Las propuestas legislativas del llamado Pacto de Mayo se inscriben en la tradición de la primera línea. Instan cambios en siete ejes que sentarían las bases de un nuevo orden jurídico: tres se tratarán en sesiones extraordinarias (recursos naturales, reforma impositiva y laboral); los restantes luego (propiedad privada, equilibrio fiscal y gasto público, educación y apertura al comercio internacional). Hay dos obstáculos normativos esenciales para la explotación responsable de los recursos naturales, resultado de un marcado sesgo ideológico: la ley de glaciares, por un artículo que pone en duda la capacidad de explotación de los proyectos mineros en la alta cordillera, y la ley que impide la venta de tierras a extranjeros. Se propugna despejarlos: en un caso devolviendo a cada provincia la facultad de reglar las condiciones de extracción de los recursos mineros, y en el otro eliminando la restricción.
La reforma impositiva que se propone es coyuntural: el gran cambio es la actualización de montos de imputabilidad, que son nominales y no reales, un artificio que consagraría una amnistía a causa de la inflación, beneficiando a quien sabe incumplir y esperar. Otras propuestas positivas tienen que ver con la unificación de los plazos de prescripción, la extinción de la acción penal por pago y límites a la acción del organismo recaudador ante conductas sin culpa y dolo.
La reforma laboral es ambiciosa, aunque trabaja sobre el modelo perimido de hace más de cincuenta años: no lo recrea, pero lo ajusta con aciertos. El cambio de mayor materialidad es el acotamiento del concepto de relación laboral, especialmente en los casos de prestación de servicios. También se impulsan modificaciones procesales para restringir reclamos frívolos, como la limitación de la presunción de gratuidad y la caducidad de instancia ante la falta de impulso procesal. Ataca la industria del juicio con dos restricciones sustantivas: al ajuste por intereses de reclamos y a los honorarios de peritos y auxiliares de justicia.
Impulsa dos cambios de gran impacto al corazón del modelo sindical: la limitación al derecho de huelga, fuente de conflicto judicial cantado, y el fin de la ultractividad de los convenios colectivos, poniendo fin a las cuotas históricamente acordadas entre cámaras y sindicatos. Se suma la eliminación de la “cuota solidaria”, que permitía descontar un aporte a trabajadores de un sector, aunque no estuvieran afiliados, y la primacía de los convenios de empresa, provinciales o regionales sobre los nacionales.
Hasta acá lo que se tratará en sesiones extraordinarias. En cuanto a la propiedad privada y a pesar de que debiera ser una temática central para un modelo que incentiva la predominancia del mercado, el contrato, como dispositivo principal de protección y transferencia de la propiedad, no aparece ni mencionado. El Pacto de Mayo se concentra en aspectos que no son materiales para la protección de este derecho constitucional: se ocupa de dos institutos excepcionales, como la expropiación y la ocupación temporánea anormal. Sigue con cambios procesales útiles para agilizar los procesos de desalojo. Nada sustancial y definitivamente es una materia que habrá que profundizar.
Se impulsa darle rango de ley a la prohibición de aprobar un presupuesto que no sea equilibrado o superavitario, y a cualquier ley que contemple gastos sin asignación de recursos. Buena expresión de deseos: es una facultad irrenunciable del Congreso. Se refuerza con la inclusión de un delito penal draconiano para funcionarios públicos que así actúen; se avizora, cuanto menos, inmovilidad en la toma de decisiones. Impulsa que las provincias acompañen el esfuerzo nacional para alcanzar el equilibrio fiscal, sea congelando o reduciendo gasto; la que no sea parte del acuerdo, perderá el derecho a recibir aportes del tesoro.
Son novedosas las propuestas en materia de educación. Se reemplazaría la ley nacional desde cuatro ejes: la educación como un servicio esencial; autonomía de las escuelas, públicas y privadas; participación familiar y control de resultados por el Estado. Varias cuestiones positivas, como la escolaridad obligatoria desde los 4 años y hasta el fin del secundario y los límites del derecho de huelga. Otras más discutibles, como el reconocimiento de la educación híbrida y desde el hogar. Cambios de magnitud, que habrá que trabajar en profundidad: es una obligación indelegable del Estado, desde Sarmiento hasta hoy.
El capítulo más débil es la apertura al comercio internacional. No se toma en cuenta un contexto mundial, de economías que se cierran mientras convulsiona el régimen de cooperación internacional. El medio jurídico elegido es el fortalecimiento del régimen de propiedad intelectual, conformado por tratados internacionales del siglo XIX, tambaleante desde la aparición de la inteligencia artificial aplicada. Ya se vislumbran ganadores y perdedores. Algunos merecidos, como los laboratorios nacionales, por su larga historia de inquinas; otros no tanto, como el campo, que estará obligado a pagar un royalty por el uso adicional de semillas.
Cinco gotas de tinta no cambian la realidad. Aun así, las propuestas del Pacto de Mayo son un avance, especialmente las reformas urgentes: la tributaria, la laboral y los ajustes para la explotación responsable de los recursos naturales. Su solo planteo de manera ordenada y orgánica, respetando una mirada federal que honra el Pacto Federal de 1831, es de destacar. Las restantes merecen una profundización, sin perder de vista la gran idea fuerza de Sarmiento, que aprisiona todas las ideas en una propuesta simple: educación y despensa (bienestar material).