Sebastián Aguirre Astigueta
La incomprensión sobre el federalismo real no es menor: el término se invoca para afirmar que existe «federalismo», por ejemplo, en la implementación de la futura ley de lemas – a medias – en el interior de la Provincia de Salta, o «federalismo» en la apertura de una sede de la universidad provincial en el interior provinciano. Estas afirmaciones confunden el mero alcance distrital de una reforma electoral o la descentralización administrativa – que es una técnica de organización del Estado- con el federalismo, que es un principio estructural de distribución territorial del poder con base constitucional. En Salta, federalismo es todo y todos se cuelgan de su sayo para purificarse en sus aguas, sin comprenderlo cabalmente.
Volvamos al puente de Vaqueros y a la disputa sobre quién lo impulsa, lo gestiona, lo paga o a quién corresponde hacerlo. El puente integra un conjunto de obras del Estado Nacional sobre la ruta 9 – dos puentes y una autopista entre la rotonda de la avenida Bolivia y el puente del río Wierna, en el municipio de Vaqueros, que simplemente cuenta, en la Provincia, con un organismo de coordinación (a pesar de elaborar el proyecto técnico y llamar a licitación). Al menos eso nos dijeron en el juicio que promovimos junto a Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) para reclamar el reinicio de las obras y asegurar el financiamiento.
Ese amparo colectivo, tramitado ante la Justicia Federal de Salta desde febrero de 2025, quedó abstracto. La Cámara Federal así lo declaró, con un argumento que conviene retener: la Justicia no podría erigirse en supervisora del financiamiento de una obra pública nacional. Sin embargo, dejó expresamente abierta la puerta para que la cuestión sea nuevamente planteada si la obra se atrasara. La obra ya está atrasada y se avizora que no se cumplirán sus plazos. El principal problema sigue siendo el financiamiento, sobre el que hoy hay controversia: quién paga, por qué paga, cuánto paga. Y quién se lleva el rédito político, que es lo que se disputan todos, «colgándose del puente» como lo resumió con precisión involuntaria una infuencer política al difundir imágenes suyas, columpiándose de las vigas de la obra.
Sabido es que tenemos un presidente de la Nación que ha declarado que venía a terminar con la obra pública y que actúa, además, como el topo que destruye el Estado desde adentro. El programa de desfinanciamiento de la obra pública no es mera retórica: en lo que respecta a obras como la de Vaqueros, el Poder Ejecutivo Nacional ha recortado el financiamiento garantizado en el presupuesto federal en repetidas oportunidades durante su gestión; la última, en los escasos pagos que viene realizando en lo que va del año. De hecho, el jefe de Gabinete de la Provincia, Sergio Camacho, ha manifestado públicamente que la Provincia debió desembolsar fondos propios para pagar un certificado de obra, ante el incumplimiento del Estado Nacional. Cosas veredes e non crederes: una obra nacional, pagada por la Provincia, con los escasos recursos locales, cuando no corresponde que sea así: federalismo de desconcertación podríamos llamarlo.
Todos se cuelgan del puente, que está desfinanciado, cuya ejecución se interrumpe reiteradamente y que no va a cumplir el plazo comprometido – previsto para marzo de 2027 -, incumplido ya en sucesivas oportunidades a lo largo de su larga historia de gestión. Esta disfuncionalidad, de que unos paguen lo que corresponde a otros, de que no se honren los compromisos asumidos en el presupuesto nacional, de que se recorten fondos y se giren a discreción aportes del Tesoro Nacional, nos conduce directamente a los problemas estructurales del federalismo económico y del federalismo de concertación, que son aristas de una misma moneda constitucional. La Constitución Nacional, en su reforma de 1994, consagró el federalismo de concertación como mandato organizativo del Estado federal argentino. El artículo 75, inciso 2, estableció el régimen de coparticipación federal mediante ley convenio – con la participación de las provincias como unidades constitutivas del pacto – y organismos fiscales federales de control; el artículo 124 reconoció el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, clausura constitucional a décadas de centralismo extractivo. En material ambiental también se han fijado reglas.
El diseño apuntaba a superar el federalismo de subordinación y dual – con sus esferas de competencia estancas y su conflictividad permanente – en favor de un federalismo cooperativo, fundado en la coordinación y el acuerdo institucional entre Nación y Provincias. Treinta años después, la nueva ley de coparticipación no existe. Subsiste en cambio una disputa permanente sobre el punto, sobre todo lo que sea fondos públicos, junto con pactos fiscales que deterioran la salud de las economías provinciales mediante remedios circunstanciales, y una absoluta discrecionalidad en el envío de fondos nacionales por vía de los aportes del Tesoro Nacional – que la Constitución concibió como transferencias de excepción – utilizados políticamente para obtener «conciertos» en el Congreso Nacional (ley bases, RIGI, reforma laboral, glaciares), con el consiguiente daño al federalismo.
Ese descontrol, ese desconcierto, esas distorsiones no son casuales: a cada nivel del Estado – Nacional, Provincial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios – le conviene tener su propia lectura del federalismo según la coyuntura. La Nación lo invoca cuando quiere disciplinar provincias; las provincias lo invocan cuando quieren recursos.
En lo concreto, ambas disputan la gestión política de un puente sin reconocer que fueron los propios usuarios quienes lo reclamaron como interesados directos, directamente a la Justicia Federal, por la molestia por el uso cotidiano, por la inseguridad y por sus impuestos comprometidos en la obra. No hay concepto: hay usos estratégicos del rótulo.
Tironeo político
El conflicto por el puente es exactamente una muestra del deterioro del federalismo realmente existente en Argentina. Es federalismo de desconcertación porque la controversia política, el ruido ciudadano y el litigio judicial no giran en torno a quién tiene razón jurídica – eso casi siempre es resoluble – sino en torno a quién paga, cuando y quién se lleva el crédito político. La obra pública en la Argentina contemporánea, convertida en arena de disputa simbólica entre senadores nacionales, diputados provinciales, gobernadores y jefes de gabinete provincial, es la forma más concreta y desvirtuada del vínculo federal.
Sino veamos: cuando el jefe de Gabinete provincial reconoció el pago de fondos propios, la senadora nacional Emilia Orozco respondió en redes sociales que la obra avanza con cien por ciento de fondos nacionales. Desde el oficialismo provincial, la diputada Mónica Juárez la cruzó desde su banca; el ministro Jarzún habló de oportunismo; la senadora nacional Royón aludió a quienes, sin experiencia en gestión de obras, aparecen a «colgarse del poncho». El dato que todos omitieron es el más relevante: en el amparo colectivo, Provincia y Nación respondieron en el mismo tono, negando el derecho a los usuarios que son quienes realmente sostuvieron el reclamo. La unidad de criterio entre ambos niveles del Estado frente a los usuarios contrasta llamativamente con su confrontación posterior cuando se trata de repartir méritos.
Lo paradójico es que en esa disputa todos los actores exhiben la misma lógica desconcertante: cada uno quiere redirigir el rédito político hacia sí, ninguno asume con claridad qué competencia le corresponde, todos buscan los aplausos por la «gestión» pero ninguno reconoce los méritos ajenos ni cede gobierno sobre el recurso. Es, en suma, la misma lógica anti federal que dicen combatir.
Federalismo
A nivel de quienes reflexionan sobre el estado del federalismo real en Argentina – reflexión que hemos abordado en varias oportunidades en este diario -, la cuestión no cambia con los gobiernos. Día a día se incumple la Constitución Nacional. El federalismo de concertación, tal como circula en la academia y en los foros técnicos, opera como una gramática normativa que describe lo que debería existir, pero que difícilmente encuentra en los actores políticos voluntad alguna de resolver su ausencia real ni de responder, con honestidad intelectual, por qué no existe.
La respuesta al dilema (federalismo de concertación en la norma, des-concertación en la realidad) es estructural y de toda evidencia en la Provincia, no solo para el puente sino también, por ejemplo, para la ruta nacional 9-34 que es un peligro para la seguridad pública y representa atraso económico: la concertación presupone actores con capacidad de gestión institucional coordinada, información compartida, buena fe y horizontes temporales coincidentes, sin especulaciones partidocráticas. Ninguna de esas condiciones opera plenamente hoy. Cuadro agravado en tanto las provincias exhiben capacidades institucionales y económicas asimétricas, que crece. Añado un dato que preocupa: vamos a Provincias súper ricas (Neuquén) y regiones empobrecidas a paso acelerado (AMBA). El resultado es un sistema que produce pobreza, regresión y desconcertación federal, de manera sistemática, no accidental. El vencimiento del plazo para terminar el puente y la circunvalación de Vaqueros llegará. Las necesidades y la seguridad de la población no esperan a que los distintos niveles del Estado resuelvan sus diferencias conceptuales ni sus disputas de rédito.
Los vecinos, que demostraron que pueden llegar a la Justicia Federal cuando la política falla, evaluamos hacerlo nuevamente. Que seamos simples vecinos o ciudadanos – ajenos al desconcierto- quienes sostengamos la exigencia constitucional ante los tribunales, en ausencia de voluntad política realmente coordinada entre los niveles del Estado, es quizás la imagen más fiel del federalismo que tenemos