Una situación de fuerte controversia institucional quedó expuesta en el Concejo Deliberante de Cafayate, donde se detectaron serias irregularidades en la registración administrativa de las sesiones, con actas que no fueron redactadas ni firmadas en tiempo y forma, y que ahora se intentarían validar de forma retroactiva.
El planteo fue realizado en el recinto por la concejal Romina Cabezas, quien, con el libro de actas en mano, advirtió que varias sesiones -entre ellas la ordinaria N°41 del año 2024- carecen de las firmas correspondientes, un requisito básico para dotar de validez legal a lo actuado por el cuerpo.
«Tenemos que ser un cuerpo legislativo serio y responsable», expresó la edil al cuestionar la situación y reclamar que se regularice el funcionamiento administrativo del Concejo.
Según lo expuesto en la sesión, no solo faltan firmas, sino que en algunos casos las actas directamente no estarían redactadas. Esto implica que decisiones, debates y eventuales resoluciones carecen de respaldo documental, lo que podría afectar su validez.
Desde otras bancadas, los concejales señalaron que la responsabilidad recaería en el área administrativa del Concejo, aunque admitieron la necesidad de regularizar la situación. «Nosotros no fuimos elegidos para ser secretarios, fuimos elegidos para ser concejales», respondieron ante los cuestionamientos.
Uno de los puntos más sensibles del planteo es la alternativa que estarían evaluando otros concejales para subsanar el atraso: convocar a exconcejales para que firmen actas correspondientes a sesiones en las que participaron, pero que nunca fueron formalizadas.
La propuesta implica que ediles que ya no están en funciones refrenden documentos fuera del período en que ejercían sus cargos, lo que generó un fuerte rechazo dentro del recinto.
Según se advirtió, serían al menos cuatro los exconcejales que deberían ser convocados para completar este proceso, en el marco de un retraso que abarcaría múltiples sesiones y un volumen importante de documentación pendiente.
La situación abre un interrogante sobre la validez de lo actuado por el Concejo, dado que las actas constituyen el respaldo formal de las decisiones legislativas.
Además, el intento de regularización mediante firmas extemporáneas introduce un nuevo foco de conflicto, tanto en términos administrativos como legales, en un contexto donde se cuestiona el cumplimiento de los procedimientos básicos que rigen el funcionamiento del cuerpo.
Cuestionamientos a la gestión administrativa
Durante el debate, también se puso en discusión el funcionamiento de la Secretaría del Concejo, señalada como responsable de la confección y resguardo de las actas. Se mencionaron demoras acumuladas y la falta de mecanismos de reemplazo o control ante eventuales ausencias del personal administrativo.
En ese sentido, se planteó la necesidad de ordenar el funcionamiento interno del cuerpo deliberativo antes de avanzar en la resolución de los temas que afectan a la comunidad.
«Si no estamos en orden nosotros, ¿cómo vamos a poder dar respuesta a la gente?», planteó Cabezas, al insistir en la gravedad institucional del escenario.
Impacto institucional
Durante una sesión, la concejal Romina Cabezas expuso la falta de documentación clave del período legislativo anterior y cuestionó la intención de convocar a exediles para refrendar actas fuera de término, en un escenario que compromete la validez administrativa del cuerpo.
Cabezas remarcó que el procedimiento habitual indica que cada acta debe ser leída y refrendada en la sesión siguiente, algo que no se habría cumplido de manera sistemática