El Gobierno nacional lanzó un esquema de coordinación federal para prevenir delitos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado en zonas donde avanzan proyectos del RIGI. Río Negro y Neuquén aparecen entre las provincias alcanzadas por la medida
La medida fue formalizada este lunes a través de la Resolución 461/2026 y apunta especialmente a proyectos encuadrados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), donde aparecen como protagonistas provincias como Neuquén y Río Negro, dos de los principales polos energéticos del país.
El nuevo esquema buscará coordinar acciones entre fuerzas federales, provincias, municipios y empresas privadas para prevenir posibles maniobras de infiltración criminal en actividades vinculadas a Vaca Muerta, obras de infraestructura energética, oleoductos, gasoductos y grandes emprendimientos logísticos e industriales.
Desde Nación advirtieron que el crecimiento de inversiones multimillonarias y la expansión de infraestructura estratégica generan escenarios que pueden ser aprovechados por organizaciones criminales complejas, tanto para el lavado de activos como para actividades ilegales vinculadas a logística, transporte, contratación de servicios y movimientos financieros.
En ese contexto, el Gobierno nacional resolvió crear la “Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas”, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y tendrá participación de áreas especializadas en narcotráfico, criminalidad organizada y análisis de inteligencia criminal.
La resolución menciona expresamente a Río Negro y Neuquén entre las jurisdicciones donde se concentran proyectos estratégicos asociados al RIGI. En el caso patagónico, la decisión alcanza de manera indirecta a desarrollos vinculados a Vaca Muerta, el oleoducto VMOS hacia Punta Colorada, proyectos de exportación de gas y nuevas obras energéticas y logísticas que comenzaron a expandirse en la región.
Según el texto oficial, el crecimiento de estos emprendimientos también genera movimientos poblacionales, expansión urbana y nuevas dinámicas económicas que podrían derivar en situaciones de vulnerabilidad social o en el desembarco de estructuras delictivas asociadas a economías ilegales.
La nueva mesa tendrá como función elaborar diagnósticos de riesgo, coordinar despliegues de fuerzas federales, analizar amenazas emergentes y diseñar protocolos preventivos junto a empresas y operadores privados vinculados a los proyectos estratégicos.
Además, se prevé la participación de la denominada Unidad Antimafia y del Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, organismos creados recientemente por el Ministerio de Seguridad para monitorear fenómenos criminales complejos y el avance de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas.
En la Patagonia, la decisión se conoce en medio del fuerte crecimiento de la actividad hidrocarburífera y de las advertencias que distintos sectores empresariales y sindicales vienen realizando sobre el impacto social y económico que genera el desembarco acelerado de inversiones y empresas externas en localidades como Añelo y otras ciudades vinculadas al desarrollo energético.
El Gobierno nacional sostuvo que el objetivo es “resguardar la integridad de los proyectos”, proteger infraestructura crítica y garantizar condiciones de seguridad para inversiones que ya superan los 13 mil millones de dólares aprobados dentro del RIGI, con más de una veintena de iniciativas todavía en evaluación.