La empresa Andes Corporación Minera S.A. expuso ante el ENRE su oposición a la Resolución 79/2026. Advirtió que la norma afecta su acceso a la línea de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo y reclamó una solución técnica y equitativa.
Andes Corporación Minera S.A., empresa titular del proyecto minero Los Azules, participó activamente de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Durante el encuentro, la compañía expuso una oposición fundada a la asignación de prioridad de capacidad de transporte solicitada por Vicuña Argentina S.A. en la línea de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo, bajo el marco de la Resolución 79/2026.
Desde la firma explicaron que Los Azules no se encuentra en una etapa conceptual, sino que cuenta con estudios eléctricos ya presentados ante TRANSENER, la habilitación firme como agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) emitida por la Secretaría de Energía, y un cronograma de inversión aprobado por el Estado Nacional. En este escenario, la resolución vigente impacta de manera directa en el acceso a la capacidad de transporte en el corredor troncal indispensable para su puesta en marcha.
Sólidos argumentos técnicos y jurídicos
Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, aportó fundamentos técnicos y jurídicos de peso durante su alocución: «Asignar el noventa por ciento de un setenta y uno por ciento de un número que no fue auditado, bajo una hipótesis que la propia CAMMESA reconoce como simplificada, y por veinticinco años, no es regulación. Es transferir un activo público a un privado sin fundamento técnico verificable».
Asimismo, en la audiencia se detallaron tres quiebres sucesivos en la estructura del acto administrativo:
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El informe técnico del Área de Análisis Regulatorio del ENRE reprodujo lo informado por CAMMESA sin realizar un análisis independiente.
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El Dictamen Jurídico se autoexcluyó de ponderar cuestiones técnicas o fácticas.
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El artículo 12 de la resolución aplicó un estándar técnico riguroso para excluir el grupo transformador de la Estación Rodeo, mientras que para el tramo troncal en 500 kV empleó criterios notoriamente más laxos.
Ante esta situación, Los Azules solicitó formalmente al ENRE que ejerza las facultades revocatorias previstas en el artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, con el fin de revisar el artículo 9 de la Resolución 79/2026 antes de que el expediente derive en una instancia judicial.
El reclamo por un esquema multiusuario y transparente
Desde la compañía minera aclararon que la postura adoptada no tiene fines obstructivos frente a otros proyectos, sino que promueve un esquema técnico, proporcional y multiusuario que permita compatibilizar las distintas propuestas energéticas de la región. La meta planteada es que la capacidad se asigne en función de la demanda real, liberando el remanente no utilizado y estableciendo revisiones periódicas.
«Defender el acceso abierto y la utilización equitativa de infraestructura estratégica no es una disputa empresarial. Es una cuestión de previsibilidad regulatoria, de respeto por los recursos públicos invertidos y de protección del desarrollo productivo futuro de San Juan», concluyeron desde la empresa, ratificando que continuarán impulsando una solución equilibrada por las vías institucionales correspondientes