó Argentina aceleró los cronogramas corporativos. El titular de CAEM ponderó los beneficios económicos del régimen, tales como la “reducción de la alícuota de Ganancias, la exención de los derechos de exportación y la aceleración del recupero de IVA”, sumado a un componente esencial vinculado al mercado de divisas. Recordó las restricciones operativas severas sufridas entre 2020 y 2023 debido a la imposibilidad de disponer de divisas, una problemática que afectaba directamente la continuidad del negocio por las dificultades para ingresar insumos clave.
El nuevo marco normativo propició transformaciones estructurales inmediatas en el mapa de activos locales. Cacciola puntualizó que “el RIGI ha cambiado la percepción por realidad en materia minera. Las inversiones están llegando”.
Enumeró el ingreso de BHP mediante un “joint venture” con Lundin para reactivar el proyecto de cobre Vicuña en San Juan (que engloba a José María y Filo del Sol); el desembarco de “Rio Tinto en el yacimiento de litio Rincón en Salta con un desembolso superior a los USD 2.700 millones“; y las reactivaciones de Glencore en Pachón (San Juan) y Minera Agua Rica (Catamarca). El escenario se complementó con las recientes modificaciones parlamentarias a la ley de glaciares, lo que dinamizó los plazos de ejecución.
Metas de exportación
Los registros oficiales dan cuenta que se presentaron 15 iniciativas para adherir al RIGI, de las cuales una fue rechazada, mientras que 10 ya consiguieron la aprobación formal por un monto de USD 10.370 millones, y cuatro remanentes de gran escala esperan su visado en los próximos 60 días por más de USD 32.000 millones. De este modo, las obras aprobadas y en curso consolidan una base de 42.592 millones de dólares.
Las proyecciones anticipan que antes del vencimiento de los plazos de adhesión al régimen, “Argentina pueda acceder en valores que van a superar los USD 55.000 millones” en inversiones mineras.
El despegue del cobre se posiciona como el vector central del comercio exterior, revirtiendo una asimetría histórica con Chile, que exporta 50.000 millones de dólares anuales frente a la producción local nula. El directivo de CAEM estimó que con siete proyectos que están listos para iniciar su etapa de construcción, el país consolidará “una escala creciente a 18, 19 o 20.000 millones de dólares” en exportaciones de cobre en un plazo de cinco a seis años.
Empleo, compre local y el post-RIGI
Las obras proyectadas demandará una transformación en los mercados de trabajo regionales. El procesamiento técnico de los siete proyectos de cobre requerirá un promedio de 7.000 operarios directos por planta en su fase constructiva. Cacciola proyectó que el bloque del cobre generará “un empleo mínimo en la etapa de construcción entre directo e indirecto que superaría las 120.000” colocaciones, estabilizándose luego en unos 3.000 puestos directos por yacimiento en la fase de explotación.
Frente a las inquietudes sobre las cadenas de suministros y la adquisición corporativa de módulos habitacionales importados, fijó la postura gremial empresaria. Afirmó que “tenemos que trabajar para que la mayor cantidad de empleo posible sea local y que la mayor cantidad de proveedores posibles también sea locales. Pero para eso tenemos que construir un camino donde tenemos que ser mucho más competitivos”.
Explicó que CAEM articula esfuerzos entre los distritos mineros y las provincias industriales como Córdoba y Santa Fe para potenciar los clústers productivos y la capacitación de personal. Pidió además el acompañamiento de los estados provinciales mediante la reducción de la presión tributaria local sobre las empresas de servicios