La iniciativa ingresará la próxima semana a la Cámara de Diputados de San Juan y apunta a reforzar la participación local en la actividad minera. El proyecto fija nuevos requisitos para empresas, contratistas y trabajadores vinculados al sector.
El Gobierno de San Juan enviará en los próximos días a la Legislatura provincial el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una propuesta que ya superó la instancia de revisión final y que busca ampliar el impacto económico de la minería dentro de la provincia.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa establece que las compañías mineras y sus empresas contratistas deberán incrementar de manera progresiva la contratación de mano de obra sanjuanina hasta alcanzar un piso del 80% del total del personal afectado a cada emprendimiento, tanto en puestos directos como indirectos.
El texto también incorpora criterios específicos para definir quién podrá ser considerado trabajador local. Según el proyecto, deberán acreditar domicilio real en San Juan registrado en el DNI con al menos un año de antigüedad, además de demostrar residencia efectiva en territorio provincial.
La normativa propone además una segmentación entre empleados provenientes de comunidades cercanas a los proyectos mineros y trabajadores del resto de la provincia. Esa información deberá ser incluida en los reportes obligatorios de las empresas, junto con detalles sobre categorías laborales, distribución por género y cantidad de empleados provenientes de otras provincias o del exterior.
En relación con los proveedores, la ley fija condiciones estrictas para acceder a la categoría de proveedor local. Las firmas deberán contar con domicilio legal, fiscal y operativo en San Juan y demostrar actividad efectiva en la provincia.
Para las empresas radicadas en departamentos considerados de influencia minera directa, se exigirá una antigüedad mínima de 24 meses, mientras que para las compañías instaladas en otros puntos de San Juan el requisito será de al menos un año.
Además, las proveedoras deberán contar con un mínimo del 80% de trabajadores sanjuaninos, mantener regularizada su situación tributaria provincial y registrar en la provincia todos los vehículos utilizados en tareas vinculadas a la minería.
El proyecto también establece un esquema de prioridades para las contrataciones. En primer término deberán ser evaluados los proveedores de comunidades de influencia directa; luego los de influencia indirecta; posteriormente las empresas del resto de San Juan; más tarde las firmas nacionales y, finalmente, las extranjeras.
Otro de los puntos contemplados es la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN.), que funcionará como una base pública con información oficial de las empresas habilitadas para operar dentro de la actividad.
A su vez, las compañías mineras estarán obligadas a justificar técnicamente los casos en los que opten por no contratar proveedores sanjuaninos, detallando si la decisión respondió a cuestiones de precio, calidad o falta de disponibilidad en el mercado local.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo provincial busca fortalecer el desarrollo económico interno generado por la minería y aumentar la participación de empresas y trabajadores sanjuaninos, especialmente en los departamentos más cercanos a los proyectos extractivos