Los Diputados Nacionales no somos expertos en todas las áreas sobre las cuales legislamos, pero al menos en el bloque de LLA recibimos expertos que nos ilustran sobre las cuestiones asociadas a cada proyecto sobre el cual pretendemos legislar. A esto se suman las audiencias públicas y los estudios que cada uno desarrolla en forma particular para hacer un trabajo responsable. Como Diputado Nacional me corresponde legislar sobre cuestiones nacionales que son relevantes para todos los argentinos, aunque nunca dejo de pensar en los pampeanos que confiaron en mi su voto para representar sus intereses.
En el caso de esta reforma a la Ley de Preservación de los Glaciares quiero expresarle a los pampeanos que mi voto positivo se funda en el equilibrio que la modificación presenta para aumentar la producción minera, de relevancia particular para provincias como Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca, pero sin poner en riesgo el agua que nos provee a los pampeanos el río Colorado.
Nieve y hielo
Ziliotto declaró que el río Colorado es de origen glaciar, lo que es falso. Su origen es principalmente nival, es decir, su caudal proviene del derretimiento de la nieve acumulada en invierno. Esta es la razón por la cual año a año se mide la nieve acumulada para definir el caudal de agua con la cual se contará en cada período. El río nace de la confluencia de los ríos Grande y Barrancas. Si bien puede variar de año en año, el río Grande aporta aproximadamente el 80% del caudal y su alimentación es exclusivamente nival, mientras que el Barrancas corresponde a una cuenca de transición entre regímenes nivales y pluvio-nivales. La columna del geólogo Daniel Jerez en Infobae el pasado 2 de abril puede arrojar luz sobre la necesidad de hacer estudios científicos particulares para cada caso para cuantificar el agua que pueden aportar un Glaciar de Escombros a un río particular. Su análisis arroja datos que pueden permitir dimensionar toda esta problemática.
El Colorado nace de la confluencia de los ríos Grande y Barrancas. Si bien puede variar de año en año, el río Grande aporta cerca de 80% del caudal y su alimentación es exclusivamente nival
El gobernador también se refirió al conflicto con Mendoza por el río Atuel como antecedente que justificaría el amparo. Esta comparación es incorrecta. La Ley de Glaciares establece que solo pueden desarrollarse actividades en aquellas zonas donde se demuestre científicamente que no cumplen una función hídrica relevante. Dicho de otra manera, no se pueden realizar actividades que alteren de modo relevante la función de la zona como proveedora de agua. Lo que ocurrió en el pasado con el río Atuel, nada tiene que ver con los aspectos que trata la reforma a la Ley de Glaciares.
La ley modificada sigue protegiendo ambientes glaciares y periglaciares incluidos en el “Inventario Nacional de Glaciares”. Cualquier provincia puede añadir nuevos glaciares al inventario. El criterio rector es claro: todos los ambientes que cumplan una función hídrica deben ser protegidos.
El problema, y la razón por la cual se hizo una modificación, es que el IANIGLA (Inventario Nacional de Glaciares) ha sido ineficiente a la hora de avanzar con la clasificación de los glaciares. No se realizó la tarea de determinar si los glaciares listados cumplen o no una función hídrica, tarea para la cual tuvieron 15 años. Esa ineficiencia llevó a la paralización de proyectos productivos, afectando el ejercicio legítimo de las provincias sobre sus recursos naturales y limitando su desarrollo económico.
Se propuso entonces un cambio de paradigma: ahora son las autoridades provinciales, con los equipos técnicos que designen, las llamadas a generar y aportar la información técnica de primera mano que permita completar, actualizar y dar utilidad práctica al Inventario.
La ineficiencia para avanzar con la clasificación de los glaciares llevó a la paralización de proyectos productivos y afectó el ejercicio legítimo de las provincias sobre sus recursos naturales, limitando su desarrollo económico
Además, en la ley rige el Principio Precautorio y Protección Inicial: Todos los glaciares y geoformas que ya están incluidos en el Inventario Nacional se consideran protegidos hasta que la autoridad competente de la jurisdicción demuestre, mediante estudios técnico-científicos, que no cumplen las funciones de reserva hídrica o recarga de cuencas.
Lo que sucede, entonces, es que el gobernador utiliza la preocupación legítima de los pampeanos por el cuidado del río Colorado y el conflicto del Atuel para construir un discurso político -no científico- basado en el temor, orientado a oponerse a políticas de desarrollo. Al mismo tiempo, busca desviar la atención de la falta de avances en materia de gestión hídrica provincial. Defender el agua no es presentar amparos, sino invertir en infraestructura eficiente dentro de la propia provincia.
Este gobierno de Javier Milei está avanzando en desarmar la máquina de impedir en que se ha constituido el Estado argentino y que nos llevó a medio siglo de estancamiento.
La máquina de impedir
A diciembre de 2023 la economía agropecuaria estaba limitada por precios intervenidos, retenciones, burocracia y límites de exportación. A partir de soltar los precios, bajar retenciones, desregular y liberar las exportaciones, el campo y las economías regionales disfrutan de un despertar que conduce a producción y exportaciones récord.
En materia energética ocurre algo similar. Con precios libres, la aprobación del RIGI, la desregulación y la liberación de exportaciones, Argentina no sólo se autoabastece de energía, sino que expande su producción y sus exportaciones.
La minería permaneció dormida, y es a partir del gobierno de Milei con iniciativas como el RIGI y de la aprobación de esta reforma a la Ley de preservación de Glaciares que provincias como Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta o Catamarca, entre otras, podrán incrementar la generación de riquezas para dar soluciones a sus dificultades locales, siempre priorizando el cuidado de las reservas hídricas.
El espíritu de la reforma a la Ley de Glaciares es evitar prohibiciones absolutas, abstractas y genéricas. El objetivo es permitir el aprovechamiento racional de los recursos naturales siempre que se garantice que no se comprometa la reserva estratégica de agua para el consumo humano, la agricultura o la biodiversidad. Para que la Argentina pueda crecer hay que dejar atrás la lógica de “ambiente vs. economía” porque es perfectamente posible proteger el medio ambiente y, al mismo tiempo, promover el desarrollo sustentable de las economías regionales, respetando el dominio de las provincias sobre sus recursos naturales consagrado en el artículo 124 de la Constitución.