El RIGI abre dudas en Salta por el futuro de las divisas mineras

El RIGI abre dudas en Salta por el futuro de las divisas mineras
Analista económico advirtió que el RIGI podría permitir a empresas mineras girar divisas fuera del país, con impacto directo en provincias productoras como Salta.

El avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió un nuevo debate en Salta, una provincia clave para la minería del litio. El periodista y analista político y económico Néstor Sánchez advirtió que el esquema podría reducir, en los próximos años, la obligación de liquidar divisas en la Argentina.

La advertencia surgió en Pasaron Cosas, donde Sánchez cuestionó que varias compañías adheridas al régimen ya tenían inversiones en marcha antes de la aprobación del beneficio.

Empresas mineras y beneficios fiscales

Según planteó, el RIGI no necesariamente atrajo nuevas inversiones, sino que mejoró las condiciones para empresas que ya operaban en el país. Mencionó entre los casos a PoscoRío Tinto y Eramine, vinculadas al desarrollo minero.

El analista señaló que el régimen reduce cargas impositivas, habilita beneficios aduaneros y mejora la rentabilidad de proyectos ya instalados. En ese punto, marcó una preocupación central para Salta: qué parte de la riqueza generada por la minería quedará efectivamente en el país y en las provincias productoras.

Divisas, minería y recursos provinciales

Sánchez advirtió que las empresas adheridas al RIGI podrán disponer con mayor libertad de las divisas generadas por sus exportaciones. Para una provincia minera, esa condición abre interrogantes sobre el impacto económico real de la actividad.

El debate también alcanza a recursos estratégicos como el agua, clave para los proyectos mineros. El analista cuestionó que la adhesión provincial al régimen no haya fijado límites más claros para proteger intereses locales.

Una discusión clave para Salta

La minería aparece como una de las grandes apuestas económicas de Salta, pero el régimen nacional vuelve a poner en discusión cómo se distribuyen los beneficios, qué controles tendrá la Provincia y cuánto quedará en el territorio.

Para Sánchez, el problema no es la inversión privada, sino las condiciones bajo las cuales el Estado concede ventajas fiscales, cambiarias y operativas a grandes empresas

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