La audiencia pública convocada este miércoles por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) puso en el centro del debate el futuro de una infraestructura clave para el desarrollo minero de San Juan: la línea eléctrica de 500 kV que abastecerá al proyecto Josemaría, de Vicuña Argentina.
En ese escenario, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) fijó una postura firme y sin matices: el acompañamiento al emprendimiento minero estará atado a condiciones estrictas, tanto económicas como estratégicas.
El organismo dejó claro que la provincia respalda la minería como motor de crecimiento, pero bajo un principio central: la nueva demanda eléctrica no puede ser subsidiada por los sanjuaninos.
“La nueva demanda eléctrica debe internalizar los costos estructurales que genera sobre el sistema, sin trasladarlos a los comercios, industrias y hogares sanjuaninos”, remarcaron durante la exposición.
El origen del conflicto
La audiencia se realizó en medio de cuestionamientos a la decisión nacional de otorgar prioridad de acceso a Vicuña sobre la capacidad de transporte de la línea Nueva San Juan–Rodeo, una obra considerada estratégica para el sistema energético regional.
Esa definición generó preocupación en distintos sectores, ya que podría limitar el acceso de futuros proyectos mineros y productivos a la red eléctrica.
Desde el EPRE recordaron que la infraestructura existente fue financiada en parte por usuarios y empresas locales, y advirtieron que el ingreso de grandes demandas como la minera obliga a acelerar inversiones previstas a largo plazo.
Entre ellas, mencionaron la ampliación de la Estación Transformadora Nueva San Juan, actualmente en ejecución con recursos provinciales.
Las condiciones del EPRE
El eje de la postura oficial se concentró en dos exigencias clave:
Por un lado, que la empresa firme los acuerdos previstos en la Ley Provincial 1181-A, asumiendo los costos de mitigación e inversión que su demanda genera sobre el sistema eléctrico.
Por otro, que la capacidad de transporte que exceda sus necesidades no quede bajo control exclusivo de la minera.
En ese sentido, el organismo fue tajante al advertir sobre el riesgo de “bloqueo” de un recurso estratégico.
“Que la capacidad quede disponible para el resto de la actividad minera, evitando la asignación exclusiva o el bloqueo del corredor”, señalaron.
Aval condicionado
Con ese marco, el EPRE dejó planteado un mensaje directo: el apoyo institucional existe, pero no es automático.
“Reunidas las condiciones señaladas, el EPRE prestará su conformidad; en tanto no se verifiquen, mantendrá su oposición fundada”, afirmaron.
La definición marca una línea clara en la discusión: San Juan busca garantizar que el crecimiento minero no comprometa ni encarezca el sistema eléctrico provincial, ni limite el desarrollo de otros proyectos.
POSICIÓN DE LOS AZULES
En paralelo, Andes Corporación Minera S.A., titular del proyecto Los Azules, también expuso su postura durante la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en el marco de la Resolución 79/2026. La compañía manifestó su oposición a la asignación de prioridad de capacidad de transporte solicitada por Vicuña Argentina S.A. para la línea de 500 kV Nueva San Juan-Rodeo.
Desde la empresa sostuvieron que Los Azules cuenta con estudios eléctricos presentados ante TRANSENER, la habilitación como agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) otorgada por la Secretaría de Energía y un cronograma de inversión aprobado por el Estado nacional, por lo que consideran que la medida impacta directamente sobre su acceso futuro a la infraestructura eléctrica necesaria para la puesta en marcha del proyecto.
Durante la audiencia, el gerente de Ingeniería de Los Azules, Miguel Gil, cuestionó los criterios utilizados para la asignación de capacidad y afirmó que la decisión se apoya en estimaciones que, según la propia Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), responden a hipótesis simplificadas.
La empresa también señaló presuntas inconsistencias en los fundamentos técnicos y jurídicos de la resolución, al considerar que distintos organismos intervinientes aplicaron criterios dispares para evaluar componentes del sistema eléctrico involucrado en el expediente.
En ese contexto, Los Azules solicitó al ENRE que revise el artículo 9 de la Resolución 79/2026 antes de que el conflicto avance a una instancia judicial. Según planteó la compañía, su posición no busca frenar el desarrollo de otros emprendimientos mineros, sino promover un esquema de asignación de capacidad basado en criterios técnicos, proporcionales y de uso compartido de la infraestructura.
Finalmente, la firma remarcó que continuará impulsando una solución por las vías institucionales correspondientes y defendió la necesidad de garantizar reglas claras, transparencia regulatoria y acceso equitativo a la infraestructura energética estratégica para acompañar el crecimiento productivo de San Juan