Ricardo Quintela puso en duda la validez de convenios firmados en dictadura y pidió que la disputa por los límites, que también alcanza al proyecto Josemaría, pase por el Congreso.
El tire y afloje entre San Juan y La Rioja sumó este martes un capítulo bien caliente y volvió a subir la temperatura política. El gobernador riojano, Ricardo Quintela, apuntó contra los acuerdos limítrofes que rigen desde 1968 y planteó que esos entendimientos, firmados durante un gobierno de facto, deberían ser revisados porque —según su mirada— no tienen legitimidad democrática.
Las declaraciones se hicieron en Buenos Aires y tuvieron rebote inmediato a nivel nacional. Allí, el mandatario no solo volvió a poner bajo la lupa el proyecto minero Josemaría, sino que además amplió el reclamo al incluir a Ischigualasto, un sitio emblemático por su valor histórico, científico y turístico.
En ese contexto, Quintela sostuvo que la discusión por los límites y la jurisdicción de las zonas en disputa debería ser tratada por el Senado de la Nación, lo que llevaría el conflicto directamente a la órbita federal.
Este nuevo movimiento se da en paralelo a una resolución judicial reciente que impacta de lleno en el desarrollo del proyecto minero. La medida fue dictada por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, a partir de una presentación impulsada por la Fiscalía de Estado riojana.
El fallo dispuso la suspensión por 30 días de determinadas actividades vinculadas a Josemaría y, además, limitó el uso de un acceso logístico clave desde territorio riojano, que se utiliza habitualmente para el traslado de personal e insumos.
Desde La Rioja justificaron la decisión en posibles riesgos ambientales. Según indicaron, el planteo surgió ante la falta de respuestas de la empresa a requerimientos vinculados con la Evaluación de Impacto Ambiental y el uso de caminos provinciales. En ese marco, la magistrada entendió que había urgencia suficiente para avanzar con una medida preventiva, sin dar intervención previa a la firma involucrada.
El conflicto, que ya venía sumando cruces entre funcionarios de ambas provincias, incorporó así un costado político, judicial y también simbólico, al meter a Ischigualasto dentro de la disputa. Un escenario que, por ahora, promete seguir dando que hablar en los próximos días