La crisis en los municipios: la motosierra baja a tierra

La crisis que el gobierno nacional presenta como ordenamiento fiscal empieza a mostrar su traducción más concreta en los municipios con menos coparticipación en la provincia de Buenos Aires. Con una demanda social creciente, los gobiernos locales sienten una mayor presión sobre hospitales y servicios locales. En medio, las gestiones sufren la motosierra sobre la obra pública paralizada y los sindicatos advierten sobre las crecientes dudas en torno al pago de aguinaldos.

El gobierno bonaerense sostiene que la Nación mantiene deudas directas, saldos por obra pública abandonada y discontinuidades o retrasos de programas nacionales por $16,7 billones. Si a eso se suman las caídas de recursos de origen nacional y provincial provocadas por la crisis económica, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ya advirtió que el desfinanciamiento total causado por el gobierno de Milei llega a $24,6 billones. “Eso es lo que Milei le ha robado a la Provincia de Buenos Aires”, afirma cada vez que se le pregunta al respecto.

El recorte empieza a sentirse en las administraciones locales, desde donde se advierte que cada vez que la Nación corta una transferencia, un municipio deja de hacer una obra, una escuela espera una refacción, un hospital absorbe más demanda, una familia pierde un subsidio o un trabajador municipal empieza a mirar con inquietud el calendario de junio.

La crisis económica nacional ya encendió alarmas gremiales por posibles complicaciones en el pago del medio aguinaldo de junio. Juan Pablo Martín, dirigente bonaerense de UPCN, lo planteó en la última mesa paritaria con representantes de la Provincia. “Queremos que se hagan todos los esfuerzos posibles para terminar de confirmar el pago del aguinaldo y tener una reapertura paritaria en junio que contemple un aumento salarial para liquidar con el sueldo de junio”, señaló.

Semanas atrás, la Federación de Sindicatos de Municipales Bonaerenses se declaró en estado de alerta y movilización por la posibilidad de demoras en los aguinaldos, en un contexto de caída de coparticipación y recaudación propia. La preocupación no es solo de gremios peronistas ni de intendentes opositores a Milei. El texto señala que incluso intendentes de distintos signos evitan precipitar públicamente la discusión porque el problema atraviesa a la administración local como tal.

El exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo lo definió como una etapa en el que la crisis se “municipaliza porque todo cae en los territorios”. “El Estado nacional se retiró, las provincias hacen lo que pueden y todo cae sobre los gobiernos locales. Sobre los municipios, las iglesias y las organizaciones locales”, agregó.

La “municipalización de la crisis” tiene una traducción cotidiana. Más gente pide comida. Más familias se endeudan. Más vecinos llegan a los hospitales públicos. Más trabajadores buscan changas o sobreempleo. Más escuelas, salitas y comedores dependen de la capacidad de respuesta local. Y los municipios, al mismo tiempo, tienen menos recursos.

La cuenta que La Plata le pasa a Balcarce 50

Por ese tema, la administración de Axel Kicillof ya llevó a la Corte Suprema ocho reclamos contra el Estado nacional por fondos que considera adeudados. En una de esas causas, la Provincia reclama más de $2,3 billones que ANSES debería transferir a la caja previsional bonaerense. La Corte instó al Gobierno nacional a presentar una propuesta concreta de pago el 10 de junio.

“Todo esto se suma a un contexto muy complejo, producto de un Gobierno nacional que provocó una enorme presión sobre todas las provincias y los municipios: además de cortar de cuajo los fondos desde que asumió, con sus políticas económicas generó una crisis que aumentó exponencialmente las necesidades del pueblo”, sintetizó el gobernador.

La lista de reclamos bonaerenses no se agota en la caja previsional. Incluye fondos de seguridad, transporte, salario docente, bosques nativos, boleto integrado, tributos locales para obras de gas y el Consenso Fiscal 2017. Según el detalle publicado por Diagonales, las demandas ante la Corte incluyen el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, vinculado a seguridad, por más de $2 billones; el Fondo de Compensación al Transporte, por más de $83.300 millones; el Fondo Nacional de Incentivo Docente, material didáctico y conectividad, por casi $1 billón; y el Consenso Fiscal 2017 y convenio 2023, por aproximadamente $1,13 billones.

El mismo informe consignó que, entre demandas ante la Corte y obra pública paralizada, la deuda nacional con la Provincia superaba los $15,6 billones a enero de 2026: $3,8 billones en deudas directas, $8,7 billones correspondientes a obras públicas y $3,1 billones por programas nacionales discontinuados o demorados.

El capítulo de obra pública tiene una importancia territorial decisiva. En Buenos Aires, la parálisis no afecta solo a las grandes obras de infraestructura. Según ese detalle, hay convenios vinculados con viviendas, obras municipales, universidades nacionales con sede en la provincia, infraestructura escolar, el Hospital SAMIC Presidente Néstor Kirchner, centros ambientales, saneamiento, infraestructura penitenciaria, residuos, riego, puertos públicos, parques industriales y barrios populares.

La caja que no llega

El 15 de abril, unos 200 intendentes de todo el país llevaron un reclamo al Ministerio de Economía de la Nación. Según el documento, nadie los recibió. Los jefes comunales alertaban sobre la caída de ingresos por coparticipación, que acumulaba 11 puntos al final del primer trimestre y más de 20 puntos desde el año anterior. También cuestionaban la discrecionalidad en el uso de los Aportes del Tesoro Nacional y la retención de recursos del impuesto a los combustibles, que podrían aliviar la situación del transporte de pasajeros.

El reclamo municipal coincide con un problema más amplio del federalismo fiscal bajo Milei. Según datos oficiales, las transferencias automáticas a las provincias mejoraron durante 2025 respecto de 2024, pero siguen por debajo de 2023. Esa es una de las razones por la que los gobernadores denuncian la retención de fondos mientras que la disputa por los ATN se convirtió en uno de los nudos de la relación entre Nación y provincias. La Casa Rosada repartió algunos adelantos entre las provincias con las que tiene una mejor sintonía. Buenos Aires no está entre ellas.

Con ese contexto, la cuenta que hacen los intendentes es simple. Si cae la actividad, cae la recaudación municipal. Si cae la coparticipación, cae el principal flujo que llega desde arriba. Si se frenan obras y programas nacionales, el gasto social y operativo baja al distrito. El municipio queda como mostrador de una crisis que no decidió.

El intendente de Colón, Waldemar Giordano, fue brutal al señalar que los municipios “no tienen para los aguinaldos”. “Esperemos llegar con ingresos y recursos propios, si no tendremos que tomar medidas”, sostuvo. Juan Ignacio Ustarroz, intendente de Mercedes, agregó otro dato territorial: “En lo que va del año dejamos de recibir 1.200 millones de pesos de coparticipación y el parate de la obra pública y los programas que se eliminaron nos obliga a poner recursos donde no lo teníamos previsto”.

Pero el frente municipal no se limita a salarios. También aparece la discusión por la zona fría, que en caso de avanzar en el Congreso alcanzaría a más 90 distritos bonaerenses, entre ellos Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Pergamino y Pehuajó.

En términos políticos, la zona fría resume el conflicto porque la Casa Rosada avanza con la reducción de subsidios, mientras se dedica a mejorar sus cuentas abandonando sus obligaciones. Así, el usuario paga más y los intendentes adviertes que es el municipio donde se recibe el enojo. La Provincia intenta contener, pero el hueco es demasiado grande.

El ajuste también reabre una discusión incómoda dentro de los municipios respecto a cómo se gastan los presupuestos locales y cuánto pesan los servicios concesionados a privados, con la recolección de residuos a la cabeza.

Los gremios municipales nucleados en Fesimubo vienen planteando una defensa explícita del Estado municipal, cuestionando ese sistema de tercerización. “Las privatizaciones son desarrolladas por gobiernos de derecha como el de Milei, Caputo, Adorni y Sturzenegger. Defendemos el Estado, nunca el lucro de una empresa”, sostiene el último documento de la federación conducida por Hernán Doval.

El planteo abre una línea de conflicto con empresas contratistas y también con otros gremios. Según el relevamiento, sobre 135 municipios bonaerenses, menos del 10 por ciento brinda la recolección de residuos con recursos propios. Entre ellos se mencionan Berisso, Ensenada, Ezeiza, Quilmes, San Vicente, José C. Paz, Marcos Paz y Presidente Perón, todos gobernados por el peronismo y con menor conflictividad laboral comparada.

El dilema es político y financiero al mismo tiempo porque con menos recursos, los intendentes deben decidir si sostienen contratos privados, salarios, servicios, asistencia social u obra mínima.

El Estado nacional se retira y la Provincia cubre

El gobierno bonaerense también ubica el ajuste nacional en la política alimentaria y sanitaria. Andrés Larroque detalló semanas atrás que el Servicio Alimentario Escolar bonaerense alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes y que la Provincia invierte $389.692 millones anuales en compra de alimentos, mientras que el Ministerio de Capital Humano invierte $91.000 millones para toda la Argentina en la misma materia, según la comunicación oficial bonaerense.

El ministro provincial también indicó que, en 2024, Nación transfirió un 32,2% menos de lo solicitado por la Provincia y que en 2025 la diferencia creció al 40,8%.

En salud, el impacto también es territorial. Los relevamientos bonaerenses vienen señalando que la demanda en hospitales públicos provinciales creció 12% desde la asunción de Milei y que la ocupación hospitalaria ronda el 90%. La Provincia denunció, además, un nuevo recorte nacional en fondos sanitarios, en un contexto de aumento de enfermedades respiratorias, caída de coberturas de vacunación y crisis en el acceso a medicamentos.

El superávit como problema territorial

Mientras la Cámara de Diputados bonaerense habilitó la discusión con la que se busca dar respuesta al reclamo municipal para contar con la libre disponibilidad de la totalidad de los fondos que la Provincia destinará a los gobiernos locales a partir del Endeudamiento aprobado el año pasado, la discusión bonaerense permite ver una de las claves del programa de Milei. Esa que da cuenta que el superávit nacional se sostiene con fondos que no se transfieren, obras que no se ejecutan, programas que se discontinuaron y responsabilidades que se trasladan hacia abajo.

Para el gobierno nacional, esa decisión es parte de una política fiscal. Para la Provincia y los municipios, es una forma de asfixia, y para los vecinos, una experiencia que se traduce en un boleto más caro, en tarifas más altas, hospitales más llenos. Los intendentes, en ese marco, asisten a una realidad marcada por municipios más endeudados, obra pública detenida y la asistencia alimentaria tensionada.

Con todo, Kicillof busca presentar a la Provincia como dique de contención frente al retiro nacional y proyecta coparticipar a los municipios una parte de lo que eventualmente se recupere en la Corte, reforzar el Servicio Alimentario Escolar, sostener hospitales, reunir intendentes y judicializar deudas son partes de una misma estrategia.

El problema es que la caída de actividad general reduce la recaudación provincial y la mayor demanda social eleva el gasto. La pulseada entonces ya no es solamente entre Milei y Kicillof, sino entre dos modelos de Estado