SAN JUAN.- El Gobierno provincial ya terminó el proyecto que busca incluir a los proveedores mineros de San Juan «no se queden fuera» de la segunda ola minera que se avecina.
La iniciativa, que desde hace meses genera expectativa en el sector empresario y político, ya está terminada y será enviada a la Cámara de Diputados “antes de fin de mes o, como máximo, a principios del próximo”, según confirmó el ministro de Minería de la provincia, Juan Pablo Perea, durante una entrevista en el programa La Picada.
El texto final surgió luego de una redefinición entre el proyecto impulsado por el bloquismo y la propuesta elaborada por el oficialismo. Según explicó el ministro, hubo reuniones con cámaras de proveedores y legisladores, donde se analizaron ambos borradores y se incorporaron puntos considerados positivos de la iniciativa presentada por el partido de la estrella.
El funcionario explicó que la norma apunta a “medir, ordenar, equilibrar y definir” qué se entenderá por proveedor local dentro de la actividad minera. Para eso, el proyecto distinguirá entre empresas de la comunidad donde se desarrolla el emprendimiento, firmas del resto de San Juan y proveedores provenientes de otras provincias.
La ley también diferenciará categorías según el tipo de actividad: proveedores de bienes y servicios, empresas industriales y compañías vinculadas a la construcción.
Uno de los puntos centrales del proyecto será la fijación de objetivos mínimos de participación local. Según adelantó Perea, las operadoras deberán cumplir metas del 60% de contratación de proveedores locales y del 80% de empleo sanjuanino. De todos modos, aclaró que esos porcentajes serán progresivos y dependerán de la etapa en la que se encuentre cada proyecto minero.
Además, la normativa creará un Registro de Proveedores Mineros que deberá ser consultado obligatoriamente antes de cada contratación. En caso de optar por empresas de afuera de San Juan, las operadoras tendrán que justificar la decisión y demostrar que en la provincia no existe disponibilidad, capacidad técnica, cantidad suficiente o precios competitivos para cubrir esa demanda.
La iniciativa también contemplará sanciones por incumplimientos y la creación de un consejo consultivo encargado de controlar la aplicación de la norma, con participación del Ministerio de Minería y otros actores vinculados a la actividad.
Durante la entrevista, Perea negó que el objetivo sea “cerrar la provincia” a empresas de otras jurisdicciones, aunque reconoció que el Gobierno busca evitar que un esquema de libre competencia deje afuera a proveedores sanjuaninos por cuestiones financieras o de escala.
En ese sentido, planteó que muchas firmas locales tienen conocimiento del territorio y experiencia en montaña, pero carecen de capital suficiente para competir con grandes compañías externas. Por eso, deslizó que la ley podría favorecer esquemas de asociación entre empresas sanjuaninas y firmas de otras provincias o países.
El proyecto también incorporará un apartado sobre los llamados “proyectos voluntarios de desarrollo”, es decir, las inversiones sociales que las mineras realizan por fuera del sistema de regalías y fideicomisos. La intención oficial es coordinar esas acciones para evitar superposiciones y direccionarlas estratégicamente hacia necesidades concretas de las comunidades