Funcionarios provinciales, intendentes y representantes del sector privado participaron de una reunión en Rosario para avanzar en el proyecto de reorganización de accesos portuarios. Marcelo Manera
Se trata de un esquema que trabaja el gobierno de Maximiliano Pullaro con administración del sector privado; el plan contempla mejoras viales; el secretario de Cooperación Cristian Cunha dijo que la provincia “no va a recaudar nada” con el esquema que se analiza
El gobierno de Santa Fe avanza en un esquema para crear un fideicomiso con aportes privados destinado a financiar obras viales en los accesos a los puertos del Gran Rosario, por donde sale cerca del 80% de los granos del país. La iniciativa, que según indicaron en la provincia viene siendo trabajada junto con municipios y actores de la cadena agroindustrial, apunta a acelerar inversiones en infraestructura para una región que concentra unos 2 millones de camiones por campaña agrícola.
La propuesta contempla mejoras de rutas, construcción de rotondas, ampliación de carriles y adecuación de accesos para reducir problemas de circulación en momentos de alta actividad. En la provincia señalaron que el sistema vial actual resulta insuficiente para absorber el movimiento que genera la actividad portuaria. Solo durante la cosecha ingresan camiones desde 13 provincias distintas, con demoras y congestión que afectan tanto a la logística como a las localidades atravesadas por estos corredores.
En diálogo con LA NACION, el secretario de Cooperación de Santa Fe, Cristian Cunha, explicó que la provincia “no va a recaudar nada” con el esquema que se analiza. Según detalló, la propuesta contempla la creación de un fideicomiso administrado junto con actores privados y municipios, con un aporte estimado de US$1,50 por tonelada transportada. De ese total, indicó que US$0,40 quedarían para los municipios de la zona para cubrir costos vinculados al funcionamiento y control del sistema, mientras que US$1,10 se destinarían al fideicomiso para financiar obras.
“El propio sector privado va a administrar ese fideicomiso junto con la provincia y los municipios para hacer las obras”, señaló. Según explicó, la idea es que ese flujo futuro permita, además, buscar financiamiento internacional y acelerar trabajos en rutas y accesos portuarios. “Si solamente se hicieran las obras con el aporte directo, se necesitarían 20 años para concretarlas”, afirmó. Cunha sostuvo que la provincia ya lleva invertidos unos US$500 millones en infraestructura vinculada al sistema portuario en los últimos 28 meses, aunque reconoció que “falta muchísimo más”.
El funcionario señaló que la discusión se da en un contexto en el que se espera un mayor movimiento de cargas hacia los puertos santafesinos. Según indicó, con el futuro dragado de la hidrovía se prevé que más barcos completen carga en terminales del Gran Rosario, lo que implicaría un incremento en la circulación de camiones. “No podemos tener una Santa Fe con capacidad de recibir mucho más volumen si no ponemos en condiciones la infraestructura vial”, sostuvo.
En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó ayer en Rosario una reunión con intendentes del cordón portuario, funcionarios provinciales y representantes del sector privado para avanzar en consensos políticos y técnicos sobre el proyecto. Del encuentro participaron los ministros Lisandro Enrico, de Obras Públicas; Gustavo Puccini, de Desarrollo Productivo; y Pablo Olivares, de Economía; además de Pablo Bortolato, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario.
También estuvieron los intendentes y presidentes comunales Leonardo Raimundo, de San Lorenzo; Alberto Ricci, de Villa Gobernador Gálvez; Carlos De Grandis, de Puerto General San Martín; Antonio Fiorenza, de Timbúes; Daniel Tonelli, de Arroyo Seco; Carlos Pighín, de Alvear; y Natalia Giovacchini, vicepresidenta comunal de General Lagos.
El ministro Enrico señaló que la reunión dejó “conclusiones positivas” y que hubo acuerdo entre las partes para avanzar con el proyecto. “Lo más destacado es que todos los presentes coincidimos en que es el momento de dar una vuelta de página con este tema e ir hacia un circuito portuario moderno, que tenga un plan de obras progresivo en plazos, que minimice los problemas ambientales y los cascos urbanos que se le generan a las ciudades que son atravesadas por rutas portuarias”, indicó.
“Por campaña de cosecha, tenemos alrededor de 2 millones de camiones que ingresan a los puertos, procedentes de 13 provincias, y no solo es toda una actividad que posibilita sostener a miles de fuentes de trabajo del país, sino también que consolida un eslabón clave para la salida de la producción nacional hacia el exterior”, agregó.
Como paso institucional concreto, Enrico anticipó que el objetivo es “elevar un proyecto de ley a la Legislatura que sea analizado y pueda plasmar cada uno de los puntos que son necesarios para lograr el nuevo circuito de ingreso a los puertos”.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó: “Estamos construyendo una política de Estado en materia logística, que no se agota en este mandato y que tiene que sostenerse en los próximos gobiernos, con consenso, por eso trabajamos con cada actor para lograr que el Circuito de Ingresos a Puertos sea convalidado y fruto de un gran acuerdo. Todos coincidimos en que los caminos por los que la producción llega a los puertos no pueden estar en este estado”.
Ante este proyecto, desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) señalaron que entienden la importancia de contar con una infraestructura vial adecuada, eficiente y sostenible para una región clave en la salida de exportaciones agroindustriales. En ese marco, destacaron el trabajo técnico e institucional que viene realizando la Bolsa de Comercio de Rosario con diagnósticos y propuestas sobre los problemas logísticos que enfrenta el Gran Rosario.
La entidad rural remarcó, además, que el estado de las rutas y accesos portuarios es “un factor determinante para la competitividad del sector” y consideró fundamental que los productores agropecuarios participen de manera activa en este tipo de iniciativas y en los espacios donde se discuten soluciones vinculadas con la infraestructura y la logística.
No obstante, advirtió que la implementación de una nueva tasa sobre el transporte de cargas implicaría “un aumento adicional de los costos logísticos que recaerá directa o indirectamente sobre los productores agropecuarios”, en un contexto de elevada presión impositiva. También sostuvo que el financiamiento de la infraestructura productiva debe formar parte de una política integral en la que el Estado nacional y provincial asuman responsabilidades y reafirmó su disposición al diálogo con las autoridades y las instituciones involucradas.
s