El gobierno de Marcelo Orrego envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca garantizar más empleo, compras y contratación de proveedores sanjuaninos en la minería. Reaccción de la cámaras mineras y de proveedores.
San Juan se prepara para recibir una de las mayores olas de inversión minera de su historia. Con proyectos de cobre de escala mundial como Vicuña, Los Azules, El Pachón y Altar avanzando en distintas etapas de desarrollo, el gobierno provincial decidió dar un paso más para intentar que una mayor porción de esa riqueza permanezca dentro de la economía local.
El gobernador Marcelo Orrego envió a la Cámara de Diputados provincial el proyecto de Ley de Desarrollo de Proveedores Mineros y Empleo Local, una iniciativa que busca fortalecer la participación de empresas y trabajadores sanjuaninos en la cadena de valor minera.
La propuesta llega en un momento clave para la provincia. La construcción de nuevos proyectos demandará miles de trabajadores, servicios especializados, infraestructura, transporte, metalmecánica, construcción y logística durante las próximas décadas.
Desde la Cámara Minera de San Juan respaldaron el objetivo general de la iniciativa. «La Cámara Minera de San Juan acompaña el objetivo de generar mayores oportunidades para empresas y trabajadores sanjuaninos vinculados a la actividad minera y de seguir ampliando la participación local en la cadena de valor del sector», señalaron desde la entidad.
Al mismo tiempo, destacaron que el tratamiento legislativo permitirá enriquecer el proyecto mediante el diálogo entre empresas, proveedores, trabajadores y autoridades. «La experiencia demuestra que los marcos más efectivos son aquellos que generan incentivos para fortalecer capacidades, mejorar la competitividad y ampliar la participación de empresas y trabajadores locales en la actividad», afirmaron.
Qué propone la nueva ley
El proyecto establece metas concretas tanto para el empleo como para las compras y contrataciones vinculadas a los proyectos mineros.
Uno de los puntos centrales es la creación de un Plan de Desarrollo de Empleo Local, mediante el cual las compañías deberán presentar objetivos progresivos para alcanzar una participación del 80% de trabajadores locales sobre la nómina total vinculada al proyecto.
La particularidad es que el cálculo no incluirá únicamente a los empleados directos de las mineras, sino también a contratistas y subcontratistas.
Además, la iniciativa establece un orden de prioridad para las contrataciones laborales. En primer lugar deberán considerarse trabajadores de las comunidades ubicadas dentro del área de influencia del proyecto, luego habitantes de otros departamentos sanjuaninos y recién después trabajadores provenientes de otras provincias o del exterior.
En materia de proveedores, la norma fija un objetivo de 60% de participación local sobre el monto total anual de adquisiciones y contrataciones.
Para ello se creará el Registro Provincial de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN.), donde deberán inscribirse las empresas que quieran ser consideradas proveedoras locales.
El proyecto también incorpora requisitos específicos para evitar estructuras societarias creadas únicamente para acceder a beneficios de contenido local. Entre ellos se destaca la exigencia de que al menos el 51% del capital social pertenezca a personas con domicilio legal y fiscal en San Juan o que la empresa demuestre una presencia productiva real en la provincia.
No obstante, el texto incorpora mecanismos de flexibilidad para aquellos casos donde no exista oferta local suficiente en términos de calidad, capacidad técnica, volumen, plazos o precios competitivos.
El desafío de equilibrar desarrollo local e inversiones
La discusión sobre el contenido local no es nueva en la minería mundial. Países como Canadá, Australia, Chile y Perú han desarrollado diferentes mecanismos para maximizar el impacto económico de los proyectos en las comunidades donde operan.
Sin embargo, también existe preocupación por evitar que regulaciones demasiado rígidas terminen afectando la competitividad de las inversiones.
Por eso la Cámara Minera sanjuanina insistió en la necesidad de que la futura reglamentación preserve principios de transparencia, competencia, previsibilidad y apertura. «El desafío es aprovechar esta oportunidad para que cada vez más empresas sanjuaninas puedan crecer, especializarse y fortalecerse, e incluso proyectarse hacia cadenas de valor nacionales e internacionales», señalaron desde la entidad.
Vicuña y una adjudicación que encendió alarmas
La discusión sobre el compre local cobró especial relevancia en las últimas semanas a partir de una decisión adoptada por Vicuña, el proyecto controlado por BHP y Lundin Mining que integrará los yacimientos Josemaría y Filo del Sol.
La compañía adjudicó una nueva etapa de construcción de su campamento minero, infraestructura clave para alojar a miles de trabajadores durante las futuras fases de construcción y operación.
El contrato contempla la construcción de aproximadamente 45.000 metros cuadrados de instalaciones, equivalentes a cerca del 25% del nuevo complejo habitacional. La adjudicación fue otorgada a un consorcio integrado por la empresa argentina RAFA S.A. y la firma china Beijing Chengdong.
Según informó la compañía, RAFA ejecutará las obras civiles, fundaciones, movimiento de suelos, montaje e instalaciones, mientras que la fabricación de los módulos habitacionales estará a cargo de la empresa asiática. La gestión EPC será realizada por PowerChina.
«Esta licitación implica la construcción de aproximadamente el 25% del nuevo campamento de Vicuña. Próximamente se iniciarán nuevos procesos licitatorios para las siguientes etapas», explicaron desde la minera, que promete más de u$s18.000 millones en inversiones durante una década.
La empresa sostuvo que la propuesta seleccionada fue la que mejor respondió a los requerimientos técnicos, de seguridad, cronograma y costos.
El reclamo de los proveedores nacionales
La adjudicación generó cuestionamientos inmediatos dentro de distintos sectores industriales argentinos, como UIPBA. Fuentes empresarias indicaron que la oferta adjudicada rondó los u$s52 millones, mientras que otras propuestas con mayor integración nacional habrían alcanzado valores cercanos a los u$s70 millones.
Según referentes del sector, entre el 75% y el 80% del valor del contrato estaría vinculado a la fabricación y provisión de módulos habitacionales, lo que abrió un debate sobre cuánto valor agregado permanecerá efectivamente en Argentina.
La Federación Argentina de Proveedores Mineros fue una de las entidades más críticas. «Lo de Vicuña nos puso en alerta. La contratación de una empresa china, asociada a una santafesina para una mega obra, fue un mazazo para los intereses de los argentinos y puso en peligro la licencia social de la industria en el país», sostuvo la entidad en un comunicado.
La federación que preside Manuel Gómez Bello fue más allá y cuestionó que continúe utilizándose el argumento de la falta de capacidades locales. «Ya no sirve la excusa de que no estamos preparados. La cadena de valor argentina está lista para encarar cualquier obra minera», afirmaron.
Además, advirtieron que «comprar construcciones modulares con hasta su último tornillo importado, ensamblados en un país lejano y sin valor agregado local socava los intereses nacionales y la credibilidad de la industria».
Una discusión que recién comienza
Desde Vicuña remarcan que la incorporación de proveedores argentinos forma parte de su estrategia de contratación y destacan que actualmente más del 95% de sus trabajadores son argentinos, mientras que aproximadamente el 73% de sus empleados directos provienen de San Juan.
Sin embargo, la polémica dejó expuesto uno de los debates que probablemente acompañará toda la etapa de construcción de los grandes proyectos cupríferos.
Mientras San Juan se prepara para recibir inversiones por decenas de miles de millones de dólares, la discusión ya no gira únicamente alrededor de cuánto cobre producirá la provincia, sino también sobre cuánto empleo, industria, tecnología y desarrollo económico logrará capturar localmente.
La nueva ley impulsada por Orrego busca precisamente responder a esa pregunta. El desafío será encontrar el equilibrio entre maximizar el impacto económico para San Juan sin afectar la competitividad de inversiones que podrían transformar para siempre el perfil productivo de la provincia y de la minería argentina