La inversión que demandará el proyecto de cobre Vicuña será de alrededor de US$7.000 millones en la primera estapa.
El Ente Nacional Regular del Gas y la Electricidad (ENRGE) realizará este miércoles a partir de las 10 horas la audiencia pública virtual para analizar el pedido de ampliación y acceso a capacidad de transporte eléctrico que formuló Vicuña, el proyecto minero que llevan adelante en San Juan la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining. Otras mineras que operan en la provincia se oponen al pedido y también expondrán en la audiencia.
Vicuña propuso repotenciar y poner en operación en 500 kV una infraestructura que hoy funciona en 132 kV entre Nueva San Juan y Rodeo, y a partir de allí extender la red hacia su complejo minero.
El plan contempla también una línea de alta tensión (500 kV) de 167 kilómetros de extensión entre el nodo de la ET Rodeo hacia el norte hasta la nueva ET Chaparro y una nueva línea de 220 kV que conectará al sitio del proyecto con la red troncal del SADI. Además, necesitará construir dos estaciones transformadoras más: una en la localidad de Chaparro y otra dentro del yacimiento Josemaría.
Una vez hecha la obra de ampliación, Vicuña busca tener prioridad en el uso del 90% de la capacidad de transporte incremental de la nueva infraestructura, pero distintas compañías mineras que también tienen activos en San Juan rechazan que se le otorgue esa habilitación.
Allegados al proyecto Vicuña indicaron a EconoJournal que “la prioridad para disponer de la capacidad nueva está dentro del marco regulatorio nacional”. “Se necesita mucha energía con un mallado fuerte, se necesita fortalecer al sistema para la gran demanda del proyecto”, añadieron.
Lo que Vicuña necesita son 260 MW para abastecer el complejo minero a cielo abierto Josemaría, que corresponde a la etapa 1 del proyecto.
Además, subrayaron que “si hay capacidad remanente de transporte eléctrico para un proyecto minero nuevo, ese desarrollo tendrá que pedir la solicitud de acceso al ente nacional, como lo hizo Vicuña”.
Las obras de infraestructura de Vicuña cuentan con el visto bueno de Transener y Cammesa y tiene el aval ambiental y regulatorio del ENRGE. El último paso pendiente es la audiencia pública de este miércoles.
Quiénes expondrán en la audiencia
En la audiencia pública expondrán 13 personas. En representación de Vicuña lo hará Marcos Rizzato Lede, gerente de Energía, quien contará con 15 minutos para defender la postura de la empresa. También expondrá Carlos García, director general de Transener.
La nómina se completa con Roberto Ferrero, por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE); Alfredo Pedrali, en representación de la Secretaría de Energía de La Rioja; Héctor Hugo Pérez, de Naturgy; los intendentes de Jáchal e Iglesia, Matías Espejo y Jorge Espejo; Gerardo Rabinovich, del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi; Juan Pablo García Diez, por Minas Argentinas (proyecto Gualcamayo); Miguel Federico Gil Pugliese, por Los Azules; Ariadna Rodríguez, en representación de Barrick y Minera Andina del Sol; Sonia Delgado, de Golding Mining; y Mario Herrero.
RIGI y la Decisión Final de Inversión
Vicuña tiene previsto obtener este año la adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) bajo la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).
Si bien desde Vicuña prefirieron no dar detalles sobre el monto de inversión presentado al RIGI, el último informe de Jefatura de Gabinete al Congreso detalla que el desembolso comprometido es por un total de US$9.712 millones.
Por último, Vicuña prevé que para la segunda mitad del año deberá tomar la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) para comenzar la etapa de construcción a comienzos de 2027. La primera producción del megaproyecto está prevista para 2030. Para esto, la obra de infraestructura eléctrica deberá estar operativa en 2029