Sin derrame
El diputado por Municipio de Puerto Deseado, Santiago Aberastain (SER) defendió la ley 90/10, pero puso el foco en la falta de impacto real de la minería en su ciudad y cuestionó el modelo actual: «Se ha hecho poco o casi nada». Impulsa una Mesa Minera para discutir estos temas.
«Si vos me preguntás cómo era Puerto Deseado antes de Cerro Moro, cómo es hoy y cómo creo que va a ser el día que no esté… sinceramente, mucha diferencia no hay».
La definición del diputado por Puerto Deseado, Santiago Aberastain, llega desde el propio oficialismo y apunta directo al corazón del debate minero en Santa Cruz: el derrame económico.
En diálogo con Radio Vanguardia, el legislador defendió la implementación de la ley 90/10 -que exige mayor contratación de mano de obra santacruceña-, pero al mismo tiempo expuso lo que considera la principal deuda de la actividad en los últimos años.
«Es cierto que hay puestos laborales ocupados por deseadenses, eso es verdad», aclaró. Pero inmediatamente marcó el límite: «A la hora de hablar de desarrollo de proveedores, de fortalecimiento institucional, del cambio cultural que implica ser una comunidad minera… se ha hecho poco o casi nada».
El planteo no quedó ahí. Aberastain fue más allá y trazó un diagnóstico estructural: «Esto hay que plantearlo en un lugar donde estemos todos los que tenemos toma de decisiones, con un orden del día, con temas concretos. Eso no se ha hecho».
Y remató con una frase que condensa su mirada sobre el modelo que, según él, debe cambiarse:
«Cuando las instituciones son débiles, el negocio es para unos pocos. Y ese es el resumen de la minería hoy».
El diputado vinculó esa debilidad institucional con la falta de impacto real en las localidades, incluso en un contexto favorable para el sector. «Estamos en un momento en el que a la actividad le está yendo muy bien por la cotización del oro y la plata, pero eso no se ve en las localidades», sostuvo.
En ese marco, defendió la ley 90/10 como una herramienta clave para revertir esa lógica. «No solamente se pueden generar más puestos de trabajo, sino que los que existen hoy tienen que ser en mayor proporción para los santacruceños», explicó, al tiempo que reconoció que su implementación no es sencilla y que las empresas han planteado resistencias.
Según detalló, las operadoras ya deben declarar bajo juramento la composición de su personal y el Ministerio de Trabajo monitorea ese cumplimiento, aunque admitió que existen casos de excepción cuando no se consigue mano de obra local con el perfil requerido.
De fondo, Aberastain planteó que el desafío es más profundo que una ley puntual. «Nuestra obligación es pasar de ser una provincia con minería a ser una provincia minera. Y eso implica un cambio cultural, no solo legislativo», afirmó.
En esa línea, impulsa la creación de una «mesa minera» para concentrar decisiones y ordenar la actividad, con participación del Estado y las empresas. El objetivo, según explicó, es evitar la fragmentación y generar condiciones para que el impacto económico sea mayor en el territorio