El control sobre el empleo en la minería de Santa Cruz entra en una nueva etapa que pone el foco en quiénes trabajan efectivamente en los yacimientos. Con el plazo de adecuación ya cumplido, el Gobierno provincial decidió avanzar con medidas más exigentes para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
La política se basa en la conocida ley 90/10, que establece que la gran mayoría de los puestos debe estar ocupada por trabajadores con residencia en la provincia. A partir de ahora, ese requisito no solo se mantiene, sino que se vigila con herramientas más precisas y controles directos en el territorio.
En ese contexto, autoridades del Ministerio de Trabajo mantuvieron reuniones con empresas del sector para ajustar la aplicación de la norma. Participaron firmas como Cerro Vanguardia, Patagonia Gold, Minera Santa Cruz y Oroplata, entre otras, en un encuentro donde se evaluó la situación actual del empleo.
El eje de esta nueva fase es el refuerzo de la fiscalización. Desde el Gobierno confirmaron que se inicia un período de controles más rigurosos, orientado a detectar posibles incumplimientos y a ordenar la actividad en un sector clave para la economía provincial.
Uno de los instrumentos centrales es el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL). Esta plataforma obliga a las empresas a declarar a todo su personal, con datos que tienen carácter de declaración jurada y que permiten un seguimiento detallado.
El sistema también habilita el monitoreo en tiempo real del cumplimiento del cupo laboral exigido. De esa manera, el Estado puede cruzar información y detectar irregularidades sin depender únicamente de inspecciones presenciales.
En paralelo, los operativos en campo ya comenzaron a mostrar resultados. Según indicaron desde el Ejecutivo, se detectaron inconsistencias en domicilios declarados por trabajadores, lo que encendió alertas sobre posibles simulaciones de residencia.
Estas situaciones son consideradas faltas graves dentro del esquema normativo. Las empresas involucradas podrían enfrentar sanciones económicas si se comprueba que los datos fueron falseados para cumplir formalmente con la ley.
La normativa prevé un margen de excepción limitado para ciertos casos. Hasta un 10% del personal puede no ser local, siempre que se trate de perfiles jerárquicos o altamente especializados y que la empresa justifique esa decisión.
Sin embargo, ese permiso no es automático. Las compañías deben demostrar que no hay trabajadores disponibles en la provincia y, además, comprometerse a formar personal local para cubrir esos puestos en el futuro.
El Gobierno también apunta a reforzar la capacitación como parte de la estrategia. Se busca ampliar la oferta de mano de obra calificada en articulación con instituciones educativas y sindicatos, para responder a la demanda del sector.
La minería aparece como uno de los motores económicos de Santa Cruz y, en ese marco, la política oficial intenta que el crecimiento tenga impacto directo en el empleo local. El nuevo esquema combina tecnología, controles y exigencias para sostener ese objetivo. Con este enfoque, la provincia redefine su rol en la regulación del trabajo dentro de la actividad extractiva. La aplicación efectiva de la ley será clave para determinar el alcance real de estas medidas en el corto plazo