El intendente de Ariel Sujarchuk encabezó este miércoles junto al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, una reunión en la Secretaría de Seguridad de Escobar para avanzar en la discusión de una reforma de la ley de seguridad provincial y la creación de un marco legal para las policías municipales.
El encuentro reunió a intendentes oficialistas y opositores, en una señal de consenso político frente a una de las principales preocupaciones de los vecinos: la seguridad. Participaron, además de Sujarchuk, Jorge Ferraresi, Leonardo Botto, Gastón Granados, Federico Otermín, Nicolás Mantegazza, Federico Achával, Federico Susbielles y Ramón Lanús.
La presencia de jefes comunales de distintos espacios políticos dejó en evidencia que el debate por la seguridad municipal excede las fronteras partidarias y refleja una demanda común de los municipios para contar con mayores herramientas en materia de prevención del delito.
Durante el encuentro se debatieron mecanismos para actualizar el marco normativo vigente y reconocer institucionalmente el rol que hoy cumplen los municipios en políticas de seguridad, especialmente en tareas vinculadas al monitoreo urbano, prevención y coordinación territorial.
El ministro Alonso sostuvo que el gobernador bonaerense enviará este año a la Legislatura un proyecto de ley destinado a modernizar la normativa vigente. “Estamos en un momento de resultados importantes en materia de seguridad, con reducción de homicidios, robos de autos, motos y asaltos. Eso es posible porque llevamos adelante estrategias específicas en cada municipio, reconociendo el rol de los intendentes, algo que hoy la ley no contempla”, afirmó.
En ese sentido, destacó que los municipios vienen realizando inversiones significativas en centros de monitoreo, fibra óptica, tecnología y policías locales, aunque muchas de esas funciones no están contempladas dentro del esquema legal actual.
“Tenemos que avanzar hacia un marco normativo que contemple cómo funcionan las policías municipales, qué armamento pueden tener, cómo se controlan esos cuerpos, cómo se fortalecen los centros de monitoreo y cómo se articula el trabajo con la Justicia”, explicó Alonso.
El funcionario provincial también hizo referencia al financiamiento de la seguridad y cuestionó el reparto de recursos nacionales hacia la provincia de Buenos Aires. “La coparticipación federal castiga profundamente a la provincia y eso limita nuestra capacidad de acción”, señaló