Desde San Juan cuestionaron con dureza la postura del Gobierno riojano por considerar que intenta instalar una disputa «sin respaldo legal ni técnico» sobre el proyecto Lunahuasi. El ministro de minería Juan Pablo Perea acusó a La Rioja de «inventar un conflicto» pese a que, según afirmó, los límites provinciales están definidos por ley desde hace más de cinco décadas y el emprendimiento minero se desarrolla íntegramente en territorio sanjuanino.
El Ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, en declaraciones a Zonda Diario, respondió con contundencia a las recientes declaraciones de su par riojano, Ernesto Pérez, respecto al proyecto minero Lunahuasi. El funcionario sanjuanino calificó los reclamos de la provincia vecina como carentes de sustento legal y técnico, reafirmando que el emprendimiento se encuentra emplazado en su totalidad dentro de los límites sanjuaninos.
Soberanía y legalidad indiscutible
Para el ministro Perea, el planteo de La Rioja no es más que una distorsión de la realidad jurídica vigente. «Las declaraciones del ministro de Producción de La Rioja, Ernesto Pérez, son lisa y llanamente falsas. Lunahuasi está íntegramente en territorio sanjuanino», afirmó de manera tajante. El funcionario explicó que esta postura no es una interpretación subjetiva del gobierno local, sino que se fundamenta en la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso en 1968 y ratificada en 2014 en el Digesto Jurídico Argentino.
Perea subrayó la estabilidad de estos límites, señalando que llevan 57 años de aplicación ininterrumpida por gobiernos de todos los signos políticos. En este sentido, fue enfático al declarar: «El Gobierno de La Rioja está inventando un conflicto que jurídicamente no existe. San Juan defiende su territorio con la ley en la mano», emulando las palabras del gobernador Marcelo Orrego.
Refutación técnica sobre el Glaciar El Potro
Uno de los puntos más polémicos del planteo riojano es la supuesta afectación del Glaciar El Potro. El ministro Perea desestimó estas versiones basándose en datos geográficos precisos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Según explicó, una cadena montañosa separa físicamente el área del proyecto del glaciar, lo que impide cualquier tipo de vinculación ambiental o física.
«Lo que el ministro Pérez afirma sobre el Potro es algo geográficamente falso. Ese glaciar desciende mayoritariamente hacia Chile, no hacia La Rioja», detalló Perea. Además, lamentó que se sostengan afirmaciones que, según su criterio, «no resisten el menor de los análisis técnicos».
Rechazo al modelo de «área común»
La Rioja ha sugerido aplicar un modelo de administración compartida, similar al que utilizan Salta y Catamarca en la explotación del litio. Sin embargo, Perea rechazó de plano esta posibilidad, calificando la comparación como jurídicamente impropia. «Ese modelo funciona porque se trata de salares físicamente compartidos por ambas provincias. Lunahuasi no es eso», aclaró el ministro.
El funcionario fue firme al sostener que «no existe ninguna figura legal en la Argentina que obligue a una provincia a compartir la administración de recursos que están en su exclusiva jurisdicción». Para San Juan, equiparar estas situaciones es un intento de forzar una participación que no corresponde bajo el marco legal vigente.
Seguridad jurídica y el futuro minero de San Juan
El ministro destacó que Lunahuasi cuenta con su propiedad minera en regla, aprobación ambiental vigente y todos los permisos correspondientes para su etapa de exploración. «El proyecto avanza, como debe avanzar, en un marco de plena legalidad», aseguró, informando además que la reciente temporada de perforación concluyó con resultados excelentes y muy positivos.
Finalmente, Perea enmarcó este conflicto dentro de la estrategia de San Juan para consolidarse como el polo minero más importante del país, con proyectos que suman más de 30 mil millones de dólares en inversión. «Esa apuesta requiere seguridad jurídica, reglas claras y respeto entre provincias», concluyó, reafirmando que, si bien San Juan está abierto al diálogo institucional, no admitirá que se discutan límites cerrados por ley hace medio siglo