Hugo Páez fue contundente al referirse al fallo que frenó el corredor logístico y sostuvo que la actividad debe regirse por las normas sanjuaninas.
La polémica por la suspensión del corredor logístico del Proyecto Vicuña sumó un nuevo capítulo, esta vez con declaraciones firmes del intendente de Villa Unión, Hugo Páez, quien dejó en claro su postura frente a la disputa entre provincias: “la mina está en San Juan y debe regirse por las leyes de San Juan”, afirmó.
El conflicto se originó a partir de un fallo de la segunda circunscripción de La Rioja, precisamente en Chilecito, que el pasado 16 de abril ordenó la suspensión por 30 días del tránsito vinculado al proyecto ante la falta de un estudio de impacto ambiental en territorio riojano. La medida impactó directamente en Guandacol, donde decenas de familias dependen de la actividad.
Sin embargo, en medio de los reclamos locales, Páez fue categórico al delimitar responsabilidades: “Si la mina está enclavada en San Juan, indudablemente se van a respetar las leyes de San Juan”, sostuvo en declaraciones a Radio Sarmiento, en referencia a las normas de compre local y contratación de mano de obra.
En esa línea, el jefe comunal remarcó que “legalmente no le corresponde a La Rioja tener prioridad en la elección de proveedores o en los puestos de trabajo”, una definición que marca distancia de los planteos que buscan mayor participación riojana en el proyecto.
El intendente también reconoció el fuerte impacto social que genera la medida judicial. Según detalló, alrededor de 140 trabajadores de Guandacol dependen de manera directa del proyecto, mientras que el número asciende a unas 400 personas si se contemplan actividades indirectas como comercio, hotelería y servicios. “El problema concretamente es el trabajo”, sintetizó.
En una asamblea realizada por vecinos, se reclamó al Gobierno provincial una respuesta urgente frente a la situación. Allí, la comunidad expresó que no cuestiona la medida ambiental, pero exige soluciones ante las consecuencias económicas que ya se sienten en la zona.
Páez, no obstante, insistió en que la discusión de fondo debe ajustarse a la legalidad vigente: “Muchos se enojan cuando uno dice la verdad, pero hay que ser claros: la jurisdicción es de San Juan”, afirmó, reforzando su postura.
Al mismo tiempo, admitió que La Rioja enfrenta dificultades para insertarse plenamente en el desarrollo minero. “Si queremos mayor participación, tenemos que prepararnos”, señaló, en alusión a la falta de capacitación y condiciones para competir con proveedores sanjuaninos.
El intendente también reconoció falencias en la relación con la empresa, al señalar que no existieron instancias formales de diálogo ni planificación conjunta de obras clave, como el bypass para evitar el tránsito pesado por Guandacol.
Finalmente, consideró que el conflicto también tiene un trasfondo político y llamó a bajar la tensión: “Espero que haya un diálogo sincero pronto, es una situación que se puede resolver”, concluyó