El avance de proyectos mineros en provincias como Salta, San Juan y Santa Cruz reactivó el debate entre los proveedores.
Debate sobre hasta dónde deben llegar las políticas mineras de compre local. Un modelo prioriza competitividad y otro está enfocado en el arraigo y empleo.
Pablo Ferrer
Hay una discusión que se viene planteando hasta ahora de manera solapada o subterránea en la minería argentina. El debate atraviesa al universo de los proveedores, incluye el lobby de grandes empresas nacionales, el interés de las compañías mineras por generar un clima de mayor competitividad para bajar costos en bienes y servicios, la necesidad de las pymes provinciales de ganar participación en la actividad y también la postura política de los gobiernos mineros.
De un lado se impulsa una mayor apertura de las medidas de compre local que aplican distintas provincias, bajo el argumento de que esas restricciones limitan la competitividad y reducen la posibilidad de incorporar proveedores nacionales con mayor escala y capacidad técnica. Del otro lado, las cámaras provinciales y buena parte de los sectores vinculados al desarrollo territorial sostienen exactamente lo contrario: que la prioridad debe ser para las empresas y trabajadores de las provincias donde se realizan las inversiones mineras.
Las dos posiciones quedaron explícitas en la Jornada «Competitividad de la Cadena de Valor Minera Argentina», realizada el 20 de mayo pasado en el Congreso de la Nación por iniciativa de las comisiones de minería de ambas cámaras legislativas.
Allí quedaron marcadas con claridad las posiciones de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), que buscan que las provincias abran el juego a proveedores de todo el país. Del otro lado estuvieron las distintas cámaras provinciales nucleadas en la Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN), que defendieron los esquemas de contenido local y la participación prioritaria de empresas regionales.
El próximo 28 de mayo, cuando se celebre el Día del Proveedor Minero Argentino, seguramente habrá nuevas manifestaciones vinculadas a este tema en distintos ámbitos empresarios y sectoriales.
El detonante
Uno de los factores que aceleró esta discusión fue la iniciativa legislativa que se analiza actualmente en San Juan, provincia que concentra los mayores anuncios de inversiones mineras del país.
La propuesta busca establecer la obligación de que las empresas mineras trabajen con un 80% de mano de obra sanjuanina y un 60% de compras locales, tomando como referencia la oferta real de bienes y servicios existente en la provincia.
El proyecto generó repercusiones porque toca el centro de la discusión: cuánto debe abrirse el mercado minero a proveedores de otras provincias y cuánto debe reservarse para el entramado local. En otras palabras, hasta qué punto el contenido local es una política de desarrollo y en qué momento se convierte, según sus críticos, en una restricción para la competitividad.
Modelo de Salta
Salta aparece en este mapa con una normativa que ya tiene casi seis años de vigencia: la ley de promoción minera. Reglamentó un registro de empresas proveedoras de servicios mineros y estableció la obligatoriedad para las mineras de contratar mano de obra y servicios locales en porcentajes que oscilan entre el 40% y el 70%, según la etapa y la magnitud del proyecto. Lo mismo rige para las mineras.
El registro de proveedores mineros de Salta cuenta actualmente con 832 empresas inscriptas, según los últimos datos los que consultó este diario.
Modelo 90/10
Más rígido aún es el esquema que Santa Cruz puso sobre la mesa en enero. Allí se fijó el modelo 90/10, que plantea que el 90% de la mano de obra en industrias estratégicas provenga de la región y que solo un 10% quede reservado para cubrir necesidades técnicas específicas.
A eso se suma una exigencia concreta sobre las compras: al menos el 50% del monto total anual de contrataciones de obras, bienes, insumos o servicios debe ser destinado a proveedores locales inscriptos en el Rupae, el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas.
Planteo de la UIA
En la jornada del Congreso, Franco Mignacco, representante del departamento de Minería de la UIA, expuso una de las posiciones más firmes en favor de ampliar el mercado de proveedores.
«La competitividad es fundamental», sostuvo durante su exposición. Y agregó: «Cuando ciernen a las empresas mineras a que solamente pueden comprar de manera local y no nacional, nos quitan la posibilidad de la competitividad y la calidad de los productos a los que apuntamos».
Mignacco también planteó la necesidad de generar mecanismos de transferencia de conocimiento hacia los proveedores locales y destacó el rol de las alianzas entre empresas nacionales y provinciales.
«Es fundamental que ese know-how se pueda hacer a las empresas proveedoras locales, a través de este tipo de joint venture (empresas conjuntas), que se está utilizando bastante en las provincias y que es la manera que tienen de desembarcar proveedores nacionales», expresó.
Un estudio de base
Durante su presentación mostró además un adelanto del «Estudio de base sobre potencialidades de desarrollo de proveedores en el sector minero de Argentina», elaborado entre la UIA, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según explicó, el trabajo concluye que «la minería tiene en su ADN el trabajar directamente en las comunidades donde se desarrolla» y señaló que del total de inversiones realizadas, una parte significativa quedó en las provincias donde se ejecutaron los proyectos.
También sostuvo que la minería «no necesita leyes provinciales ni nacionales» para trabajar con las comunidades y proveedores locales, porque la construcción de licencia social obliga naturalmente a esa vinculación.
La postura de Capmin
En la misma línea se expresó el presidente de Capmin, Manuel Benítez, quien defendió la necesidad de consolidar un ecosistema nacional de proveedores mineros. «Tenemos proveedores muy fuertes», aseguró.
Para Benítez, el desafío pasa por generar integración y evitar la fragmentación dentro del sector proveedor. «Hay que juntarse, la fragmentación invalida y sube los costos», afirmó. Y agregó que hace falta «espíritu gregario» porque «no conocemos lo que se viene».
También sostuvo que el verdadero desafío de la minería argentina pasa por consolidar un sistema de desarrollo eficiente hacia adelante.
«Argentina tiene minería y el desafío real y concreto es que tenemos que crear un ecosistema de proveedores argentinos que pueda consolidar un sistema de desarrollo eficiente hacia delante, porque las minas pasan y los proveedores en el mundo no pasan», expresó.
Cámaras locales
En representación de las cámaras provinciales estuvo el presidente de la Federación Argentina de Proveedores Mineros (Fapromin), Manuel Gómez Bello, quien defendió la necesidad de fortalecer la participación local en los proyectos mineros.
«Necesitamos que lleguen los grandes capitales y las inversiones porque son los que impulsan el desarrollo. Pero también debemos mirar qué sucede después y cómo participan las pequeñas y medianas empresas de la provincia», señaló.
Durante su exposición destacó el rol de las normativas provinciales y de la articulación entre el sector público, las empresas mineras y las cámaras proveedoras para garantizar una mayor participación regional en la actividad.
También pidió sostener el diálogo entre todos los actores del sector y avanzar en políticas que permitan consolidar un desarrollo minero con impacto federal.
Mirada de Salta
Consultado por El Tribuno sobre este debate, el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo, defendió el modelo provincial de contenido local y planteó que la minería debe pensarse desde una lógica de desarrollo compartido.
«Siempre debemos preguntarnos para qué hacemos minería, porque tanto traslado, tanto andamiaje, tanta logística y la respuesta es fácil cuando tenemos el concepto de nuestro modelo», sostuvo.
«El modelo minero de la Provincia es un modelo de colaboración compartida, que busca el desarrollo y arraigo y cuando hablamos de colaboración compartida ahí aparece el Estado articulador, aparecen las empresas privadas, el capital, los proveedores, las universidades, los trabajadores y las comunidades», agregó.
«El desarrollo local no va a ocurrir por inercia»
Carrizo también afirmó que «la minería se consolida con conocimiento compartido» y sostuvo que el desarrollo local «no va a ocurrir por inercia».
«El jueves a la mañana también presentamos en la Estación Salar de Pocitos con una de las empresas de la zona un plan de desarrollo de contratación local. Ahora debemos entender esto: el desarrollo local no va a ocurrir por inercia, si no lo diseñamos, no va a suceder», expresó.
Además, remarcó que uno de los principales desafíos actuales pasa por consolidar «un modelo de minería sustentable, con tecnología, con empleo calificado y con proveedores competitivos».
«La minería tiene que crecer con nuestros proveedores locales capacitados y nuestra mano de obra afín», señaló.
Finalmente, sostuvo que la ley de contenido local y la política minera salteña buscan «maximizar los beneficios en Salta» y planteó que «es la política la que debe articular con sentido común la minería con el fortalecimiento de los proveedores locales y el desarrollo tecnológico»