El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este lunes el lanzamiento oficial de los operativos de control y registro laboral vinculados a la nueva Ley 90/10, que establece que al menos el 90% de los puestos de trabajo en empresas que operen dentro de la provincia deben estar ocupados por santacruceños o por personas con residencia comprobada.
Por: Extremo Minero
El acto tuvo lugar en el acceso norte de Caleta Olivia, sobre la Ruta Nacional 3, donde se desplegaron equipos de los Ministerios de Seguridad, Trabajo, Producción, Transporte, Protección Civil y Bomberos. También participaron el intendente local, Pablo Carrizo, el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, la diputada por el Pueblo, Patricia Urrutia, y el secretario de Estado de Seguridad, Bruno Gómez, entre otras autoridades provinciales y municipales.
La medida, que reemplaza al antiguo esquema 70/30, marca un cambio sustancial en la política laboral santacruceña. Según explicó el gobernador Vidal, “durante muchos años la vieja Ley 70/30 se aplicó al revés: había más trabajadores de afuera que santacruceños. Eso se terminó”.
Residencia comprobada y controles más estrictos
La nueva normativa introduce un requisito clave: para ser considerado trabajador local, no alcanza con tener domicilio en el DNI. Se deberá acreditar residencia comprobada de al menos seis años en la provincia, además de un certificado de residencia oficial. Con esto, el Gobierno busca evitar la simulación de domicilio que, según Vidal, fue una práctica frecuente en la aplicación anterior.
“Las empresas mineras enviaban información al Ministerio de Trabajo que no era certera. En muchos casos figuraban veinte o treinta trabajadores en un mismo domicilio. Así incumplían la ley. Esta vez se va a controlar con rigurosidad”, aseguró el mandatario, anticipando que los operativos se extenderán entre 30 y 35 días en distintos puntos de la provincia.
Un despliegue que genera debate
El inicio de los controles en Caleta Olivia es apenas la primera etapa de un operativo que alcanzará yacimientos petroleros y mineros, represas, obras públicas y privadas, e incluso aeropuertos y terminales. El objetivo oficial es “relevar trabajadores y empresas para verificar el cumplimiento efectivo de la ley y fortalecer la presencia estatal”.
Sin embargo, la medida no fue recibida con unanimidad. Aunque todos los sectores coinciden en la necesidad de fortalecer el empleo local, la forma y el momento elegidos generan inquietud.
Desde CAMICRUZ (Cámara Minera de Santa Cruz) y la CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros) señalaron la importancia de actuar con prudencia y respetar los tiempos que exige cada actividad productiva. “La minería no se improvisa. Los perfiles técnicos son específicos y escasos; se necesita un plan sostenido de formación antes de exigir una relación laboral de este tipo”, expresó una fuente del sector.
Incluso el propio Secretario de Minería de la provincia habría manifestado la necesidad de avanzar “con gradualidad y consenso”, atendiendo a las particularidades del sector y evitando impactos negativos en la producción o en la estabilidad laboral.
Entre la necesidad de cambio y el riesgo de exceso
El discurso del gobernador Vidal fue contundente: “No se trata solo de un registro, es una decisión política que marca un antes y un después. Queremos saber quiénes trabajan, dónde, y que las empresas cumplan con la ley. Porque si el trabajo no queda en manos santacruceñas, no hay desarrollo posible”.
El planteo no desconoce una demanda histórica: que los recursos de la provincia se traduzcan en oportunidades reales para su gente. Sin embargo, la rigidez del nuevo esquema y el carácter masivo de los controles despiertan preocupación.
El sector productivo sostiene que los problemas estructurales del empleo en Santa Cruz —como la falta de formación técnica, la escasez de mano de obra especializada y la histórica dependencia de personal proveniente de otras provincias— no se resuelven de un día para el otro.
La pregunta que muchos se hacen es si una norma de esta magnitud, aplicada en plena coyuntura electoral, puede sostenerse sin afectar la operatividad de las industrias que más aportan al desarrollo provincial: la minería, la pesca y la producción hidrocarburífera.
Un cambio necesario, pero que requiere equilibrio
El consenso general es claro: la provincia necesita un marco laboral que priorice a los santacruceños, pero también un enfoque razonable que contemple la realidad productiva. Las empresas mineras han mostrado disposición a fortalecer programas de capacitación y formación, en muchos casos en conjunto con municipios y universidades, pero advierten que el desarrollo local requiere tiempo, planificación y acompañamiento estatal.
La puesta en marcha de la Ley 90/10 representa, sin dudas, un punto de inflexión. Pero también un desafío: cómo garantizar que el impulso al empleo local no se transforme en una barrera que frene la inversión o desordene el entramado productivo.
Una medida que abre más preguntas que respuestas
¿Qué sucederá si los controles resultan en incumplimientos de la recientemente aprobada legislación? ¿Cuál será el destino de esos trabajadores y cómo procederán las empresas? ¿Está definido el mecanismo de corrección o sanción?
En este contexto, también surgen interrogantes sobre el verdadero propósito de ciertos gestos políticos. ¿Es realmente útil fotografiar controles o esas imágenes buscan otro tipo de impacto comunicacional?
Velemos por el desarrollo de Santa Cruz, trabajemos por él, creemos oportunidades reales, pero seamos serios y respetuosos con una actividad que hoy por hoy “sostiene la vela” ante el decaimiento de la pesca y la producción hidrocarburífera