El gobernador Rolando Figueroa calificó como “muy compleja” la estrategia judicial de Chubut, Mendoza y Santa Cruz y aseguró que su administración se concentrará en resguardar los intereses provinciales.
La presentación de tres provincias petroleras para sumarse como querellantes en la causa judicial por la expropiación de YPF reabrió el debate sobre la participación de los estados subnacionales en el multimillonario litigio. Chubut, Mendoza y Santa Cruz formalizaron esta semana su pedido, mientras que Neuquén, el distrito que concentra la mayor parte del desarrollo de Vaca Muerta, eligió la cautela como estrategia.
Figueroa: “El caso es muy complejo”
Consultado en un acto oficial en la capital neuquina, el gobernador Rolando Figueroa definió como “muy compleja” la trama judicial en Estados Unidos y evitó adelantar una postura definitiva sobre la posible intervención de Neuquén en el proceso. “Nuestra intención es velar por los intereses de la provincia, en eso estamos concentrados”, se limitó a responder el mandatario, tras participar de la entrega de las llaves de la ciudad al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.
El riesgo de ser considerada “responsable solidaria”
En el gobierno neuquino analizan que la presentación de Chubut, Mendoza y Santa Cruz podría tener consecuencias negativas. El principal temor es que, en caso de ejecutarse la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska en 2023 —que ordenó a la Argentina pagar 16.000 millones de dólares—, Neuquén sea alcanzada como “responsable solidaria” debido a su condición de accionista declarada en la ley de nacionalización.
Las dudas sobre la condición de accionistas
Otro de los puntos en discusión es la validez de las provincias como accionistas de YPF. La norma que estatizó la compañía en 2012 les asignó un 49% del paquete expropiado, pero en la práctica ningún distrito ejecutó la compra de esas acciones. Esta situación genera incertidumbre sobre la legitimidad de su eventual rol en el litigio y abre un nuevo frente de debate jurídico.
La estrategia de las provincias querellantes
En su presentación judicial, los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Alfredo Cornejo (Mendoza) objetaron el ingreso del Grupo Petersen como accionista de YPF, operación que luego derivó en la demanda internacional iniciada por el fondo Burford Capital. Según remarcaron, su intención es participar “activamente” en la investigación y resguardar los intereses provinciales frente al millonario juicio.
Un litigio con consecuencias abiertas
La disputa por la expropiación de YPF se mantiene como uno de los mayores conflictos judiciales internacionales de la Argentina. Si bien la sentencia dictada en 2023 continúa apelada en tribunales de Estados Unidos, el fallo de Preska marcó un precedente de alto impacto económico y político. En ese marco, la posición de Neuquén y la eventual incorporación de Río Negro serán claves para definir la solidez política de la estrategia provincial frente al reclamo internacional