¿Quién entiende la política minera de Santa Cruz? El veto a las regalías volvió a sembrar dudas sobre las reglas de juego

¿Quién entiende la política minera de Santa Cruz? El veto a las regalías volvió a sembrar dudas sobre las reglas de juego

La reciente decisión del Ejecutivo de vetar la ley que elevaba las regalías mineras para futuros proyectos volvió a abrir una discusión que excede ampliamente el debate sobre dos puntos porcentuales.

La verdadera pregunta que hoy recorre a gran parte del sector es otra:

¿Cuál es el rumbo minero de Santa Cruz?

No se trata de una discusión ideológica ni de una defensa automática de empresas, gobiernos o sectores particulares. Se trata de una cuestión elemental para cualquier actividad que requiere inversiones millonarias y planificación a largo plazo: la previsibilidad.

La minería funciona con horizontes de décadas.

Las decisiones que se toman hoy pueden impactar en proyectos que recién comenzarán a producir dentro de diez o quince años.

Por eso las señales que emite una provincia son observadas con atención por inversores, operadoras, exploradoras, proveedores, organismos financieros y mercados internacionales.

Y es allí donde Santa Cruz parece atravesar un momento de definiciones pendientes.

El veto que volvió a encender las alarmas

La Legislatura había aprobado por unanimidad una ley para elevar las regalías mineras del 3% al 5% en nuevos proyectos.

Pocos días después, el Ejecutivo decidió vetarla.

Más allá de que existan argumentos válidos a favor o en contra de la iniciativa, lo que llamó la atención fue la velocidad con la que una medida respaldada por todo el arco legislativo terminó siendo descartada.

La pregunta es inevitable.

Si aumentar las regalías era perjudicial para la competitividad provincial, ¿por qué la iniciativa logró consenso unánime?

Y si la medida era beneficiosa para generar mayores recursos para Santa Cruz y sus municipios, ¿por qué fue vetada?

Hasta ahora, las respuestas públicas siguen siendo insuficientes.

El antecedente del debate por el 90/10

El episodio tampoco ocurre en un vacío.

En los últimos meses la actividad minera fue escenario de múltiples discusiones vinculadas a contratación local, proveedores santacruceños, empleo y distribución de oportunidades.

El debate sobre el denominado esquema 90/10 expuso diferencias de interpretación, reclamos empresariales y dificultades para establecer mecanismos claros y sostenibles que permitan fortalecer el desarrollo local sin afectar la competitividad de las operaciones.

Más allá de las posiciones particulares, el resultado fue una nueva señal de incertidumbre.

Empresas, contratistas y trabajadores intentaban comprender cuáles eran las reglas vigentes, cuáles podían modificarse y cómo sería la implementación efectiva de los distintos criterios impulsados desde el Estado.

Los controles también forman parte de la discusión

Otro aspecto que aparece recurrentemente en las conversaciones del sector está vinculado a los mecanismos de control.

Desde distintos ámbitos surgen preguntas sobre la capacidad real del Estado para fiscalizar compromisos de empleo local, contratación de proveedores, cumplimiento de programas de desarrollo comunitario y ejecución de inversiones comprometidas.

Paradójicamente, mientras algunos debates se concentran en crear nuevas exigencias, todavía persisten cuestionamientos respecto de la eficacia de los controles sobre normas y compromisos que ya existen.

Porque una política minera no se construye únicamente a través de nuevas leyes.

También depende de la capacidad de hacer cumplir las reglas vigentes.

La imagen que recibe el inversor

Existe una pregunta que rara vez aparece en el debate político local, pero que suele estar presente en las mesas donde se toman decisiones de inversión.

¿Qué imagen proyecta Santa Cruz hacia el mundo?

  • Los inversores entienden perfectamente que cada provincia tiene derecho a discutir regalías, impuestos, contratación local, desarrollo de proveedores y exigencias ambientales.
  • Lo que observan con especial atención es la coherencia del sistema.
  • Necesitan saber cuáles son las reglas.
  • Necesitan saber quién las define.
  • Necesitan saber si esas reglas tendrán continuidad en el tiempo.
  • Necesitan saber si existe una estrategia clara detrás de cada decisión.
  • Cuando las señales parecen contradictorias, la incertidumbre aumenta.
  • Y cuando aumenta la incertidumbre, el riesgo percibido también crece.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *