La presentación de los lineamientos generales que el Ejecutivo realizó en Iglesia del proyecto de proveedores mineros no cayó bien entre los empresarios de ese distrito. Según indicó el presidente de la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (Aituric), Víctor Alberto Grau; el diputado iglesiano, Gustavo Deguer, presidente de la Comisión de Minería de Diputados, y fuentes calificadas, hubo “dudas y malestar” sobre un punto central: la zona de influencia del proyecto minero. Esto es, qué distritos serán prioritarios, según la ley, para que las empresas contraten mano de obra y también proveedores de servicios. Es que, según explicaron y lo que trascendió del documento utilizado en la reunión para explicar la iniciativa legislativa, a la hora de hablar de “comunidades de influencia” se hace referencia a más de un municipio y no al departamento donde está asentado el proyecto minero. Así, desde el sector privado, y también según lo indicado por el diputado, una empresa minera podría emplear trabajadores y contratar servicios en otros departamentos e, igualmente, cumplir con lo que dice la ley. El proyecto no ha ingresado a Diputados para su tratamiento, pero se espera que ocurra en el corto plazo.
La ley de Desarrollo Local Minero, o más conocida como ley de proveedores mineros, se ha convertido en una deuda pendiente del oficialismo. Es que, desde el Ministerio de Minería, en conjunto con el Ministerio de Producción, trabajaron en una redacción para favorecer, por parte de las empresas mineras, la toma de mano de obra sanjuanina y también la contratación de empresas locales proveedoras de servicios. El Ejecutivo trabajó durante 2025 para tener un proyecto consolidado, por lo que se esperaba que la ley fuera sancionada el año pasado, lo que finalmente no ocurrió. Es que, según se dijo, no quisieron avanzar en la normativa hasta tanto el Congreso de la Nación no aprobara la modificación a la ley de Glaciares, lo que finalmente sucedió a principios de este mes. Con ese paso cumplido, desde la gestión orreguista vienen diciendo que tienen todo listo para enviar a Diputados el proyecto para que sea debatido y aprobado en el corto plazo.
Así, desde el Ministerio de Minería y Producción vienen desarrollando una serie de charlas con las distintas comunidades, para presentar los lineamientos del proyecto que será enviado a Diputados. En ese marco, el lunes hubo un encuentro en el Nodo Turístico de Pismanta, en Iglesia, donde participaron “actores territoriales de Iglesia y Jáchal”.
Víctor Alberto Grau, de Aituric, sostuvo que hubo “malestar” entre los presentes, más precisamente entre los iglesianos, ya que, según su apreciación, el proyecto está “mal redactado”, lo que “da lugar a confusión” para su aplicación. Es que, según el resumen que circuló entre los presentes, en el punto en el que se establece la definición de “comunidades de influencia”, se explicó que se hace referencia a “los Municipios de la Provincia de San Juan que se encuentren localizados en el área de influencia directa del proyecto minero. Según el IIA aprobado por una DIA, esta puede extenderse a otro municipio”.
Para los proveedores iglesianos, dicho texto implica que, por ejemplo, para el caso del proyecto Vicuña, si la zona de influencia también contempla a Jáchal, la empresa puede realizar contrataciones y tomar personal de ese departamento y, de esa manera, cumplir con lo que indicará la futura ley. Incluso, Grau fue más allá al indicar que “podrían priorizar contratos con empresas instaladas en Angaco o Capital, porque en esos departamentos también funcionan oficinas de las distintas empresas mineras”.
En el mismo sentido se expresó Gustavo Deguer, el diputado bloquista presidente de la Comisión de Minería de Diputados, quien dijo que “hubo malestar sobre qué se considera zona de influencia local porque no queda claro dentro del proyecto cuál sería esa zona. Nosotros entendemos que la prioridad la debe tener el departamento donde está emplazado el proyecto y después los demás municipios”.
Así, Deguer dijo que “creemos que eso se debe solucionar, ya que queremos que los iglesianos tengan trabajo, porque, así como está el proyecto, sigue sin servirnos”. El diputado destacó que existe apertura de diálogo con el oficialismo para, de existir la posibilidad, aplicar cambios al proyecto, mientras que arrojó una frase intimidante al indicar que “ojalá que no tengamos que interponernos” a la hora del tratamiento dentro de la Comisión de Minería o en la discusión del proyecto en el recinto.
Cabe aclarar que el bloquismo es un aliado político clave para que los proyectos enviados desde el oficialismo tengan el OK legislativo. Además, desde el partido de la estrella presentaron un proyecto propio de proveedores mineros, que es similar al del oficialismo, con algunos cambios.
Entre los puntos centrales del proyecto orreguista se destaca que las empresas deben presentar un Plan de Desarrollo de Empleo Local que tendrá un objetivo “a alcanzar por el proyecto minero en forma progresiva y por etapas de la actividad minera”. El plan deberá proponerse, como objetivo durante la implementación, alcanzar un ochenta por ciento (80 %) de contratación de la nómina total de trabajadores directos e indirectos vinculados al proyecto, incluyendo los de sus contratistas”.
También deberá presentar un “Plan de Desarrollo de Proveedores Locales” acorde a las características propias del proyecto, que fije los objetivos de desarrollo de proveedores dentro del proyecto minero, en forma progresiva y por etapas. Ese plan “deberá proponerse, como objetivo durante su implementación, alcanzar una contratación con proveedores locales equivalente al sesenta por ciento (60 %) del monto total de adquisiciones, contratadas de manera directa por la empresa minera o de manera indirecta mediante contratistas”.
Según la información oficial, el proyecto del oficialismo “está integrado por 23 artículos y busca que la inversión minera tenga un impacto creciente y verificable en el desarrollo local, mediante planes con objetivos progresivos acordados entre las empresas operadoras y la autoridad de aplicación. Se trata de una herramienta normativa pensada para que el crecimiento del sector se traduzca en oportunidades concretas para proveedores, trabajadores y comunidades de los departamentos mineros”