La industria minera vive lo que sus referentes describen como un momento bisagra. La reforma de la ley de Glaciares, aprobada en el Congreso durante el verano, abrió una ventana que el sector venía esperando hace años: la posibilidad de acelerar la inversión en proyectos de cobre y litio. La judicialización llegó rápido —el gobierno de La Pampa presentó una impugnación y se esperan más adhesiones—, pero en la industria la leen con moderado optimismo. “Todas las causas van a confluir y llegarán a la Corte Suprema”, señaló Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), quien confía en que el fallo final será favorable al sector. Si eso ocurre, estiman que las inversiones mineras podrían duplicarse a partir de 2028 y 2029.
Mientras la disputa judicial sigue su curso, los números del sector ya muestran su mejor momento. Las exportaciones de la minería metalífera alcanzaron los US$6056 millones en 2025, un 30% más que en 2024 y el máximo histórico del sector, equivalente al 7% de las exportaciones nacionales totales. Para 2026, la CAEM proyecta superar los US$9000 millones, un 49% adicional sobre el año récord. El horizonte de largo plazo apunta más lejos: un potencial exportador de US$22.000 millones para 2035, solo en cobre y litio.
El salto exportador de 2025 tiene dos explicaciones. La primera es el crecimiento sostenido de la producción de litio: de 35.000 toneladas de carbonato equivalente (LCE) en 2022 a 116.100 en 2025, un alza de 241%. La segunda —y la más relevante en términos de valor— es la mejora de los precios internacionales del oro y la plata. Las exportaciones de oro treparon de US$2159 millones en 2022 a US$4094 millones en 2025, pese a que la producción cayó de 1,3 millones de onzas a 1,18 millones. En plata, la baja productiva —de 28,3 millones a 21,3 millones de onzas— también fue compensada por los precios: las exportaciones prácticamente no se movieron, de US$802 millones a US$785 millones.
Pero Cacciola no eludió la advertencia que subyace a ese dinamismo: “Si volvemos a los precios de 2022, todas las minas de oro y plata en la Argentina, con estos costos, no estarían operando”. La situación es estructuralmente distinta para el litio y el cobre, minerales centrales de la transición energética global, con demanda creciente y reservas abundantes en el país. Son ellos los que sostienen las expectativas de largo plazo.
Más allá de los datos económicos, en el sector destacan un cambio que consideran igualmente relevante: la sociedad argentina otorga hoy una licencia social a la minería que hace pocos años no existía. En ese giro confluyen la difusión de información sobre los impactos reales de la actividad, el involucramiento de las comunidades locales y, también, la visibilidad que le dio al sector el gobierno de Javier Milei.
En 2025, Karina Milei —secretaria general de la Presidencia y figura central del círculo de poder del presidente— viajó sin el Presidente a Canadá para representar al país en el Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el evento minero más importante del mundo. Ahora participará de un encuentro sectorial en San Juan junto a Diego Santilli, ministro del Interior —a quien en la industria le reconocen un papel clave en la negociación parlamentaria de la ley de Glaciares—, el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Al evento asistirán también siete gobernadores: Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz). La nómina grafica el consenso transversal que el sector construyó: ninguno de esos mandatarios pertenece a La Libertad Avanza, pero todos respaldan la actividad minera como política de Estado.
Ese alineamiento tiene sustento económico concreto en las provincias productoras. La minería representa el 93,2% de las exportaciones de Catamarca, el 86% de las de Santa Cruz y San Juan, y el 81% de las de Jujuy.
En materia fiscal, las provincias perciben regalías del 3% del valor boca de mina en los proyectos existentes —tope que el RIGI elevó al 5% para las nuevas inversiones, aunque varios gobernadores optaron por no aplicar el máximo para no desalentar inversiones—.
Sobre el litio y la plata recaen además derechos de exportación del 4,5%, lo que implica que, combinados con las regalías y fideicomisos provinciales, esos minerales soportan cargas de hasta el 9,5% sobre el ingreso bruto. El cobre y el oro, en cambio, no pagan retenciones. “Hay una inconsistencia que se tiene que resolver”, señaló Cacciola.
En cuanto al empleo, el sector pasó de 105.000 puestos directos e indirectos en 2025 a 116.100 en lo que va de 2026 (10,6% de aumento), con un salario mínimo 2,5 veces superior al promedio de los asalariados privados registrados y una informalidad de apenas el 1,3%, detallan en la cámara minera. Cacciola fue explícito sobre los límites de la actividad: “La minería puede ayudar a sumar empleo, pero sería un grave error pensar que puede absorber todos los puestos que se pierden en otros sectores”.
La proyección es de 200.000 empleos directos e indirectos para 2032, impulsada por proyectos que en etapa constructiva requieren hasta 800 empresas proveedoras y en operación sostienen vínculos con unas 550 durante los 30 años de vida útil promedio de una mina.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es hoy el principal instrumento para canalizar el interés inversor. Al menos 13 proyectos mineros fueron presentados al régimen, con una inversión total declarada de US$42.000 millones; siete ya obtuvieron aprobación, por un monto de US$7948 millones.
Entre los aprobados figuran el proyecto Hombre Muerto Oeste (US$217 millones, litio, Galan Lithium, Catamarca), Rincón (US$2724 millones, litio, Rio Tinto, Salta), Los Azules (US$2672 millones, cobre, McEwen Mining, San Juan), Diablillos (US$760 millones, plata, Abrasilver Resources, Salta-Catamarca), Gualcamayo (US$665 millones, oro, AISA Group, San Juan), Veladero (US$380 millones, oro, Barrick/Shandong Gold, San Juan) y Fénix (US$530 millones, litio, Rio Tinto, Catamarca).
Los seis proyectos que aguardan resolución concentran la mayor parte de la inversión potencial. El más grande es Vicuña —que integra los yacimientos Filo del Sol y Josemaría bajo el paraguas de BHP y Lundin, en San Juan— con una inversión prevista de US$18.104 millones en cobre. Le sigue El Pachón (US$9500 millones, cobre, Glencore, San Juan) y el proyecto MARA —Minera Agua Rica Alumbrera— (US$3800 millones, cobre, Glencore, Catamarca). Completan la lista pendiente Exar (US$1200 millones, litio, Ganfeng/Lithium Argentina, Jujuy), Sal de Vida (US$818 millones, litio, Rio Tinto, Catamarca) y Sal de Oro (US$633 millones, litio, Posco, Salta).
El principal condicionante para que se aceleren las inversiones sigue siendo la resolución de la ley de Glaciares. Sin tener ese tema resuelto, el proyecto Vicuña invertirá de todos modos US$800 millones este año. Pero la apuesta mayor esperará las certezas jurídicas. “No van a enterrar US$18.000 millones si no hay certezas”, concluyó Cacciola.
LA NACION Sofía Diamante