Las municipios otorgaron a Edesa el poder de facturar los impuestos municipales. Sin embargo, un informe de la Auditoría General de la Provincia (AGP), publicado el 10 de febrero pasado, detalla distintas irregularidades, entre ellas, la falta de aprobación de los convenios por parte de los Concejos Deliberantes, además de la falta de autorización previa del organismo regulador, tal como lo exige la normativa vigente.

El presidente del ENRESP, Carlos Saravia, afirmó que uno de los objetivos de la normativa emitida ayer es aplicar “topes a los aumentos de las tasas municipales que se perciben a través de Edesa”. Especificó que enmarcado en la ley provincial N° 8457, el Ente podrá “revisar y revocar las autorizaciones de cobro si se verifican incrementos desproporcionados que superen la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”. Con la medida se busca evitar “que actualizaciones fiscales exorbitantes impacten de manera negativa en la capacidad de pago de los usuarios y deriven en la mora del servicio esencial de electricidad”.

Otro cuestionamiento apunta a para no quedar en mora en un servicio esencial como la electricidad (que se suspende en caso de deuda), los usuarios deben pagar la totalidad de los impuestos que aparecen en la boleta (municipales y también por la provisión de Aguas del Norte). Ante esta realidad, Saravia recordó que “bajo el amparo de la nueva legislación provincial, los usuarios tienen el derecho pleno de solicitar el pago por separado de los impuestos municipales y el consumo eléctrico”.

Con esta resolución, el Ente Regulador sostuvo que reafirma su compromiso de fiscalizar no solo la calidad del servicio técnico, sino también la legalidad de los conceptos que integran la facturación. El objetivo primordial es asegurar que la boleta de luz sea un documento claro, veraz y que se ajuste estrictamente a parámetros de razonabilidad económica, resguardando el bienestar de todos los consumidores de la provincia.

Durante este período, las comunas deberán garantizar que los convenios cuenten con el aval legislativo local y cumplan con los principios de transparencia e información adecuada. El organismo regulador advirtió que, de no ajustarse a estos requisitos legales, se procederá a la exclusión inmediata de dichos conceptos de la boleta de energía eléctrica.

Otras observaciones

La AGP también observó la “modificación unilateral de las condiciones contractuales” por parte de Edesa respecto del monto de retribución pactado con los municipios en torno a los costos de impresión.

Otro punto señalado es el “incumplimiento de los plazos de pago pactados” con los municipios. Dependiendo del convenio, la empresa remitía los montos de las cobranzas de manera semanal, quincenal o mensual. En el caso de los plazos mensuales, si bien los atrasos fueron de entre 2 y 5 días hábiles en la mayoría de los municipios, el organismo entendió que el incumplimiento “genera un impacto negativo directo sobre el erario público”. El informe ratifica que esta demora compromete la “liquidez municipal”, y por lo tanto, la ejecución presupuestaria “limitando la capacidad operativa de los gobiernos locales para cumplir con sus funciones esenciales”.

Observó además la modalidad sobre los “adelantos quincenales y semanales” con municipios como Güemes u Orán. “Los anticipos que debían abonarse en las fechas pactadas fueron diferidos y recién ingresados en oportunidad de la liquidación mensual”, indicó la Auditoría. Otra vez, la previsibilidad de los ingresos genera un “perjuicio económico” a las arcas municipales.

Por la gestión de cobranzas de tributos municipales, Edesa cobra el 1.20% más de IVA del total efectivamente percibido en concepto de tasas o impuestos, más un “importe adicional fijo más IVA”, por los costos de impresión, ensobrado, y envío entre otras tareas. Este último importe tuvo “actualizaciones en algunos casos documentadas mediante adendas”.

Encima, la empresa se asegura el pago dado que lo descuenta directamente de las cobranzas realizadas.