El diputado por pueblo de Puerto Deseado, Santiago Aberastain, respaldó la implementación del esquema 90/10 en la minería y destacó la predisposición empresarial tras la reunión en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Aseguró que la ley apunta a fortalecer el empleo santacruceño sin afectar la actividad.
Con el vencimiento del plazo establecido en la reglamentación de la Ley 3141, el Gobierno de Santa Cruz convocó a las empresas mineras a una reunión en el Ministerio de Trabajo para avanzar en la implementación del esquema 90/10, que prioriza la contratación de mano de obra local.
En ese marco, el diputado por pueblo de Puerto Deseado, Santiago Aberastain, explicó que la convocatoria respondió a la necesidad de ordenar el proceso tras una serie de encuentros previos realizados en Buenos Aires, donde ya se había comenzado a trabajar de manera gradual con el sector.
“El plazo vencía y había que dar un paso más en la implementación.Esto no es una dec isión improvisada, sino parte de un proceso que se viene construyendo”, señaló el legislador.
“La ley nace desde el territorio”: el eje en el empleo santacruceño
Aberastain puso el foco en el origen de la norma y su legitimidad social. Según remarcó, la Ley 3141 surge de una demanda concreta de las comunidades locales, especialmente en zonas con fuerte actividad minera.
“El espíritu de esta ley no nace de arriba hacia abajo, sino desde los territorios, a partir de la necesidad de generar más empleo local y desarrollar proveedores santacruceños”, afirmó.
El diputado subrayó que el objetivo central es incrementar la empleabilidad en la provincia y consolidar un entramado productivo que permita sostener el crecimiento económico con base local.
Socios estratégicos: la relación entre el Estado y las mineras
Uno de los puntos más destacados de la reunión fue la definición de un enfoque colaborativo entre el Estado y las empresas.
“Tenemos que ser socios estratégicos en la defensa del trabajo local”, expresó Aberastain.
En esa línea, explicó que la implementación del 90/10 no debe interpretarse como una imposición rígida, sino como un proceso acompañado por el Estado para facilitar su cumplimiento.
El legislador también remarcó que este esquema puede generar beneficios para todos los actores:
-Las empresas, mediante la reducción de costos al contratar mano de obra local.
-La provincia, con un aumento en los niveles de empleo.
-Flexibilidad y excepciones: cómo se aplicará la normativa
Aberastain aclaró que la ley contempla excepciones, entendiendo que la implementación del 90/10 es progresiva y requiere adaptaciones según cada caso. Sin embargo, fue enfático en marcar el criterio principal: “La idea es trabajar sobre la regla, no sobre la excepción”.
En ese sentido, explicó que habrá márgenes de flexibilidad en situaciones específicas, pero siempre con el objetivo de no obstaculizar la actividad minera.
Buena predisposición del sector empresario
Otro de los aspectos que el diputado valoró fue la actitud de las empresas durante la reunión. Según indicó, hubo interés inmediato en conocer los detalles operativos de la normativa. “Las empresas empezaron a consultar sobre cómo implementar los procesos, cómo registrar trabajadores y cómo aplicar las excepciones. Eso demuestra voluntad de avanzar”, destacó.
Un cambio de enfoque: desarrollo local sin frenar la minería
Finalmente, Aberastain insistió en que la ley no busca castigar al sector, sino fortalecerlo desde una lógica de desarrollo territorial.
“La idea no es perjudicar a las empresas, sino acompañarlas en un proceso que beneficie a todos, priorizando el trabajo santacruceño”, concluyó