La resolución se basó en un conjunto de informes técnicos elaborados por áreas de la cartera minera las cuales convergen en dos conclusiones: por un lado, la verificación de incumplimientos operativos que derivaron en el incidente y fundamentan la aplicación de sanciones; y por otro, la confirmación de que el impacto ambiental fue recuperable y adecuadamente mitigado, sin consecuencias ambientales permanentes