Pablo Bortolato, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario en el acto por el remate del primer lote de soja tras la presentación del informe sobre retenciones. Marcelo Manera – LA NACION
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario señala que sin derechos de exportación, hacia 2036, la producción ascendería a 183 millones de toneladas, las exportaciones a 126 millones y el valor exportado a unos US$50.000 millones
ROSARIO.- La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) presentó un estudio que cuantifica el impacto fiscal y productivo de eliminar los derechos de exportación sobre los productos agropecuarios. El trabajo fue elaborado por Tomás Rodríguez Zurro, Franco Ramseyer, Emilce Terré y Julio Calzada, de la Dirección de Información y Estudios Económicos de la institución, y utiliza el modelo AGMEMOD Argentina, una herramienta de proyección económica de alcance internacional adaptada a las particularidades locales, con un horizonte de diez años.
El informe fue presentado en el marco del Remate del Primer Lote de Soja de la campaña 2025/26, que se realizó en el recinto de operaciones de la BCR. El acto tuvo un protagonista nuevo: Pablo Bortolato, quien asumió la presidencia de la entidad en reemplazo de Miguel Simioni.
Compara dos situaciones: el escenario base, con las alícuotas vigentes, y un escenario alternativo en el que las retenciones se eliminan gradualmente a lo largo de dos años hasta su supresión total a partir de 2028.
Los resultados son contundentes en términos productivos pero más matizados —y políticamente más complejos— en el plano fiscal.
Lo que gana el campo
Bajo el escenario actual, la BCR proyectó que la producción total de granos alcanzaría los 165 millones de toneladas hacia 2036, con exportaciones por 112 millones de toneladas y un valor cercano a los 44.000 millones de dólares. Si las retenciones se eliminaran, esas cifras cambiarían de manera significativa: la producción llegaría a 183 millones de toneladas, las exportaciones a 126 millones y el valor exportado treparía a unos 50.000 millones de dólares.
La diferencia representa aproximadamente 6000 millones de dólares adicionales en divisas al año en el tramo final del período proyectado. Ese salto productivo estaría motorizado, en parte, por una expansión del área sembrada estimada en 2,2 millones de hectáreas adicionales.
El estudio reconoció el costo de corto plazo para las cuentas públicas. La pérdida de recaudación por retenciones en el año inicial de la eliminación total sería de aproximadamente 4800 millones de dólares para la Nación y de 700 millones para las provincias vía coparticipación. Pero el modelo estima que ese déficit se recupera: el Estado nacional lo haría en cuatro años, gracias al mayor crecimiento económico que la medida generaría; las provincias, en apenas dos.
El informe estimó que la recaudación adicional derivada del crecimiento económico superaría en aproximadamente 1300 millones de dólares la pérdida por retenciones hacia el final del período analizado. De ese total, unos 300 millones de dólares corresponderían a la Nación y cerca de 1000 millones a las provincias en su conjunto.
Más allá de los números fiscales, el trabajo de la BCR subrayó el efecto multiplicador de la eliminación sobre el conjunto de la economía. Una mayor actividad agropecuaria implica más demanda de maquinaria, semillas, agroquímicos y servicios de logística; más movimiento en los puertos del Gran Rosario, el principal complejo agroexportador del mundo; y más empleo e inversión en las economías regionales vinculadas al agro.
Bortolato reconoció las reducciones de retenciones adoptadas por el gobierno nacional y reclamó profundizar ese camino. “Estamos frente a una medida que no solo mejora la competitividad del sector, sino que fortalece el desarrollo productivo del país”, dijo, en referencia directa a los resultados del modelo AGMEMOD.
El presidente de la BCR también marcó posición sobre la Hidrovía. Dijo que la institución fue “participante activa” del proceso licitatorio en curso, con propuestas orientadas a reducir costos y asegurar que “los barcos puedan salir completos desde nuestros puertos”.
Calificó el tramo final de ese proceso como una oportunidad para iniciar “una nueva etapa de obras y mejoras” en la vía navegable troncal. En materia de infraestructura vial, reivindicó los avances de la provincia en los accesos portuarios, el tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe y la variante de la ruta 91 hacia Timbúes.
Destacó, además, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que establece el marco jurídico para la delegación de la ruta A012 a la provincia, y anticipó que las licitaciones de los corredores viales Centro y Chaco–Santa Fe son “especialmente importantes para la logística del Gran Rosario”. Mencionó también el inminente llamado a licitación del Ferrocarril Belgrano.
Bortolato introdujo un tema que no había tenido protagonismo en los últimos remates de soja: las restricciones que la Unión Europea analiza sobre el biodiésel argentino. Dijo que la BCR acercó su posición técnica tanto al gobierno provincial como al nacional para “fortalecer las gestiones que se vienen desarrollando desde Cancillería”.
El acto incluyó un componente social inédito: lo recaudado en el remate será donado a Unicef Argentina para financiar un proyecto de acceso al agua potable en comunidades rurales del Gran Chaco. La BCR preside el Consejo de las Infancias y las Adolescencias de ese organismo.
En el acto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro hizo un energético reclamo al gobierno nacional por el “abandono” de las rutas por donde se traslada la producción agropecuaria.
