El intendente de Villa Unión reconoció los límites que impone la ley de compre local. Mientras tanto, crece la preocupación en Guandacol por el impacto económico del conflicto.
El intendente de Villa Unión, Hugo Páez, se refirió a la disputa generada en torno al proyecto minero Vicuña y reconoció que, debido a la legislación vigente en San Juan sobre compre local, la provincia de La Rioja tiene limitadas posibilidades de exigir puestos de trabajo. En ese sentido, sostuvo que la prioridad laboral corresponde a trabajadores sanjuaninos, lo que genera tensiones pero responde al cumplimiento de la normativa.
En Guandacol, una de las localidades más impactadas por la actividad minera, al menos 140 personas dependen directamente del proyecto y hoy enfrentan la incertidumbre de perder su fuente laboral. La preocupación se amplía al conjunto de la comunidad: un relevamiento impulsado por los propios vecinos contabilizó 486 personas afectadas económicamente, quienes documentaron el impacto en sus ingresos familiares.
Si bien la medida judicial que restringe el uso del camino se fundamenta en criterios ambientales, aspecto que la comunidad asegura no cuestionar, el foco del conflicto se centra en la falta de previsión ante un eventual freno de la actividad. Los habitantes advierten que no existe un plan alternativo que amortigüe las consecuencias económicas, lo que podría derivar en un nuevo proceso de migración y abandono del pueblo.
El intendente adelantó que trasladará el reclamo de los vecinos, reunidos en asamblea, al gobernador Ricardo Quintela y al ministro de Minería provincial, exigiendo que el Estado asuma responsabilidades en caso de pérdida de empleos. Además, señaló que detrás del conflicto también existen tensiones políticas históricas dentro de la provincia.
Bajo el lema “Guandacol se levanta”, la comunidad difundió un documento en el que exige soluciones urgentes y advierte que el cierre del corredor vial dispuesto por la Justicia el 16 de abril compromete seriamente la subsistencia de numerosas familias.
En cuanto al contexto judicial, la medida fue dictada por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, en el marco de una causa iniciada por el Estado provincial contra la empresa Vicuña. La resolución responde a un planteo de la Fiscalía de Estado, que solicitó la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental y el cumplimiento de acuerdos vinculados al uso de rutas provinciales.
Desde la empresa, en tanto, aseguraron que el proyecto continúa operativo con normalidad, aunque confirmaron la interrupción del tránsito en el camino por parte de la Policía riojana. También indicaron no haber sido notificadas formalmente ni de la demanda ni de la resolución judicial, lo que suma incertidumbre al escenario actual