Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja
El gobernador riojano Ricardo Quintela reactivó un conflicto histórico al cuestionar los límites fijados en 1968 y llevar el debate al Congreso. La disputa pone en foco al proyecto minero Vicuña y también alcanza al Parque Provincial Ischigualasto, en una tensión que trasciende lo territorial.
Desde hace unos días se viene hablando de un fallo de la justicia de La Rioja que ordenó suspender las operaciones del proyecto minero Vicuña por falta de informes ambientales. La decisión generó un fuerte revuelo mediático, ya que impacta de lleno en uno de los emprendimientos más grandes de San Juan. El conflicto se desató cuando la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, dictó una medida que dispone la paralización de las actividades por 30 días —con excepción de tareas de seguridad y mantenimiento— y prohíbe a la empresa utilizar rutas y caminos en territorio riojano. No es un dato menor porque la mina está a apenas un kilómetro y medio del límite provincial. Ahora bien, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, elevó la apuesta en el conflicto con San Juan y reabrió una disputa histórica por los límites interprovinciales que se creía saldada desde hace más de medio siglo.
Los reclamos actuales de Quintela se concentran en varios puntos. Por un lado, cuestiona la legitimidad de los límites fijados en 1968 y sostiene que tanto la zona donde se ubica el yacimiento Josemaría —parte de Vicuña— como el Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna) deberían pertenecer a La Rioja.
El argumento central del gobernador es que los límites actuales fueron establecidos por la Ley Nacional 18.004 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Según Quintela, al tratarse de un acuerdo firmado por gobernadores de facto y sin ratificación de un Congreso democrático, carece de validez y debería ser revisado.
¿Qué implica esto? Que Quintela sostiene que la soberanía sobre estas áreas debe ser resuelta por el Senado de la Nación y pide que el Congreso intervenga para rediscutir la división territorial.
Más allá de la disputa territorial, su gestión —a través de la Secretaría de Ambiente— reclama que la empresa Vicuña Corp presente un Informe de Impacto Ambiental ante las autoridades riojanas. Argumenta que la cercanía del proyecto, a solo 1,5 kilómetros del límite, genera impactos que deben ser evaluados y, eventualmente, compensados.
En el fondo, el reclamo apunta a la participación en los beneficios de la mina. Quintela ya planteó en varias ocasiones que San Juan debe ser “solidario” con sus vecinos y busca que La Rioja reciba parte de las regalías o de los beneficios económicos —empleo y proveedores— que generará la inversión, estimada en 18.000 millones de dólares.
Es la tercera vez que Quintela intenta revisar estos límites —ya lo hizo en 2021 y 2025—. Sin embargo, en esta ocasión logró que el conflicto pase del plano mediático al judicial, a partir del fallo de la jueza de Chilecito que frenó preventivamente las actividades del proyecto.
En San Juan —y especialmente en los medios locales— la respuesta política fue de rechazo casi unánime al planteo de La Rioja. Lo interpretan como un ataque a la seguridad jurídica y a la soberanía provincial.
Por ejemplo, el gobernador Marcelo Orrego sostuvo en sus redes sociales: “Quiero ser claro: la jurisdicción de San Juan es legal y está respaldada por la Ley 18.004 y la Constitución Nacional. No es un acuerdo entre funcionarios, es una ley vigente desde hace más de 50 años. Los recursos que están en el subsuelo sanjuanino son de los sanjuaninos y los vamos a defender con la ley en la mano, siempre. Tenemos respeto por La Rioja y creemos en el diálogo institucional, pero no en debates sin sustento jurídico. La ley es la ley”.
El vicegobernador Fabián Martín, por su parte, cuestionó la falta de sustento del reclamo riojano. Consideró que el Gobierno de La Rioja está “un poco alejado de la realidad” y que la situación resulta “incómoda” e inapropiada. Además, recordó que, a través del RIGI y la coparticipación, todas las provincias —incluida La Rioja— se beneficiarán de la recaudación nacional que genere el proyecto, por lo que el bloqueo resulta, a su juicio, contraproducente.
En la Cámara de Diputados de San Juan también se alcanzó una unidad poco frecuente entre oficialismo y sectores de la oposición. Los bloques de Cambia San Juan —Producción y Trabajo, PRO y UCR—, junto al Bloque Bloquista y La Libertad Avanza, presentaron un proyecto conjunto de resolución para expresar un “enérgico repudio” a las acciones e intenciones de Quintela. En ese marco, denunciaron que las declaraciones de Quintela constituyen una “intromisión en asuntos internos” que afectan intereses esenciales de San Juan. El diputado justicialista Omar Ortiz, representante de Valle Fértil —departamento limítrofe—, presentó además su propio proyecto de repudio, sumándose al rechazo general.
Por su parte, el dirigente Mauricio Ibarra pidió un pronunciamiento conjunto de todo el arco político para no ceder “ni un centímetro” del patrimonio provincial.
El diputado nacional José Peluc (La Libertad Avanza) fue uno de los más duros. En diálogo con radio Estación Claridad, calificó la maniobra de Quintela como “política antigua” para buscar “dos minutos de fama”. Además, afirmó que el gobernador riojano “pone palos en la rueda” porque le molesta que a San Juan le vaya bien y sostuvo que su reclamo en el Senado no prosperará por falta de realismo.
El fiscal de Estado Sebastián Dávila aseguró que el tema de los límites está “totalmente zanjado” desde el punto de vista legal. Explicó que cualquier demanda formal debería tramitarse ante la Corte Suprema y que, hasta el momento, no han recibido ninguna notificación judicial ni administrativa. Por eso, concluyó, todo se reduce a “trascendidos periodísticos”.
El ministro de Producción, Gustavo Fernández, vinculó el conflicto a una supuesta estrategia del kirchnerismo local, en sintonía con el peronismo riojano, para frenar el desarrollo minero con una lógica electoral.
La respuesta del exgobernador y actual senador Sergio Uñac no tardó en llegar. Fue a través de una carta documento enviada el 21 de abril de 2026, en la que respondió a las acusaciones del ministro Gustavo Fernández. Uñac rechazó las declaraciones de Fernández, a las que calificó como “falsas imputaciones” realizadas con “malicia e ignorancia”. Además, lo intimó a que, en un plazo de 48 horas, ratifique o rectifique sus dichos. El senador le exigió al ministro que presente pruebas fehacientes y documentadas sobre las supuestas acciones que habría llevado adelante para “poner palos en la rueda” al desarrollo minero. También reclamó evidencias sobre la existencia de una presunta “trama política” con el gobierno de La Rioja para frenar el proyecto Vicuña.
La carta advierte que, si no se retracta o no logra probar sus dichos, Uñac iniciará acciones legales por calumnias e injurias, en el marco del artículo 109 del Código Penal. También dejó asentada la posibilidad de demandarlo por daños y perjuicios, además de daño moral. La notificación fue entregada y recibida en el Ministerio de Producción el 21 de abril, a las 12:07