BHP y Lundin Mining avanzan en el Corredor Norte, acceso 100% sanjuanino que reduciría la dependencia por La Rioja. Foto: Secretaría de Minería.
Vicuña Corp analiza la Ruta 430 como posible alternativa logística ante el bloqueo judicial ordenado en La Rioja, que paraliza el megaproyecto cuprífero.
El 16 de abril de 2026, la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, dictó una medida autosatisfactiva que sacudió a la industria minera argentina: la paralización por 30 días del proyecto Vicuña —la mayor apuesta cuprfera del país, operada por la joint venture entre la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining— y el bloqueo de todo tránsito de vehículos y maquinaria vinculados a la iniciativa en territorio riojano.
La orden, registrada en el expediente N° 45.863 caratulado «Estado Provincial contra Vicuña S.A.», incluyó el despliegue de retenes policiales en puntos estratégicos de la red vial provincial.
El núcleo del reclamo de La Rioja es jurisdiccional y ambiental: el acceso logístico histórico al yacimiento —ubicado físicamente en San Juan, pero conectado al mundo a través de comunidades riojanas como Guandacol y Villa Unión— atraviesa suelo riojano sin que la empresa haya presentado un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante las autoridades de esa provincia. La jueza acogió el argumento de que dicho informe no puede ser aprobado únicamente por San Juan, y exigió una evaluación conjunta.
El plan B sobre la mesa
Ante la medida judicial, la reacción de Vicuña Corp adoptó un perfil dual: cautela pública y movimiento estratégico en paralelo. Según información difundida por Canal 13 San Juan, Vicuña evalúa de forma concreta la Ruta Provincial 430, un corredor íntegramente sanjuanino que permitiría evitar el paso por La Rioja mientras se despeja el frente judicial.
El corredor alternativo es técnicamente factible, pero no neutral en términos económicos ni operativos. La Ruta Provincial 430 representa un trayecto más largo, con mayor complejidad logística, y obliga a reconfigurar una cadena de abastecimiento que llevó meses consolidar.
La reconfiguración implicaría nuevos contratos de transporte, adecuación de vehículos pesados y, potencialmente, trabajos de mantenimiento vial en un tramo que no fue diseñado para el tránsito intensivo de una obra de esta magnitud.
El proyecto Vicuña —que integra los yacimientos Filo del Sol y Josemaría tras la incorporación de BHP— proyecta una inversión total estimada entre 16.000 y 18.000 millones de dólares, comparable en escala a los grandes complejos cupríferos de Chile como Escondida o Chuquicamata. Cualquier demora en el cronograma de construcción se traduce en sobrecostos de magnitud significativa.
Paralelamente, la empresa trabaja en la habilitación del denominado «Corredor Norte», un acceso que transita 100% por territorio sanjuanino y que, una vez operativo, reduciría la dependencia logística respecto al paso por Guandacol. Sin embargo, ese corredor todavía se encuentra en construcción.
El impacto en la cadena de proveedores
Uno de los aspectos más paradójicos del conflicto es su impacto sobre los propios actores riojanos. El freno judicial no afecta exclusivamente a los accionistas de BHP y Lundin: compromete de forma directa a la cadena de proveedores locales que depende del flujo de la obra.
Vicuña mantiene un contrato de preservación de la traza vial con una constructora riojana y había lanzado recientemente una licitación millonaria para la construcción del bypass de Guandacol —una obra que, con el bloqueo activo, queda en suspenso.
El riesgo de escalar
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, adoptó una postura de distancia institucional respecto al conflicto. En declaraciones públicas, el mandatario sanjuanino sostuvo que «San Juan no tiene nada que ver», y encuadró la disputa como un asunto entre La Rioja y la empresa. Al mismo tiempo, reafirmó su respaldo al proyecto: «No existe un futuro mejor sin minería».
Desde el gobierno riojano, en cambio, no descartan llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si persisten las diferencias sobre competencia ambiental interjurisdiccional.
El planteo riojano sostiene que, al desarrollarse parte de las actividades en su suelo —incluyendo el tránsito de insumos y maquinaria—, los procesos judiciales iniciales deben tramitarse en tribunales provinciales riojanos.
Seguridad jurídica: el dato que preocupa al sector
Más allá de la disputa puntual, el episodio instaló una señal de alarma en el sector minero global. José Morea, country director del proyecto y presidente de la Cámara Minera de San Juan, advirtió con claridad sobre el impacto en el clima de inversiones que generan este tipo de intervenciones judiciales, en especial cuando la empresa no fue notificada formalmente antes del despliegue de los retenes.
El caso Vicuña expone las tensiones de coordinar megaproyectos en contextos federales complejos, donde la superposición de competencias jurisdiccionales puede convertirse en un factor de riesgo tan relevante como la geología o el precio del cobre.
La resolución definitiva dependerá de la respuesta legal de Vicuña Corp ante la justicia de La Rioja, de la presentación —o no— del EIA exigido por las autoridades provinciales, y de la velocidad con que avance el Corredor Norte como salida estructural al conflicto de acceso. Por ahora, el megaproyecto más ambicioso de la minería argentina opera con un plan B en el bolsillo y el cronómetro en marcha