Editorial El Tribuno Director: Sergio Romero
El boom de la inversión minera en la Argentina es el efecto esperable en una época en que esta producción primaria cobra protagonismo crítico en el desarrollo de las nuevas tecnologías. La cuarta revolución industrial es el inicio de una nueva era en la economía, el trabajo y la cultura.
La creciente demanda mundial de minerales imprescindibles para un sistema industrial absolutamente transformado genera expectativas extraordinarias para Salta y las provincias cordilleranas. El cobre, el litio, el oro y las tierras raras, entre otros minerales, abundan en nuestro suelo y son decisivos en el comercio mundial. No podemos dejar pasar de largo la oportunidad.
Argentina acredita un gran potencial minero, ya que es uno de los países con mayores reservas y recursos a nivel internacional. Sin embargo, es todavía muy baja su participación en la producción mundial de oro, plata y litio.
El Banco Mundial considera acertadas las políticas para el desarrollo minero adoptadas en los últimos años y destaca el aliento a la inversión privada como una de las vías más directas para el fortalecimiento económico del país y una oportunidad para el desarrollo social en beneficio de población. Pero el organismo destaca otros dos requisitos básicos de los emprendimientos mineros: las políticas sectoriales y el desarrollo de la infraestructura básica. El éxito de una actividad con un uso intensivo de capital, como lo es la minería destaca el Banco- depende de alianzas eficaces entre los sectores público y privado.
Es imprescindible hoy dejar de lado prejuicios retardatarios que intentan poner barreras a la minería, a la producción agroganadera y forestal y al desarrollo de energías eficientes, como la nuclear, que ofrecen al país una enorme posibilidad de posicionarse mucho mejor en la economía mundial.
En toda inversión productiva la condición esencial es la garantía de estabilidad a largo plazo. La sanción del Régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI), que ofrece beneficios tributarios y asegura 30 años de estabilidad tributaria y cambiaria, es un aporte importante del gobierno nacional. Y ahora, el llamado «súper RIGI» apunta a extender su alcance.
Pero hay mucho más por hacer.
La Mesa de Minería, en un informe dirigido a los proveedores del rubro, señala que, a pesar de la gran disponibilidad de reservas de recursos mineros, la Argentina tiene un déficit para su industria cercano a los 2.000 millones de dólares. Destacan que, teniendo abundantes reservas de uranio y acreditar una experiencia de ocho décadas en la energía nuclear, el país importa US$ 30 millones de uranio de Kazajistán. Además, compra US$ 800 millones de mineral de hierro por año de Brasil, y US$ 400 millones de cobre industrializado.
Para afrontar el desafío que suponen la exploración de reservas propias, la explotación y la comercialización en las condiciones más favorables, son imprescindibles políticas de Estado, conforme a los principios del federalismo, y que tomen en cuenta las necesidades a largo plazo de los inversores, así como las urgencias inmediatas de los habitantes de las provincias mineras.
Sin acuerdos de fondo entre las empresas, el gobierno nacional, las provincias y los municipios todo puede fracasar. Según el criterio del Banco Mundial, la falta de infraestructura vial y de transporte, la creación de establecimientos de formación profesional para los pobladores y los desarrollos urbanísticos y sanitarios locales solo pueden afrontarse con la colaboración de las empresas y el Estado.
De trata de decisiones a treinta años de plazo, que es lo mismo que demanda la inversión minera para producir utilidades a las empresas; pero la sustentabilidad depende también de beneficios más cercanos para los habitantes de cada provincia. Un nuevo acuerdo federal y una reactivación de los proyectos regionales sigue siendo imprescindible no solo para el éxito de las empresas mineras, sino para el desarrollo humano de todo el país