Antena instalada de forma irregular en el barrio. Crédito: El Chorrillero.
Caso Cerro de la Cruz
La Municipalidad detalló el procedimiento administrativo y judicial que viene desarrollando a fin de efectivizar la remoción de una antena de telefonía celular instalada de forma irregular en el barrio Cerro de la Cruz.
La secretaria de Servicios Públicos, Yanina Miranda, pormenorizó la serie de intimaciones que se le han cursado a la firma propietaria desde mediados del año pasado y aclaró que, si bien el Ejecutivo local está dispuesto a intervenir de oficio ante la persistente inacción corporativa, se deben respetar de forma estricta los plazos y las autorizaciones judiciales por tratarse de una estructura privada emplazada en un terreno particular. El historial de actuaciones de las áreas de control comunal se inició formalmente en julio de 2025, momento en que se intimó por primera vez a la prestataria Sitios Argentinos para que procediera al desarme voluntario del soporte de comunicaciones en un lapso no mayor a los treinta días.
Ante el vencimiento de dicho plazo sin registrarse respuestas, el municipio dio intervención inmediata al Juzgado de Faltas local. En ese ámbito, el juez Alejandro Ferrari dispuso el mes pasado la aplicación de una sanción económica de 3 millones de pesos a la compañía, otorgándole una prórroga perentoria de dos semanas que tampoco fue atacada, en paralelo a los reportes informativos que la intendencia remitió a los organismos reguladores del orden nacional.
Frente a los reclamos de la barriada, desde la Secretaría de Servicios Públicos enfatizaron la necesidad de blindar legalmente cada paso institucional para evitar contrademandas que terminen perjudicando el patrimonio del Estado puntano.
Miranda argumentó que un ingreso compulsivo al lote sin un aval legal sólido constituiría una severa irresponsabilidad jurídica. Asimismo, recordó que la normativa vigente establece que la obligación primaria del retiro de la infraestructura y de la adecuación del espacio recae exclusivamente sobre la firma infractora, dado que el desmonte de este tipo de tecnología no es competencia ni forma parte de las prestaciones operativas de la Comuna. No obstante, el Ejecutivo capitalino ratificó que avanzará con la remoción de manera subsidiaria apenas la Justicia de Faltas emita el oficio habilitante para actuar dentro de la propiedad privada. Debido a las dimensiones y características de la torre de hierro, los talleres municipales no cuentan con las grúas ni con los operarios capacitados para tareas de altura de tal magnitud, por lo que la gestión se verá obligada a contratar un servicio especializado de terceros, cuyo costo de ejecución se estima en torno a los 20 millones de pesos. Fuente: El Chorrillero.
Radio Popular San Luis