La minería es una industria con un enorme potencial de crecimiento en territorio argentino; sin embargo, aún enfrenta diversos obstáculos que limitan su desarrollo
La Argentina es, sin dudas, una tierra de oportunidades gracias a su geografía privilegiada y a la riqueza de sus recursos naturales. Sin embargo, el potencial no siempre se traduce en desarrollo. En el Summit de Minería Capítulo 1, organizado por LA NACION, dos abogados especialistas en la materia analizaron los desafíos legales y de financiamiento que condicionan al sector, en un panel moderado por Carla Quiroga (LA NACION).
Para comenzar, Manuel Frávega, socio de Beccar Varela, donde lidera el Departamento de Derecho Ambiental y Cambio Climático y codirige el Departamento de ESG y Minería, comentó: “En la Argentina tenemos una Ley Nacional de Glaciares, bien intencionada, que busca proteger al ecosistema de glaciares y al ambiente periglacial —zona que rodea al glaciar—. Por ende, prohíbe el desarrollo de proyectos mineros en esas zonas».
Dicha normativa, según explicó, constituye una obstrucción tajante y hasta estridente. Argumentó que en el país ya existía un marco regulatorio con diversos instrumentos destinados a la protección de los ecosistemas, por lo que la Ley de Glaciares no resultaba necesaria, dado que el Estado contaba con herramientas suficientes para preservarlos.
“Siempre digo que compartimos una riqueza similar a la de Chile por una cuestión geográfica. Ellos lograron desarrollar la minería sin necesidad de esa ley y, al mismo tiempo, proteger sus glaciares. La Argentina, en cambio, no”, sostuvo. Para comprender la cuestión con números, el especialista indicó que en el país hay 16.000 glaciares distribuidos en 12 provincias.
La cuestión central, según Frávega, es que existe una fuerte demanda internacional de recursos energéticos (como el cobre y el litio) que la Argentina podría aprovechar, pero cuyo desarrollo se ve ralentizado por esta ley mencionada, entre otras cuestiones.
Entonces, su propuesta apunta a satisfacer esa demanda externa, lo que implicaría un importante impulso para la industria local, sin descuidar la protección de los glaciares. “Hay que encontrar el famoso concepto de desarrollo sustentable que ya está previsto en la Constitución Nacional”, agregó.
Según el socio de Beccar Varela, “esta ley de glaciares, como la tenemos acá, es casi única en el mundo”. ¿Se puede modificar? “En principio toda ley es modificable, siempre y cuando haya argumentos para hacerlo. No obstante, siempre hay una discusión sobre la modificación de una ley ambiental por el principio de no regresión, un principio reconocido expresamente en la norma argentina”, explicó el abogado.
Frávega señaló además que cualquier normativa de derecho ambiental hay que tomarla con la seriedad que requiere y que todos los proyectos mineros son críticos para la transición energética global, por lo cual la Argentina puede ser un gran proveedor, pero enfrenta las dificultades de esta ley ambiental.
Las oportunidades de financiación
En paralelo a las oportunidades que plantea el marco regulatorio, Ricardo Gerk, gerente de Banca Comercial de Banco Comafi, aportó su visión desde la perspectiva del sector financiero.
“Veo que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) está fomentando inversiones en el país y son bienvenidas y necesarias, pero obviamente genera el desafío de que esas inversiones en minería se terminen desarrollando de alguna manera. Ahí las pymes son protagonistas y hay que desarrollarlas”, sostuvo Gerk.
Luego hizo hincapié en el RIGI y señaló que, si bien ofrece múltiples beneficios, también plantea desafíos. Explicó que muchas de las compañías que invierten en el país pueden importar con menores aranceles que las firmas locales, lo que obliga a las PyMEs a volverse más competitivas. Al mismo tiempo, destacó que estas inversiones traen consigo nuevas tecnologías y conocimientos que pueden ser aprovechados por las pequeñas y medianas empresas para mejorar sus prácticas. “Estamos en un momento complejo: las tasas son altas, la mora está creciendo y los plazos de pago se extendieron. Por eso necesitamos capital de trabajo para poder financiar esos tiempos más largos”, agregó.
“Lo que vemos en el sector es que hay mucho empleo público en las provincias que se transforma en empleo privado a partir de estas inversiones y desarrollos mineros. Por ende, necesitamos desarrollar y acompañar a las pymes para que acompañen a los inversores”, explicó.
Entre las herramientas que le ofrecen a las pymes se encuentra el leasing, algo que no está del todo desarrollado en el país, según el gerente de Banca Comercial del Comafi. “Nosotros miramos al cliente entero y ver si eso le hace sentido, en esa línea, solemos hacer leasing de camionetas, de máquinas, de líneas de producción, etcétera”, comentó.
En lo que refiere a la cantidad de pymes que se vuelcan al mercado, Gerk dijo: “Las pymes se animan dependiendo de la semana que les toque, sin embargo, cuando se mira el año entero el volumen crece y las compañías financian. Hoy veíamos que las exportaciones del sector minero son de US$5000 millones y se estima que para 2030 sean US$15.000 millones”.
Al igual que Frávega, Gerk hizo mención a otra arista en la que se debe reparar: “Necesitamos un marco normativo claro, porque las inversiones son a largo plazo y la financiación también lo es. Necesitamos reglas claras porque hablamos de 36/60 meses, no es solamente un banco o un mercado de capitales, es todo un ecosistema que tiene que cerrar. Reglas claras para que el inversor entre tranquilo y saber que el producto va a poder ser exportado libremente. Todo eso va a facilitar que la inversión se desarrolle y se derrame en la sociedad”.
Para cerrar, el abogado y ejecutivo dio un mensaje sumamente positivo: “A nosotros nos sorprende la resiliencia, cómo el empresario pyme invierte a veces hasta por pálpito, más allá de que hay un análisis detrás. Son un motor tremendo para el país”.
“Cuando se mira lo que pasó con Vaca Muerta uno trata de hacer una similitud con la minería y ves qué es lo que está pasando, empresarios pyme de distintas provincias que empiezan a desarrollarse y a invertir de poco, tienen un contrato con la minería y se dan vuelta para buscar financiación para esa inversión. No especulan, entonces mi pálpito es buenísimo. Las pymes invierten en el país”, cerró.
Los residuos peligrosos, otra cuestión legal por resolver
Otro tema legal que Frávega puso sobre la mesa fue la gestión de los residuos peligrosos. Señaló que se trata de una problemática transversal, que atraviesa desde una simple estación de servicio hasta los grandes proyectos mineros —aunque con impactos de distinta magnitud—.
“Hoy contamos con una Ley Nacional de Residuos Peligrosos de 1992, previa a la reforma constitucional, que tiene una definición demasiado amplia sobre qué se considera residuo peligroso. Esa mirada termina dificultando el desarrollo de una economía circular. Allí tenemos una deuda pendiente”, advirtió.
También hay una cuestión operativa y legal para gestionarlos y tratarlos, ya que los proyectos mineros suelen estar alejados de los centros de tratamiento que suelen estar en zonas más urbanas. “Hay un tema de costo operativo de ver dónde están los centros de tratamiento que no todas las provincias tienen”, agregó.
Según el socio de Beccar Varela se debe redefinir el concepto de residuo peligroso como también solucionar la cuestión de logística, el traslado, movimiento y gestión de forma tal que no haya normas confusas y obstrucciones.